El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado este lunes inmunidad total al expresidente Donald Trump por los «actos oficiales» realizados durante su mandato, pero no a los «no oficiales».
Con esta decisión, la Corte ha anulado la decisión judicial de un tribunal inferior que rechazaba la solicitud de protección del político republicano por los cargos relacionados con sus intentos por subvertir los resultados electorales de 2020 e instigar el asalto al Capitolio.
En una votación de 6 a 3, el tribunal superior sostuvo el lunes que un ex presidente “tiene derecho al menos a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales. No hay inmunidad para actos no oficiales”.
Se trata, sin duda, de un triunfo para el actual candidato republicano a las presidenciales de este año, que lleva tiempo intentando retrasar los numerosos juicios que tiene pendientes.
El fallo del Tribunal Supremo permitirá a Trump, condenado ya por 34 delitos graves, evitar sentarse de nuevo en un banquillo antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
El fallo supone un espaldarazo para Trump, que lo ha calificado como «una gran victoria para la Constitución y la democracia» en plena campaña electoral para hacerse nuevamente con la Presidencia en próximos comicios. «Orgulloso de ser estadounidense», ha proclamado en redes sociales.
Serán los tribunales de distrito quienes decidan si eran actos oficiales o personales
Así, la Justicia estadounidense concede a los tribunales de menor instancia la posibilidad de resolver por su cuenta en qué casos Trump se encontraba en pleno desempeño de sus funciones como presidente y cuándo estos casos eran puramente personales y se escapaban del oficialismo –y por tanto no quedan protegidos por esta inmunidad parcial–.
Esta decisión dificulta que sea juzgado en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el que murieron cinco personas –uno de ellos un agente de Policía– y otras 14 resultaron heridas.
En todo caso, serán los tribunales inferiores probablemente ahora tendrán que trazar los límites entre los actos personales y oficiales de un presidente, reduciendo la probabilidad de cualquier veredicto antes de las elecciones de noviembre .
