Opinión | CDL: Renovables, puñaladas traperas y arbitraje londinense en el caso Collins contra Wind Energy (I)

Josep Gálvez, abogado español y «barrister» en la «chambers» de 4-5 Gray’s Inn Square de Londres, relata el reciente caso de Collins contra Wind Energy. Foto: JG.

28 / 01 / 2025 05:40

Actualizado el 28 / 01 / 2025 07:58

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Si uno camina por los pasillos de los ‘Royal Courts of Justice’, en el corazón de Londres, tiene la impresión de que la solemnidad de siglos pasados sigue viva.

Entre arcos neogóticos y vitrales que tiñen de luz tamizada las estancias, parece que el tiempo se ha quedado dormido. Pero, ¡ojo!, tras la piel de mármol y la pompa, se libra la batalla más prosaica y feroz: la del dinero.

Porque aquí, en estas salas de solemnidad teatral, lo que realmente cuenta es el vil metal, la pasta, el parné.

El caso que hoy nos ocupa, decidido hace unos días por la ‘High Court’, es un doloroso recordatorio de lo importante que es tener los ojos bien abiertos.

Porque en el momento en que las cosas se ponen feas, siempre hay quien prefiere esfumarse por la tangente, dejándonos en la estacada.

Y es que, como cantaban aquellas poetisas del pop ochentero, Objetivo Birmania: “Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos”.

Pues resulta que ni los amigos de uno mismo son siempre de fiar.

Que se lo digan, si no, a la señora Collins y a sus socios, los protagonistas de nuestra historia de esta semana.

UN FANTÁSTICO PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE MALDITO

Todo comienza, como tantas historias que acaban mal, con una gran idea: un maravilloso proyecto conjunto para desarrollar energía renovable en Tailandia.

Por un lado está Emma Louise Collins y sus socios. Y por el otro, la compañía Wind Energy Holding Company Ltd.

Para asegurarse tranquilidad y evitar sobresaltos, las partes firmaron un contrato bautizado como ‘Letter of Indemnity’ o “LOI”.

Según este acuerdo, la empresa se comprometía a cubrir los costes legales de Collins y sus socios en caso de litigios relacionados con sus operaciones conjuntas en el país asiático.

Por si las cosas se torcían y eran ellos mismos los que entraban en disputa, acordaron que cualquier controversia se resolvería mediante arbitraje en Londres bajo las reglas de la London Court of International Arbitration, con el derecho inglés como marco regulador.

Hasta aquí, todo iba como la seda.

Pero claro, no hay gran empresa que no termine pisando el barro, y este caso no fue la excepción.

Un empresario tailandés, respaldado por otras empresas, acusó a Collins y sus socios de fraude y otras lindezas semejantes, abriendo el infierno en el paraíso asiático.

El pleito, interpuesto ante los tribunales de Tailandia, no tardó en hacerse un lugar entre las prioridades de los involucrados.

Collins y los suyos, confiados en la eficacia de la LOI, intentaron activarla para cubrir sus costes legales en este pollo ya con un sabor más agrio que dulce .

Pero lo que llegó de Wind Energy no fue un cheque, sino un ¡Zas, en toda la boca!

Desde la compañía alegaron que la LOI, o bien no era válida, o no era aplicable en las circunstancias específicas del litigio tailandés.

Y que hasta luego, Lucas.

Lógicamente, la noticia dejó a Collins y sus socios con cara de poema etrusco.

Al drama legal en Tailandia, se sumaba ahora la puñalada trapera de quien debía ser su aliado contractual.

Y así, el caos tailandés cruzó fronteras y aterrizó en Londres, donde comenzó un arbitraje que haría historia.

UN ESCENARIO PROCESAL DRAMÁTICO

En efecto, viendo el percal que se avecinaba, Collins y sus socios no tardaron en iniciar el arbitraje ante la London Court of International Arbitration, argumentando que la compañía había incumplido sus compromisos para soltar la guita.

Según ellos, el acuerdo era claro: Wind Energy debía cubrir los costes legales que, en ese momento, necesitaban desesperadamente para defenderse en Tailandia.

