El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha zanjado este lunes la polémica abierta en torno al debate sobre la consulta prejudicial que la Audiencia de Sevilla quiere plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso de los ERE: el máximo tribunal de garantías no va a impedirla.
Lo ha dicho con claridad durante un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid, donde ha explicado que el debate generado en el seno del TC es puramente interno y de carácter reflexivo, sin ninguna intención de interferir en la autonomía jurisdiccional de los jueces sevillanos.
«Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional», ha subrayado el presidente, para quien lo que se ha hecho en el tribunal de garantías es abrir una deliberación interna sobre una cuestión novedosa: que se acuda al TJUE después de una sentencia firme y del pronunciamiento del propio TC.
Hasta ahora, ha recordado, las cuestiones prejudiciales se han planteado en España siempre antes de dictarse sentencia, como mecanismo para aclarar la interpretación del Derecho de la Unión en causas abiertas. “Nunca se ha hecho después”, ha remarcado.
A pesar de la polémica generada en medios y redes sociales, que ha calificado de «juicio paralelo», Conde-Pumpido ha reiterado que el Constitucional no ha adoptado ninguna resolución ni tiene previsto hacerlo sobre esta cuestión.
Ahora bien, ha recordado que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que este debe velar por la ejecución de sus propias resoluciones, algo que también entra en juego en este escenario.
30 ASUNTOS PENDIENTES SOBRE LA AMNISTÍA
Preguntado por los tiempos del tribunal en relación con la ley de amnistía, Conde-Pumpido ha confirmado que el TC se pronunciará antes del verano.
Eso sí, ha precisado que el trabajo no es menor: el tribunal debe resolver 30 asuntos diferentes relacionados con esta norma.
Entre ellos, destaca el recurso del Partido Popular, elegido como procedimiento de cabecera; 15 recursos de comunidades autónomas; seis cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid; y ocho recursos de amparo.
La ponencia sobre la constitucionalidad de la norma ha recaído en la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán. “No es un solo problema, son muchos”, ha dicho el presidente.
Y ha añadido: “El recurso del primer partido de la oposición es un buen recurso, bien argumentado. Tenemos que responder bien”.
Aunque no ha querido dar una fecha exacta, la intención del Constitucional, ha dicho, es resolver dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Es decir, antes de que acabe el verano.
CONDE-PUMPIDO ADVIERTE
Por otra parte, Conde-Pumpido, en el curso de su intervención, ha lanzado una advertencia: atacar al TC es atacar al corazón mismo del sistema democrático. Lo ha hecho visiblemente preocupado por las críticas que —según ha denunciado— llegan desde la política y, también, desde el propio Tribunal Supremo.
“Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución. Y cuestionar la legitimidad para dictar sentencias que vinculan a los poderes públicos es, en el fondo, poner en duda nuestro sistema democrático”, ha afirmado con rotundidad.
Conde-Pumpido ha lamentado además que algunos magistrados del alto tribunal estén siendo objeto de amenazas, incluso por la vía penal, lo que a su juicio representa una grave erosión del respeto institucional.
