La defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se ha opuesto a que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada en la causa que dirige contra ella por tráfico de influencias y corrupción en los negocios para investigar también un presunto delito de malversación, al tiempo que ha criticado que el magistrado no concrete «qué hechos se van a investigar y sobre la base de qué indicios».
En un escrito, su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho, se adhiere al recurso que la Fiscalía Provincial de Madrid interpuso contra la citada decisión del juez. Cabe recordar que la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, también recurrió ese auto, que ponía el foco en la contratación de la primera.
En el marco de esa resolución, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acordó también citar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que declare en dicha pieza separada el 16 de abril.
Según la representación de Gómez, «la lectura del auto no permite saber qué hechos van a ser objeto de la pieza separada que se abre y, por lo tanto, cuál va a ser el objeto de la investigación que comienza».
«La resolución recurrida carece de cualquier relato aún muy somero de qué hechos son los que indiciariamente constituyen el objeto a investigar. En definitiva, que no podemos saber ni los hechos que se consideran constitutivos de la citada malversación ni un apunte, siquiera somero, sobre por qué esos hechos pudieran ser constitutivo de delito«, lamenta.
La defensa de Begoña Gómez incide en la motivación
La defensa de Gómez asegura que «comparte y asume la idea de que a los jueces de instrucción les está atribuida la investigación de los hechos que se consideran que pudieran ser constitutivos de delito». «Pero las exigencias de un sistema democrático de justicia penal requieren que se exteriorice cuál es el objeto de la investigación, pues de otra forma se transmite la idea de qué se está investigando todo por si algo de esa investigación universal pudiera ser constitutivo de infracción penal», advierte.
En este contexto, Camacho incide en que «no cabe olvidar la finalidad que implícitamente comporta la exigencia de la motivación». «La de permitir el eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos, la de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, favoreciendo la comprensión sobre la justicia y corrección de la decisión judicial adoptada, y la de operar, en último término, como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad», abunda.
En definitiva, el letrado de la esposa del presidente del Gobierno concluye que, «dada la inexistencia de cualquier relato acerca de qué hechos se van a investigar y sobre la base de qué indicios se considera que pudieran ser contrarios al ordenamiento jurídico», el juez «impide que ese control jurisdiccional pueda ser llevado a cabo».
