El Tribunal Supremo (TS) ha limitado el análisis que la Guardia Civil debe efectuar de toda la información incautada al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el registro de su despacho, de modo que solo se podrá examinar lo que guarde relación con la causa y entre el 8 y 14 de marzo.
«Limitado el análisis pericial del material intervenido a los hechos y personas objeto de investigación, queda acotado a las fechas que abarcan del día 8 al 14 de marzo de 2024, ambos días inclusive», dice el instructor del caso, el magistrado Ángel Luis Hurtado, en su resolución.
Cabe recordar que, al ordenar el registro, tanto en el despacho de García Ortiz como en el de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez –también investigada–, el magistrado autorizó a hacer copia íntegra de la información contenida en sus dispositivos y correos electrónicos.
Entonces, el instructor ya fijó dos límites: uno sustantivo, que la información incautada guardara relación con los hechos investigados; y otro temporal, desde el 8 de marzo hasta ese 30 de octubre. No obstante, este último solo lo fijó respecto a los correos electrónicos de García Ortiz y Rodríguez.
Según fuentes de la investigación, el registro en el despacho de García Ortiz –que duró más de diez horas– se saldó con el volcado completo del contenido de sus dos teléfonos móviles (el oficial y el personal), un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y múltiples USB.
Precisamente, ante la ingente cantidad de información requisada y su carácter altamente sensible, que en algunos casos afecta a la seguridad nacional, el fiscal general del Estado se ha puesto en contacto estos días con todos los fiscales jefe y los fiscales de sala de áreas especializadas para trasladarles su preocupación y poner en su conocimiento esta situación, según confirman fuentes fiscales a Europa Press.
LA DECLARACIÓN DE SALTO
El Tribunal Supremo ha limitado la investigación de la Guardia Civil a dos fechas claves en el caso contra García Ortiz y Rodríguez por la presunta revelación de secretos hacia Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Según el auto del TS, el fiscal del caso, Julián Salto, fue informado el 8 de marzo que González Amador era investigado por delitos fiscales, y el 14 de marzo, una nota de prensa detalló la comunicación entre Salto y el abogado de González para un posible acuerdo.
La causa, que alcanzó al Supremo, se centra ahora en filtraciones previas de esos correos a la prensa, descartando delito en la emisión de la nota de prensa.
