En mayo de 2023 la Policía Nacional desarticuló una organización criminal que realizaba ciberataques a las citas de extranjería a través de un ‘bot’. El objetivo era claro, bloquearlas y no dejar fechas libres para, posteriormente, ponerlas a la venta a precios desorbitados a pesar de ser un trámite gratuito.
De modo que los ciudadanos extranjeros interesados en solicitar citas se veían obligados a pagar por este servicio.
Dicho operativo se desarrolló en Madrid, Barcelona y Valencia y se saldó con un centenar de detenidos. El ‘bot’ -que es una aplicación de software automatizada que realiza tareas repetitivas en una red- tenía la capacidad de evitar los mecanismos de seguridad instalados en la página web de la Administración.
Por lo que interrumpían de esta manera el normal acceso a un servicio público gratuito prestado por la Policía Nacional. De modo que la presunta mafia se aprovechaba de las dilatadas listas de espera.
Cuando los compradores pujaban a través de enlaces corruptos para pagar por las peticiones de citas y lograr así los papeles de Extranjería, el ‘bot’ la situaba en una posición prioritaria sobre las demás citas.
Estas citas las vendían a través de locutorios, foros o aplicaciones de mensajería instantánea donde los precios rondaban entre los 30 y los 3.000 euros. La cantidad dependía de la necesidad y la urgencia de cada interesado.
También vendían esas citas a los abogados, por lo que la Policía detuvo tanto a los letrados como a los presuntos ciberdelincuentes. Muchos alegaron ser víctimas del propio hacker.
A los abogados se les atribuía ser cómplices de un delito informático
A los letrados se les atribuía ser cooperadores o cómplices de un delito informático. De modo que más de 15 profesionales jurídicos profesionales afectados acudieron al despacho Ospina Abogados para poder esclarecer los hechos.
Ahora, un año después, tres ya han logrado que se archive la causa contra ellos. El titular del Juzgado de Instrucción Nº4, Marcelino Sexmero Iglesias, ha considerado en el auto con fecha de 12 de junio (844/2024) que ello debe ser así al no estar debidamente justificada la perpetración del delito.
Los letrados defendieron que no sabían que estaban operando con citas corruptas.
Según ha explicado el letrado Juan Gonzalo Ospina, experto en delitos informáticos, «a pesar de que pagaron servicios como alquiler de robot» y estaban contratando un sistema, «desconocían que ello se basara en un ilícito empleo de un programa informático diseñado específicamente para la interferencia del normal funcionamiento del servicio prestado por la administración pública».
Por lo que, al no tener pruebas contra ellos, se ha determinado la absolución de los abogados implicados.
