La conocida asociación Hazte Oír ha solicitado ante el Tribunal Supremo personarse como acusación popular en el caso contra Álvaro García Ortiz. Una solicitud, presentada este 16 de enero, que llega apenas una semana después de que el PSOE presentase una proposición de ley para limitar esta figura.
La causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, prosigue su proceso en el Tribunal Supremo. Y es que la presunta filtración entorno a la figura de la pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a los tribunales, siendo el FGE el principal señalado ante esta cuestión.
Un señalamiento en el que, ahora, quiere personarse la asociación Hazte Oír. Así pues, tal y como ha podido saber Confilegal, la asociación solicitó este pasado jueves, 16 de enero, su personación como acusación popular ante el Supremo, habiendo tres días para interponer recurso de reposición.
Solicitud que llega apenas una semana después de que el PSOE registrase una proposición de ley para limitar esta figura, que se encuentra en el articulo 125 de la CE.
Álvaro García Ortiz declarará el próximo 29 de enero
Una causa en la que Álvaro García Ortiz declarará como imputado ante el juez instructor del alto tribunal, Ángel Hurtado, el próximo 29 de enero, al considerarse apuntalados los indicios delictivos contra él. En especial tras conocerse los informes de la Unidad Central Operativa (UCO).
Declaración que tendrá lugar justo un día después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estudie el recurso presentado hace un año por APIF contra García Ortiz por su nombramiento. Entendían que no era idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones asignadas por sus actuaciones desde que fue elegido en 2022.
Esta asociación consideró que el hecho de haber sido condenado por el Supremo por desviación de poder como autoridad ha dejado de ser jurista de reconocido prestigio, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 29 y, por lo tanto, «el nombramiento no es conforme a ley».
