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Opinión | La conformidad en el proceso judicial: ventajas y peligros
Carlos Berbell aborda en su columna la problemática de las conformidades a las que llega la Fiscalía con los encausados. Foto: Confilegal.
24/6/2024 06:30
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Actualizado: 24/6/2024 08:10
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La conformidad en el proceso judicial español es un mecanismo mediante el cual el acusado acepta los hechos imputados y, en consecuencia, se allana a las penas propuestas por la acusación.
Este procedimiento permite agilizar el proceso judicial, evitando la celebración de un juicio oral completo, lo que a su vez reduce los costes y tiempos asociados a los procesos judiciales.
Sin embargo, a pesar de estas ventajas, la conformidad presenta peligros y desafíos significativos, especialmente en casos con múltiples acusados.
Ventajas de la conformidad
Las principales ventajas de la conformidad son la agilización y simplificación del proceso judicial. Al evitar un juicio completo, se reduce la carga de trabajo para jueces y tribunales, se minimizan los gastos procesales y se acelera la administración de justicia.
Este mecanismo también puede resultar beneficioso para el acusado, quien podría recibir una reducción de la pena en virtud de su cooperación.
Peligros y problemas de la conformidad
A pesar de sus ventajas, la conformidad plantea varios peligros.
Estos se intensifican cuando hay múltiples acusados y algunos de ellos no se conforman.
En tales casos, la conformidad de unos puede influir negativamente en la posición procesal de los que no se conforman, generando situaciones de injusticia y falta de equidad.
Publicidad del proceso
La publicidad del proceso es fundamental para garantizar la transparencia y la justicia. El artículo 7, apartado 5, del Protocolo de Conformidades de 2009 de la Fiscalía General del Estado, junto con la Instrucción 2/2009, establece la obligación de citar a todas las partes implicadas.
No obstante, en la práctica se observa un cierto secretismo en algunos de los procedimientos de conformidad en España, contraviniendo estas normas.
Un caso emblemático es el de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 1ª) en la sentencia núm. 23/2019 de 18 de julio (Banco de Valencia), donde se desoyeron las quejas de los recurrentes sobre la falta de publicidad.
No obstante, este fallo se basó en que no se trataba de una conformidad en sentido estricto, ya que las declaraciones de los conformados habían sido corroboradas externamente.
En el contexto internacional, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso G. Cornelius contra Holanda. Cornelius, un ciudadano holandés, había sido condenado por varios delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Parte de la evidencia presentada en su contra se basó en testimonios de testigos que habían llegado a acuerdos con la Fiscalía. Estos acuerdos no fueron revelados durante el juicio, lo que llevó a Cornelius a argumentar que esto comprometió su derecho a un juicio justo.
Argumentó que su condena fue injusta porque no tuvo conocimiento ni oportunidad de cuestionar los acuerdos entre la Fiscalía y los testigos que testificaron en su contra. Sostuvo que la falta de transparencia en estos acuerdos violaba el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo.
El TEDH falló a su favor. Concluyó que la falta de divulgación de los acuerdos entre la fiscalía y los testigos violaba su derecho a un juicio justo según el artículo 6 del Convenio.
El Tribunal destacó que el derecho a un juicio justo incluye la necesidad de transparencia en las relaciones entre la fiscalía y los testigos de cargo. La posibilidad de cuestionar la credibilidad de los testigos es un componente esencial de un juicio justo.
Necesidad de corroboración externa
La necesidad de corroboración externa es crucial para validar las declaraciones de los conformados. En la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional a Francisco Camps, la 10/2024, se menciona la necesidad de unanimidad entre los acusados para que la conformidad sea válida y se evite la celebración del juicio oral.
Según la sentencia, la unanimidad de los acusados al conformarse con la calificación es esencial para evitar sentencias contradictorias y garantizar que el resultado de la sentencia sea coherente y no dependa únicamente de la conformidad parcial de algunos acusados. Por lo que debe haber, en su defecto, la práctica de pruebas y corroboraciones externas.
El juicio debe, por lo tanto, continuar para todos los acusados, incluso para aquellos que hayan expresado su conformidad, asegurando así que los hechos probados se determinen a través de la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral con observancia de los principios de inmediación, contradicción y publicidad.
Esto significa que, en el caso de una conformidad parcial, ésta no será suficiente para evitar el juicio, ya que la falta de unanimidad diluye la relevancia de las conformidades individuales en el conjunto de la actividad probatoria total, la cual debe ser valorada en conciencia por el tribunal de instancia.
