El exministro de Industria Miguel Sebastián ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a 18 años de cárcel al expresidente de BBVA Francisco González por los presuntos encargos ilegales que habría encomendado al comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien solicita 20 años de prisión.
En su escrito de acusación, Sebastián solicita de igual forma una sentencia condenatoria para el que fuera jefe de Seguridad de la entidad Julio Corrochano; el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y el exCEO del banco Ángel Cano.
De igual forma, solicita que BBVA abone 260.000 euros como responsable civil subsidiario.
«La conducta delictiva fue realizada por quienes ostentaban los cargos de presidente del BBVA (señor González), de director de Recursos Humanos (señor Cano), y de jefe de Seguridad del banco (señor Corrochano).
Todos ellos ocupaban puestos directivos en el seno de la persona jurídica, por lo que estaban autorizados para tomar decisiones en nombre del BBVA», sostiene.
El exministro considera que el «banco asumió con naturalidad que se excepcionase su normativa interna para dar encaje a la contratación ilegal realizada por los mencionados directivos».
Esto evidencia que «no existió, por parte del BBVA, compromiso alguno, no ya para evitar el delito sino para cumplir y verificar mínimamente la observancia de sus normas internas, aún a sabiendas de las responsabilidades, incluida la civil, que pudiesen derivarse de todo ello».
«De hecho, nunca se preocupó por averiguar la condición de policía en activo de Villarejo ni su compatibilidad para ejercer una actividad privada absolutamente incompatible con la función policial», concluye.
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
Por su parte, el que fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) Carlos Arenillas ha solicitado 10 años de cárcel para González, Corrochano y Peña por delitos de cohecho activo y revelación de secretos.
Para Villarejo, además, pide 13 años de cárcel y para Redondo 10 años por los mismos delitos.
En su caso, Arenillas solo pide que el BBVA sea condenado como responsable civil en el caso en el que los acusados no le indemnicen con 180.000 euros.
Y todo ello, detalla en su escrito, porque considera probado que el BBVA contrató «a un policía en activo para que interviniese las comunicaciones de varios ciudadanos». «
Esto fue, exactamente, lo que hizo Villarejo y lo hizo porque el banco, expresamente, lo exigió», añade.
Según recoge su escrito de acusación, «durante más de doce años el BBVA tuvo a su disposición a un policía en activo para espiar impunemente a deudores, competidores, periodistas, empresarios, abogados, políticos y, en general, cualquier ciudadano que, en ese momento, fuese de su interés».
«OSCURAS Y ESPURIAS MANIOBRAS» Del BBVA
Por otro lado, el abogado Ángel María Garay solicita a la Audiencia Nacional que condene al expresidente de la entidad, a Corrochano y a Cano a 23 años de cárcel por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
De igual forma, insta a que se imponga una pena de 14 años de prisión a Villarejo y a Redondo y de 20 años para el exjefe de Control Interno de BBVA Eduardo Arbizu y el actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega.
Asimismo, pide condenar a 12 años de cárcel al que fuera comisario general de la policía judicial José Santiago Sánchez Aparicio y al que fuera jefe de la UDEF Manuel Vázquez.
Además, solicita que se condene a BBVA a multa de cinco años por el delito de cohecho y a multa de dos años por descubrimiento y revelación de secretos.
En su escrito, Garay alerta de que «la deriva» que inició el BBVA «hacia el uso de medios ilegales para conseguir sus objetivos» se inició cuando González consiguió «desembarazarse, con oscuras y espurias maniobras, de los altos directivos, altamente cualificados en el sector bancario».
Fue entonces, sostiene, cuando la entidad y CENYT, la empresa de Villarejo, plasmaron una serie de «acuerdos delictivos».
