Leonardo Cervera Navas, uno de los dos candidatos a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que consiguió que el Supremo anulara el procedimiento de nombramiento iniciado, ha dirigido un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal para que inste al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños a que cumpla su sentencia. Tiene fecha de 17 de junio pasado.
Lo que conllevaría el inicio del procedimiento para la elección del presidente y del adjunto al presidente de la AEPD.
Su recurso solo prosperó porque la Abogacía del Estado se allanó. El del segundo recurrente, Ricard Martínez, fue rechazado porque la Fiscalía pudo informar y defendió el procedimiento.
La directora saliente, Mar España, terminó su mandato en julio de 2019, tras cuatro años al frente de la AEPD; lleva, por lo tanto, casi 5 años con el mandato prolongado, situación que se asemeja a la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Cervera Navas es actualmente secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), puesto que ocupa el polaco, Wojciech Wiewiórowski, quien fue nombrado, en diciembre de 2019, para un mandato de 5 años, que terminará dentro de seis meses.
«Suplico a la Sección» –dice Cervera Navas al Supremo– «que tenga por presentado este escrito, con su copia, y admitiéndolo, se sirva tener por hechas las manifestaciones precedentes, acordando requerir a la Administración recurrida para que, sin más demora, proceda a dar cumplimiento a la Sentencia firme, ordenando, con los apercibimientos legales correspondientes, que se retome el procedimiento iniciado por la Orden JUS/1260/2021, de 17 de noviembre, al momento de hacerse la convocatoria con las dos precisiones indicadas en el Auto, con las precisiones incluidas en el Auto de 14 de septiembre de 2022, con los apercibimientos legales correspondientes al responsable de la ejecución», es decir, al ministro Félix Bolaños.
EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR
Sin embargo, las cosas no están tan claras como plantea el aspirante a la Presidencia de la AEPD. Porque la mencionada sentencia anuló, exclusivamente, el acuerdo del Consejo de Ministros del 22 de febrero de 2022 por el que se comunicó al Congreso de los Diputados la propuesta de candidatos a ocupar la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos, con el argumento de que dicha propuesta no podía ser una terna, como se planteó, sino que tenía que ser un solo candidato para cada puesto.
El recurso que interpuso Cervera Navas el 14 de marzo de 2022, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fue contra la Orden JUS/133/2022, de 26 de febrero, que ordenaba la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero.
No contra la Orden JUS/1260/2021, de 17 de noviembre, por la que se convocaba el proceso, que no ha impugnado.
Al Gobierno le compete, por lo tanto, cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y aprobar un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros en el que se haga una propuesta de un solo candidato para la Presidencia y otro para la Adjuntía a la Presidencia de la AEPD.
Sin embargo, si decide anular todo el procedimiento y empezar de cero, como parece deducirse del escrito de Cervera Navas, dicha decisión también podría ser impugnada por cualquiera de los candidatos (de ambas ternas), porque perjudicaría sus derechos y legítimas expectativas.
Además, anularlo todo sería dejar en manos del PP, de nuevo, el poder de veto de la renovación de los puestos directivos de la AEPD, como ocurre con la renovación del CGPJ.
Porque, sean quienes sean los candidatos, sólo obtendrán la mayoría requerida para su ratificación en el Congreso si hay un acuerdo del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno con el principal grupo parlamentario de la oposición; que era, precisamente, lo que se pretendía con el nuevo proceso selectivo de los cargos de la AEPD: que no fueran nombrados directamente por el Gobierno.
Cabría también otra posibilidad: y es que, apoyándose en el informe sobre las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, el Gobierno modifique el proceso de selección de los cargos de la AEPD, antes de convocarlo de nuevo, a la vista de la redacción confusa y de los numerosos fallos que ha evidenciado.
