El próximo jueves, 3 de abril, entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, que trae consigo una profunda transformación en el funcionamiento de juzgados y tribunales, especialmente en el ámbito social.
Su objetivo: reducir la saturación actual y avanzar en la digitalización de la Justicia.
Para analizar su impacto, más de 300 expertos se dieron cita en la VII Jornada de Primavera organizada por la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), con el apoyo de LHH, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia (COGRASOVA), el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), el Sabadell Hub Empresa Valencia y la Diputación de Valencia.
Una reforma urgente para un sistema colapsado
La nueva norma llega en un momento crítico. Según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2024, los Juzgados de lo Social acumulan una media de 11,1 meses de espera, con una disminución del 3,8 % en la tasa de resolución y un incremento del 5,4 % en los asuntos ingresados.
Los cambios introducidos por la ley apuntan a revertir esta situación.
Rafael Roselló, letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de lo Social nº13 de Valencia, subrayó que “los cambios deberían traducirse en una mayor agilización de los procesos, aumentando en consecuencia el número de actos de juicio celebrados”.
Javier Lluch, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, coincidió en que la nueva regulación facilitará además la digitalización del procedimiento.
Pero también hubo advertencias: los ajustes exigidos implicarán un esfuerzo adicional para todos los operadores jurídicos, lo que podría provocar dificultades iniciales.
Claves de la reforma: conciliación previa, pruebas anticipadas y casación más restrictiva
Uno de los cambios más significativos es la posibilidad de que el LAJ programe los actos de conciliación y juicio de forma separada o sucesiva, si lo solicita alguna parte o hay posibilidad de acuerdo.
Roselló explicó que se introduce “la posibilidad de anticipar por vía telemática la conciliación y, por lo tanto, la presentación y aprobación de los acuerdos conciliatorios por escrito, otorgando rango legal a una práctica ya muy extendida en los Juzgados de lo Social”. Una práctica común que ahora se legaliza.
Otro punto clave es la obligación de presentar la prueba documental y pericial con al menos diez días hábiles de antelación, a través de una plataforma electrónica. Hasta la fecha, la documentación probatoria se venía presentando con carácter general en el acto de la vista.
De este modo, se convierte en norma lo que hasta ahora era la excepción. “Se elimina el factor sorpresa de la vista”, explicó el magistrado Lluch.
Esta medida despertó críticas. Sofía de Andrés, diputada primera del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), alertó sobre el impacto que podría tener sobre el derecho de defensa: “¿Cómo vamos a sorprender a la otra parte si le damos toda la fundamentación antes? Esta medida perjudica gravemente a los trabajadores”, se preguntó durante su intervención.
Por último, la reforma introduce el “interés casacional objetivo” como criterio para admitir el recurso de casación para la unificación de doctrina (RCUD), alineándose con otras jurisdicciones.
Ángel Blasco, magistrado de la Sala de lo Social del Supremo, explicó que este cambio “permitirá inadmitir aquellos asuntos repetitivos o que carezcan de interés casacional. Teniendo en cuenta que, antes de llegar al Tribunal Supremo, el justiciable ya ha pasado por dos instancias, esta reforma contribuirá a descongestionar la Sala de lo Social del TS”.
Una transformación que exige colaboración
Los ponentes coincidieron en que la adaptación a la Ley Orgánica 1/2025 requiere cooperación entre todos los actores del ámbito jurídico-laboral. Ana Gómez Hernández, presidenta de ASNALA, destacó que “la unión hace la fuerza. Espacios como este son claves para afrontar con éxito la evolución de las relaciones laborales”.
Además, la presidenta de ASNALA reafirmó la determinación de la asociación en aportar los conocimientos y análisis necesarios “para hacer frente a la imparable evolución de las Relaciones Laborales, siendo más conscientes que nunca de que la unión hace la fuerza”.
En esa línea, Manuel Olaya, diputado octavo del ICAV, insistió en la importancia de formarse y planificar con antelación, mientras que Vicente Vercher, decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, subrayó el papel esencial de estas jornadas para abordar los cambios con seguridad. El intercambio de conocimientos y el análisis conjunto de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025 es clave para que los laboralistas puedan abordar los nuevos retos con garantías, concluyó.
