
María Jesús del Barco, presidenta de la APM, Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, Edmundo Rodríguez Achútegui, JJpD, y Fernando Portillo, presidente de la Gestora de FJI. Fotos: Confilegal.
APM, AJFV y FJI, críticas con el Anteproyecto de Ley; JJpD, lo ve positivo
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22/1/2025 05:40
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Actualizado: 22/1/2025 02:18
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Tres de las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)– se han mostrado muy críticas con el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No así, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), que considera positiva la iniciativa aprobada ayer por el Consejo de Ministros.
Las cuatro asociaciones, juntas, representan a 3.139 jueces y magistrados de los 5.416 jueces y magistrados en activo; el 58 % del total. La APM cuenta con 1.412 afiliados; la AJFV, con 933 miembros; JJpD, con 436 afiliados; y FJI, con 342. Su opinión, por lo tanto, tiene peso.
Las tres primeras se muestran en desacuerdo con asimilar a los cerca de 1.000 jueces sustitutos, a los que, entienden, que el Gobierno quiere asimilar dentro de la carrera judicial a través de un examen por el cuarto turno no es aceptable. «Nos quieren meter a los jueces sustitutos con calzador para cumplir con el proceso de estabilización que planean», afirma la presidenta de la APM, María Jesús del Barco.
Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, se opone» a la implantación de cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pudiera poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad, y entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos que obvie el nivel de exigencia actualmente existente en los métodos actuales de ingreso a la carrera judicial, lo que correlativamente supondría un perjuicio irreparable para los miles de opositores».
Fernando Portillo, presidente de la Comisión Gestora de FJI, también se muestra en contra de los planes del Gobierno de «asimilar a jueces sustitutos a jueces de carrera, a través de un cuarto turno ‘especial’. Las consecuencias para la carrera judicial serían muy graves. Porque se está hablando de meter a un 20 % de persona como jueces, por la puerta de atrás».
JJpD no se ha pronunciado sobre este aspecto del Anteproyecto.
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE OPOSICIONES
No así, por lo que respecta al sistema de oposiciones. “Reformar los ejercicios de acceso por turno libre a judicatura para que al menos uno sea práctico y no exclusivamente teórico es un acierto que supone limitar la oposición memorística y volver al sistema previo, que nunca debió abandonarse”, entiende Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de JJpD.
No piensa lo mismo, Del Barco, que critica el Anteproyecto de Ley que contiene esta modificación porque «constituye un ataque directo al sistema de oposiciones, que es el mecanismo más plural, democrático y meritocrático para acceder a la judicatura. Cualquier ciudadano puede presentarse, sin importar su origen o condición, siempre que demuestre que está preparado».
En esa misma línea se pronuncia Oliva: «Este Anteproyecto de ley lo que viene a constatar es la desconfianza que el poder ejecutivo tiene respecto de los jueces».
Portillo, de FJI, subraya que, para ellos, «sustituir un examen oral por otro escrito nunca ha sido un problema para la preparación de los jueces. Pero aquí se olvida que los opositores que consiguen aprobar luego se pasan un año formándose en la Escuela Judicial, adquiriendo aquellas habilidades para ser buenos jueces y que luego se pasan otro año de prácticas. La formación que reciben es de primer nivel. La memoria no lo es todo«.
PREPARACIÓN DE OPOSITORES Y BECAS
Las asociaciones de jueces coinciden sobre las becas. Rodríguez Achútegui pone en valor que se haya decidido «elevar a rango legal el régimen de concesión de becas para estudiar judicatura con una asignación digna, equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de larga duración y compatible con otras becas».
Del Barco, aunque ve pertinente que se refuercen las becas, se pregunta si el SMI realmente servirá para incentivar o tendrá un efecto inverso. Portillo, por su parte, celebra que «se blinde por ley el sistema de becas para familias verdaderamente desfavorecidas», aunque recuerda que este mismo martes el CGPJ informó que la nueva promoción de jueces está compuesta en un 67% por mujeres y que un 34% procede de familias cuyos progenitores no tienen estudios superiores.
COMISIÓN ÉTICA DEL CGPJ
Las reformas propuestas para modificar la Comisión de Ética Judicial del CGPJ también generan discrepancias. Del Barco considera que son una «barbaridad», mientras que JJpD las ve «acertadas».
Portillo discrepa con Rodríguez Achútegui. «La Comisión de Ética Judicial está formada por 5 miembros, 5 magistrados que son elegidos por voto secreto y directo por la carrera judicial. Sumar 4 miembros más elegidos por el Parlamento, entre catedráticos de ética, filosofía del derecho o filosofía moral, supone una intromisión política de primer orden», subraya.
Con respecto a la prohibición de financiación privada de las asociaciones de jueces, Del Barco opina que el Ejecutivo «está haciendo pura demagogia. Vivimos de las cuotas de nuestros afiliados y de la subvención del CGPJ. No actuamos, en absoluto, con oscurantismo, que es lo que se pretende transmitir».
ELECCIONES A SALAS DE GOBIERNO
Por otra parte, la presidenta de la APM también ha calificado como «inadmisible» la reforma que el Anteproyecto plantea para las Salas de Gobierno de los tribunales. Y acusa al Ejecutivo de querer intervenir en la independencia de estas instancias, fundamentales para la organización y el funcionamiento de la judicatura.
El Anteproyecto de Ley propone una modificación en el sistema de elección de los miembros de las Salas de Gobierno, limitando el número de votos que los jueces pueden emitir.
Según Del Barco, este cambio tiene como objetivo «dispersar el voto» y evitar que las asociaciones judiciales mayoritarias, como la APM, puedan obtener representación significativa. “Es una maniobra diseñada para diluir la voz de los jueces y, con ello, debilitar su capacidad de autogobierno”, asegura.
Actualmente, los jueces pueden votar a tantos candidatos como plazas estén disponibles, lo que permite que los más votados accedan al cargo. La reforma, sin embargo, limitaría esta posibilidad, obligando a emitir un solo voto por elector, lo que, según Del Barco, fragmenta intencionadamente los resultados.
Para Del Barco, esta reforma supone un ataque directo a la independencia judicial. “Las Salas de Gobierno son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de los tribunales, y su composición debe ser decidida exclusivamente por los propios jueces. Cualquier interferencia externa, por mínima que sea, pone en peligro esta independencia”, afirma.
Un punto de vista que comparte Portillo.
EL PUNTO DE VISTA DE LAS ASOCIACIONES DE FISCALES
El Anteproyecto de Ley del Gobierno ha generado también un intenso debate entre las asociaciones de fiscales sobre el sistema de acceso a la carrera. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), defiende el modelo actual basado en oposiciones por turno libre y ejercicios orales, destacando que garantiza igualdad de oportunidades y mérito. Además, subraya la importancia de la formación práctica posterior en el Centro de Estudios Jurídicos, donde los aspirantes aplican lo aprendido.
Sobre la asimilación de los fiscales sustitutos, Dexeus apuesta por una carrera paralela de adjuntos al fiscal con su propio escalafón y su estabilidad, una solución parecida a la encontrada en Italia para sus jueces sustitutos llamados allí jueces honorarios.
Félix Martín, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), considera que el sistema de oposiciones debe evolucionar hacia métodos que fomenten el razonamiento y la argumentación, dejando atrás el enfoque excesivamente memorístico. Para Martín, modernizar el proceso es clave para responder a las demandas de una sociedad cambiante.
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallares critica la reforma y sostiene que el sistema actual funciona bien. Según Pallares, no hay un problema real que justifique cambios tan profundos y advierte del riesgo de desestabilizar un modelo consolidado.
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