El Tribunal Constitucional (TC) estudiará hoy la petición del PP de apartar a dos magistradas de la deliberación sobre los recursos que presentaron los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros tres excargos condenados por el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
Según ha informado la corte de garantías, ya se ha añadido al orden del día la recusación planteada por los ‘populares’ contra la vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán y la magistrada María Luisa Balaguer.
Desde el tribunal han precisado que la petición del PP se abordará antes de que comiencen a estudiar los recursos de amparo de Chaves, de Griñán, del exdirector general de Trabajo Juan Márquez Contreras; del exvicepresidente y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías Arévalo; y del exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña.
Fue el pasado jueves cuando el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, anunció que su partido reclamaría la abstención de tres magistrados.
Dijo que solicitaría al presidente del TC que se apartase para «garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC», tal y como ya hizo cuando era magistrado del Supremo porque siendo fiscal general participó en la tramitación del asunto.
En el caso de Montalbán, el dirigente del PP alegó que como presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había sido ponente o participado en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE.
Sobre Balaguer, Bendodo indicó que había sido consejera del Consejo Consultivo de Andalucía del 2012 al 2014, ponente en 28 dictámenes que abarcaban, prácticamente, toda la casuística de los ERE.
Está previsto que este mismo martes, antes de empezar a resolver sobre los recursos pendientes de los ERE, el Constitucional resuelva si admite o no las recusaciones planteadas.
EL RECURSO DE GRIÑÁN
Cabe recordar que ya estaba previsto que a partir de este martes el TC estudiase la ponencia que propone perdonar toda la malversación por la que se condenó a Griñán a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, aunque su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece. Fuentes jurídicas confirman a Europa Press que la ponencia plantea anular la sentencia y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva.
El Constitucional abordará el recurso después de haberse pronunciado sobre otros siete.
De momento, sus sentencias han supuesto la libertad de cinco ex altos cargos de la Junta: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo –que ya gozaba del tercer grado penitenciario–; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exconsejero de Empleo Antonio Rodríguez; y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
Según las mismas fuentes, respecto al delito de prevaricación, el borrador de la sentencia relativa a Griñán insiste –como ya sostuvo el Constitucional respecto al resto de casos– en que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de este delito.
Y EL CASO DE CHAVES
Bajo esta misma premisa, está previsto que el tribunal aborde también el recurso del antecesor de Griñán, el expresidente andaluz Manuel Chaves, quien fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el mismo procedimiento de los ERE.
Las fuentes consultadas señalan que en su caso el borrador de la sentencia propone anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva que se limite a la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001.
En las últimas semanas, el Constitucional ha explicado en sus resoluciones relativas a los ERE las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las relativas al periodo 2002 y 2009.
A diferencia de las del primer tramo, las últimas contaron con el paraguas legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía.
Esta interpretación se traduce en una eventual rebaja de las penas, que tendrán que ser acordadas por la Audiencia de Sevilla al limitarse a condenar los hechos relativos a 2000 y 2001.
El tribunal ya dijo en la sentencia relativa a la exconsejera de Economía andaluza Magdalena Álvarez que el proyecto de ley –mientras es proyecto– no puede someterse a un juicio de legalidad y una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad.
Así las cosas, como el Constitucional no llegó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma porque no se recurrió ante el tribunal de garantías se presume su legalidad y ampara las actuaciones de quienes actuaron bajo su paraguas.