Alegaron que la negativa de la compañía no era más que una estrategia deliberada para debilitarlos económicamente y asegurar un resultado adverso en el litigio tailandés.

Por su parte, Wind Energy se defendió con uñas y dientes, cuestionando la validez de la LOI.

Para ello, alegaron que el acuerdo carecía de contraprestación, un elemento esencial para que un contrato sea válido bajo el derecho inglés.

Además, afirmaron que la LOI no había sido debidamente autorizada por sus órganos de gobierno y que no era aplicable al pleito en Tailandia.

Para rematar, presentaron una demanda reconvencional, reclamando a Collins y a sus socios el reembolso de ciertos gastos que habían adelantado anteriormente, con sus intereses y costas.

Pero los peores problemas aún estaban por llegar.

El arbitraje se complicó aún más cuando el tribunal tailandés, en una medida drástica, embargó los activos de Collins y sus socios quienes vieron horrorizados que ya no disponían de dinero.

Esta decisión, tomada para proteger los intereses de las partes en el litigio tailandés, tuvo un efecto devastador ya que dejó a los demandantes sin recursos financieros para contratar abogados o cubrir sus costes en el arbitraje londinense.

Pese a las peticiones desesperadas de Collins, quien solicitó prórrogas y ajustes en el calendario arbitral, la árbitro nombrada para el caso, Lucy Greenwood, decidió que el proceso debía continuar sin mayores retrasos y que venga, que ya se está haciendo tarde.

Las peticiones de los demandantes, aunque comprensibles, no estaban debidamente justificadas. El arbitraje, según Greenwood, no podía ser rehén de las particulares dificultades financieras de una de las partes.

ALTA TENSIÓN ARBITRAL Y UN LAUDO DE INFARTO

El arbitraje avanzó bajo estas circunstancias que cada vez ser volvieron más dramáticas.

El arbitraje pronto se convirtió en un campo de batalla procesal, con los demandantes yendo de un lado a otro en un intento por ganar tiempo como fuera.

Y a cada solicitud de prórroga era respondida con escepticismo por parte de Wind Energy, que argumentaba que los retrasos sólo buscaban obstaculizar el proceso y evitar una resolución definitiva del caso, a modo de tácticas de guerrilla, diseñadas para frustrar el arbitraje.

Collins y sus socios, en un último intento por salvar su caso, presentaron pruebas adicionales y testificales fuera de plazo, alegando que las circunstancias excepcionales lo justificaban.

Greenwood, aunque aceptó algunos documentos como un gesto de cortesía, rechazó muchos otros para preservar la integridad del proceso arbitral.

El derrumbe del caso para Collins fue inevitable, quien presentó nuevas alegaciones que iban desde la incapacidad financiera por el embargo hasta problemas de salud mental.

Según un informe médico presentado, Collins habría sufrido nada menos que un “colapso emocional” poco antes de una audiencia clave, lo que dificultaba su participación en el arbitraje.

Sin embargo, la árbitro resolvió que esta información había sido presentada en el último momento ante la audiencia y que no se había solicitado una prórroga formal basada en dichas circunstancias.

Sin representación legal y con una estrategia procesal caótica, Collins y sus socios finalmente desistieron de su reclamación contra Wind Energy, siguiéndose únicamente por la demanda reconvencional.

Sin embargo, en un giro inesperado, los demandantes intentaron reabrir el caso poco después, alegando la aparición de nuevas circunstancias.

Pero la árbitro Greenwood, en una de sus decisiones más polémicas, denegó la solicitud de Collins, argumentando que afectaría a la integridad del proceso arbitral, perjudicando a Wind Energy, que ya había ajustado su defensa tras el desistimiento.

Así, poco tiempo después, uno de los arbitrajes más accidentados que se recuerdan en Londres terminaría con un controvertidísimo laudo que, a su vez, acabaría ante los tribunales de Su Graciosa Majestad.

Pero esto, mucho me temo, ya lo veremos la semana que viene.

Hasta entonces, mis queridos anglófilos.

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