Esta postura también es respaldada por la doctrina del Tribunal Constitucional citada en la sentencia Banco de Valencia 3/2019 de 7 de febrero, que se centró sobre la importancia de la prueba y la corroboración de los procedimientos penales, especialmente cuando se trata de declaraciones de coacusados que se han conformado.
Salvaguardar la posibilidad de contradicción
También es vital preservar la posibilidad de contradicción por parte de las defensas de los no conformados. Surgen dudas sobre si debería mantenerse el derecho a no declarar cuando quien pregunta es el abogado del coacusado incriminado.
Al menos, debería negarse que la declaración del conformado pueda ser utilizada para condenar al coacusado si este se niega a responder a su defensa.
El TEDH, en su sentencia sobre el caso Kaste and Mathisen contra Noruega, por una parte, y el Tribunal Supremo en su sentencia 345/2010, subrayan la importancia de permitir que los no conformados puedan cuestionar las declaraciones de los conformados. Es razonable que los conformados declaren primero y los no conformados después para salvaguardar esta posibilidad de contradicción.
En el Kaste y Mathisen contra Noruega involucró a dos ciudadanos noruegos, Kaste y Mathisen, quienes fueron condenados por delitos relacionados con el narcotráfico. Parte de la evidencia utilizada en su contra incluyó declaraciones de coacusados que habían llegado a acuerdos con la fiscalía.
Estos coacusados no fueron interrogados en el juicio, y sus declaraciones fueron usadas como evidencia crucial para condenar a Kaste y Mathisen. Igual que en el caso anterior, G. Cornelius contra Holanda, el TEDH falló a su favor por existir una vulneración del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El tribunal de Estrasburgo determinó que el uso de las declaraciones de los coacusados, sin permitir que los acusados las cuestionaran en un juicio, comprometió gravemente el derecho a un juicio justo. Resaltaron que el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo es esencial para garantizar la equidad procesal.
Relevancia
La sentencia subraya la importancia de garantizar que los acusados tengan la oportunidad de confrontar y cuestionar a los testigos de cargo.
Casos relevantes recientes
El caso de Imanol Arias
En España el reciente caso de Imanol Arias es un ejemplo claro de las complejidades y controversias en torno a la conformidad en procesos judiciales.
Arias, junto con otros implicados, fue acusado de defraudar a la Hacienda Pública a través de la creación de un entramado societario opaco que le permitía ocultar sus ingresos y pagar menos impuestos.
Este caso formaba parte de una investigación más amplia conocida como el caso Nummaria, que implicaba a varios personajes públicos y celebridades.
Proceso Judicial
Arias llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que implicó reconocer su culpabilidad por los delitos fiscales y aceptar las sanciones correspondientes, lo que le permitió beneficiarse de una reducción de pena.
Sin embargo, el tribunal, en el juicio, no permitió que ni siquiera el fiscal pudiera interrogar al actor, lo cual fue inusual y generó preocupaciones sobre la transparencia y equidad del proceso.
El caso Erial
En contraste, el caso Erial, que involucraba al exministro y expresidente de la Generalitat valentiana, Eduardo Zaplana, muestra cómo los acuerdos de conformidad pueden afectar significativamente el desarrollo del juicio.
El caso Erial se centraba en la supuesta trama de corrupción en la que Zaplana y otros implicados habrían cometido delitos de blanqueo de capitales, cohecho y malversación de fondos públicos. Se acusaba a los involucrados de haber recibido comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.
En este caso, algunos acusados que alcanzaron acuerdos con la Fiscalía pasaron de ser investigados a testigos, proporcionando información incriminatoria contra otros acusados.
Un ejemplo específico es el caso de Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana. El acuerdo con la Fiscalía supuso su colaboración en el esclarecimiento de los hechos a cambio de una consideración más favorable en términos de penas.
Este cambio de rol, de acusado a testigo, fue crucial en la investigación y el desarrollo del juicio. Esta práctica plantea importantes cuestiones sobre la transparencia y la equidad, ya que los testimonios de estos nuevos testigos deben ser rigurosamente interrogados para asegurar su veracidad.
Dicha práctica genera dudas sobre la credibilidad de los testimonios y la posible coacción o incentivos indebidos.
Conclusión
Aunque la conformidad puede agilizar el proceso judicial y ofrecer ciertos beneficios, es fundamental abordar sus peligros y asegurar que se implementen garantías adecuadas.
La publicidad del proceso, la necesidad de corroboración externa y la posibilidad de contradicción son elementos esenciales para mantener la justicia y equidad en el sistema judicial español.
La experiencia de casos recientes resalta la necesidad de mejoras continuas en estos aspectos para evitar situaciones de injusticia y asegurar un proceso judicial transparente y justo.
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