El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) ha encendido las alarmas ante la inminente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Organizativa que introduce un cambio clave en el modelo de justicia gratuita: la participación obligatoria de abogados en métodos alternativos de solución de controversias (MASC) —como la mediación o la conciliación— cuando sean requisito para acudir a juicio.
El problema es que, a tan solo unos días de su aplicación efectiva, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía no ha aprobado compensación económica alguna para esa intervención, lo que deja a los letrados del turno de oficio sin cobertura retributiva por este nuevo servicio que ahora exige la ley, dice el CADECA, que representa a los 11 colegios de abogados andaluces.
Más trabajo, sin retribución
La nueva normativa amplía expresamente el contenido del derecho a la justicia gratuita, reconociendo que debe incluir la asistencia letrada en los MASC cuando sea legalmente preceptiva o cuando la otra parte actúe con abogado.
Así lo dispone el nuevo apartado 11 del artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, introducido por la disposición final décima de la LO 1/2025: “La
asistencia gratuita de profesional de la abogacía en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias permitidos por la ley que tenga por objeto dar cumplimiento al requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuando en el eventual proceso judicial la intervención de este profesional sea legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria actúe con él”.
Sin embargo, la Junta no ha actualizado los baremos ni ha aprobado los nuevos módulos de compensación económica, lo que, según denuncia CADECA, genera una situación crítica de inseguridad jurídica e indefensión profesional.
“No se puede ampliar el trabajo sin reconocerlo”
“La abogacía andaluza está comprometida con el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pero no se puede exigir más sin reconocer ni compensar el esfuerzo que ello supone”, denuncia el CADECA.
Por ello, instan a la Consejería de Justicia a aprobar de forma inmediata los módulos correspondientes, y que estos tengan efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la ley, el próximo 3 de abril.
Además, piden que se faciliten los recursos y medios necesarios para que los abogados puedan asumir su participación en los nuevos procedimientos extrajudiciales.
El Consejo reitera su compromiso con el servicio público que representa la justicia gratuita, pero deja claro que este debe sostenerse sobre la base del respeto institucional y del reconocimiento económico a quienes lo hacen posible: los abogados que, desde el turno de oficio, garantizan que nadie quede fuera del sistema por falta de recursos.
