La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la pieza separada abierta por la jueza Inmaculada Iglesias para investigar si Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, podría haber incurrido en la comisión de delitos diferentes a los que ya se instruyen en la causa principal relativa a un presunto fraude fiscal.
Así consta en un auto dictado este lunes, en el que los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por los abogados del novio de la presidenta contra el auto por el que el Juzgado número 19 de Madrid incoaba pieza separada.
González Amador compareció el pasado lunes ante la magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso no se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.
Los magistrados estiman una semana después que en el presente «momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal».
«Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta», señalan los jueces.
La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.
Nuevos delitos del novio de Ayuso
La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos «en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L –empresa de Alberto González Amador– y su cliente Quirón Prevención S.L».
La resolución analizaba «si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados».
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».
Entiende que podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020».
