El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha cerrado filas con su homónimo del Colegio de Barcelona, Jesús M. Sánchez, en el contencioso que el ICAB mantiene con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la imposición de una multa de 400.000 euros al haber elaborado unos criterios orientativos sobre la imposición de costas.
«Los honorarios al cliente y la tasación de costas no son lo mismo», ha declarado hoy Ribón, en el marco de la firma un convenio de colaboración del Colegio con la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), que preside Xavier Gil Pecharromán.
«Compartimos absolutamente el criterio del ICAB. Ha habido una modificación normativa, nada menos que con la Ley del Derecho de Defensa –aprobada recientemente por el Parlamento– que habilita a los colegios profesionales para elaborar estos criterios. Su finalidad no es beneficiar a los abogados, sino aportar transparencia a los ciudadanos», ha señalado Ribón.
El decano del ICAM ha subrayado que «estos baremos permiten a los ciudadanos comprender los costes potenciales de un litigio, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas sobre si iniciar o no un procedimiento judicial».
«Si alguien no sabe que, en caso de desestimación de una demanda de nulidad hipotecaria, el pleito le puede costar 3.700 euros, pero que si gana puede recuperar 15.000, es que no tiene elementos suficientes para evaluar el riesgo y el beneficio de la acción. Para tomar una decisión final», ha aclarado.
Ribón ha advertido que decisiones como esta de la CNMC –recurrida en la vía contencioso-administrativa por el ICAB– pueden debilitar la seguridad jurídica y generar incertidumbre en los ciudadanos.
«Uno de los mayores problemas que enfrenta España es, precisamente, la demolición de la certidumbre y la seguridad jurídica. Los ciudadanos deben saber con claridad cuál es el marco normativo y cuánto puede costar un procedimiento judicial», ha afirmado.
«Si el objetivo de la competencia es la protección del consumidor, y los propios consumidores están reclamando mayor transparencia, algo no encaja en la lógica de esta sanción», ha señalado.
Ha finalizado apostando por un diálogo con la CNMC para clarificar el marco normativo y evitar que este tipo de resoluciones perjudiquen a los ciudadanos, limitando su acceso a información clave sobre los costes de la justicia. «Lo razonable es abrir un cauce de diálogo y garantizar un marco de seguridad jurídica claro y transparente», ha precisado.
VOTO TELEMÁTICO
Eugenio Ribón, por otra parte, ha anunciado que está explorando la introducción del voto telemático en sus próximos procesos electorales y de toma de decisiones, pero lo hará con todas las garantías necesarias para asegurar la trazabilidad y fiabilidad del sistema.
Para ello, ha solicitado varios informes a consultoras especializadas para evaluar la viabilidad técnica del sistema.
«Hemos solicitado varios informes técnicos a diferentes consultoras para analizar qué soluciones pueden ser factibles. Aún estamos a la espera de una auditoría técnica que nos ayude a definir la mejor opción», ha señalado Ribón.
Además de los estudios técnicos nacionales, el ICAM ha recibido informes de otros países, como Alemania, donde han surgido algunas dudas sobre la trazabilidad del voto en sistemas similares.
«Uno de los informes recibidos proviene de Alemania y plantea ciertas incertidumbres sobre la trazabilidad del voto, algo que debemos estudiar con detenimiento antes de implantarlo», ha explicado.
Ribón ha insistido en que la introducción del voto telemático no se llevará a cabo sin asegurar todas las garantías necesarias para evitar vulnerabilidades en el proceso.
«Lo que buscamos es conjugar el voto telemático con los requisitos de seguridad y fiabilidad. Estamos a la espera del informe técnico definitivo, pero lo implementaremos sin lugar a dudas, y siempre con todas las garantías», ha asegurado.
