El Tribunal Constitucional (TC) estudiará a partir de este martes una ponencia que propone perdonar toda la malversación por la que se condenó al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
Fuentes jurídicas confirman a Europa Press que la ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, plantea anular la sentencia y ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva.
Las mismas fuentes apuntan que lo previsible es que la mayoría de izquierdas del tribunal, tal y como ya ha hecho con las ponencias anteriores relativas a los ERE, avale el criterio de Montalbán.
En el orden del día del Pleno de esta semana figura el caso de Griñán, que fue condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, aunque su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece.
El Constitucional abordará el recurso del expresidente andaluz después de haberse pronunciado sobre los de otros siete condenados por el ‘caso de los ERE’.
‘De momento, las sentencias del tribunal de garantías han supuesto la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo –que ya gozaba del tercer grado penitenciario–, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Según las mismas fuentes, respecto al delito de prevaricación, el borrador de la sentencia relativa a Griñán insiste –como ya sostuvo el Constitucional respecto al resto de casos– en que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de este delito.
CHAVES PODRÍA VER REBAJADA SU PREVARICACIÓN
Bajo esta misma premisa, está previsto que el tribunal aborde también el recurso del antecesor de Griñán, el expresidente andaluz Manuel Chaves, quien fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el mismo procedimiento de los ERE.
Las fuentes consultadas señalan que en su caso el borrador de la sentencia propone anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva que se limite a la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001.
En las últimas semanas, el Constitucional ha explicado en sus resoluciones relativas a los ERE las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las relativas al periodo 2002 y 2009. A diferencia de las del primer tramo, las últimas contaron con el paragua legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía.
Esta interpretación se traduce en una eventual rebaja de las penas, que tendrán que ser acordadas por la Audiencia de Sevilla al limitarse a condenar los hechos relativos a 2000 y 2001.
El tribunal ya dijo en la sentencia relativa a la exconsejera de Economía andaluza Magdalena Álvarez que el proyecto de ley –mientras es proyecto– no puede someterse a un juicio de legalidad y una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad.
Así las cosas, como el Constitucional no llegó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma porque no se recurrió ante el tribunal de garantías se presume su legalidad y ampara las actuaciones de quienes actuaron bajo su paraguas.
Está previsto que esta semana el tribunal aborde también los casos del exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez Contreras; el exvicepresidente y exconsejero de Presidencia de Andalucía Gaspar Zarrías Arévalo; y el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano Peña.
