La implementación de la nueva Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), afectará a unas 5.500 en España y 50.000 empresas en Europa, una en comparación con las 11,600 compañías anteriormente sujetas a la normativa previa en Europa.
Este cambio implica que el número de empresas obligadas a reportar información sobre sostenibilidad se multiplicará por más de cuatro.
La Directiva fue aprobada el 14 de diciembre de 2022 por la Unión Europea. Se publicó oficialmente en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de diciembre de 2022.
La cuenta atrás para su transposición a las legislaciones nacionales de los Estados miembros comenzó con esta publicación, estableciendo el 6 de julio de 2024 como la fecha límite para que todos los Estados miembros completen la transposición
En mayo de 2023, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, presentó un anteproyecto de ley para adaptar la CSRD al marco legal español.
La consecuencia directa de su próxima implementación supondrá una presión significativa sobre los directores financieros (CFO), que ahora deberán asumir nuevas responsabilidades relacionadas con la divulgación de información sobre sostenibilidad.
Sin embargo, un gran número de CFOs en España no está preparado para adaptarse a los numerosos y exigentes requisitos de la nueva Directiva CSRD, según Marta Piedrafita, CEO de osapiens Iberia.
RETOS PARA LOS CFO
La CSRD introduce el concepto de doble materialidad, que obliga a las empresas a informar no solo sobre cómo los temas ESG (medio ambiente, social y gobernanza, en español, un término que se utiliza para describir los tres factores centrales en la medición de la sostenibilidad) afectan sus finanzas, sino también a divulgar información detallada sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza.
Esto incluye informar sobre emisiones de gases de efecto invernadero, uso de recursos naturales, condiciones laborales, derechos humanos, diversidad e inclusión, y estructura de gobierno, entre otros aspectos.
Según Piedrafita, aunque los CFOs ya lideran ciertos aspectos de información y financiación sostenible, la nueva normativa plantea un desafío considerable al exigir la integración real de la sostenibilidad dentro de la estrategia empresarial.
La capacidad de los CFOs para adaptarse se medirá por su habilidad para integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio, adaptar procesos, participar en comités de dirección y asegurar la consistencia e integridad del proceso de información.
Un reto adicional es la centralización y gestión de una gran cantidad de datos cualitativos y cuantitativos, que actualmente no están centralizados en muchas empresas.
Lo que va a obligar a las compañías a aumentar la transparencia y la responsabilidad con sus grupos de interés, ampliando la información en materia de sostenibilidad a través del análisis, la evaluación comparativa y la verificación.
Los informes deberán cumplir con estándares estrictos y estar listos para auditorías externas. Además, será necesario realizar evaluaciones de doble materialidad y coordinar con múltiples partes interesadas para recopilar y validar la información ESG.
Adoptar soluciones tecnológicas avanzadas será esencial para cumplir con la normativa de manera eficiente. «Nuestra plataforma tecnológica osapiens HUB para CSRD centraliza y gestiona eficientemente los datos ESG, facilitando la sincronización de datos en tiempo real y la consolidación automática,» explica Piedrafita.
IMPLEMENTACIÓN EN CUATRO FASES
La Directiva tiene un reglamento asociado para su implementación en cuatro fases:
1.- Las empresas ya sujetas a la Directiva sobre divulgación de información no financiera deberán presentar en 2025 información sobre el ejercicio 2024;
2.- Las grandes empresas no sujetas actualmente a la Directiva sobre divulgación de información no financiera deberán presentar en 2026 información sobre el ejercicio 2025;
3.- Las pymes cotizadas, excepto las microempresas, las entidades de crédito pequeñas y no complejas y las empresas de seguros cautivas deberán presentar en 2027 información sobre el ejercicio 2026;
4.- Las empresas de terceros países cuyo volumen de negocios neto en la UE supere los 150 millones de euros y que tengan al menos una filial o sucursal en la UE que supere determinados umbrales deberán presentar en 2029 información sobre el ejercicio 2028.
