Un eventual cambio de Gobierno no devolvería al punto de partida a quienes ya estén amnistiados. Así lo sostuvo ayer Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional (TC), en el Fórum La Vanguardia.
Según su planteamiento, derogar la Ley de Amnistía tendría un valor “simbólico” y no produciría consecuencias prácticas, porque la responsabilidad penal se extingue en el momento en que la norma se aplica.
“Todas las leyes pueden ser derogadas, pero el efecto que produce una derogación nunca puede ser retroactivo. Si una ley de amnistía es un instrumento de extinción de la responsabilidad penal, la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita. No puede resucitar una responsabilidad penal ya extinguida”, afirmó.
La intervención tuvo lugar una semana después de que el pleno del TC avalara, el 6 de octubre, la aplicación de la norma. La decisión final queda ahora en manos del Tribunal Supremo (TS).
El turno del Supremo
Para Conde-Pumpido, lo único que falta es que el Supremo “aplique la ley, la extienda al resto de afectados y se cierre la causa judicial” del proceso independentista.
A su juicio, ese paso despejaría el regreso del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
Sobre los plazos, situó el pronunciamiento del alto tribunal antes de Navidad: “Es una cuestión de semanas, pero cada tribunal tiene su ritmo y, una vez que nosotros nos pronunciamos, pues estamos imponiendo unas decisiones, estamos también dando una libertad de criterio luego para ejecutarlas”.
Reconoció que la Sala no tiene ningún plazo legal para resolver. Sin embargo, recordó que ya ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien. “Una vez que se haya transcurrido ese periodo, en cualquier momento el Tribunal Supremo puede decidir”, explicó.
Turull, el martes
El presidente del TC también anunció un calendario concreto para el recurso de amparo del secretario general de Junts, Jordi Turull.
Ese recurso “será resuelto la próxima semana, el martes de la próxima semana”, en el pleno. Según adelantó, “no tiene que haber ninguna sorpresa”, porque se aplicará la doctrina ya fijada en el caso de la exconsellera Dolors Bassa.
Ritmos, presiones y “reconocido prestigio”
Preguntado por la lentitud del Constitucional en algunos asuntos, atribuyó la demora a la naturaleza de ciertas materias. Algunas, como la amnistía, tienen “una complejidad, que, por su propio contenido político o complejidad jurídica, pues se extienden en el tiempo”.
Añadió que, cuando una resolución afecta a altos poderes del Estado, el tribunal encuentra resistencias.
“En el ámbito de la amnistía hubo muchas impugnaciones, a veces muy duras contra el Tribunal Constitucional”, señaló.
Dijo respetar las discrepancias, pero defendió que el resultado fijado por el TC debe aceptarse. La frase del expresidente José María Aznar, “Quien pueda hacer que haga”, la situó dentro de lo que “forma parte del debate político”.
Conde-Pumpido rechazó que exista en España una mayoría de jueces y magistrados de tendencia conservadora.
Sobre el requisito de “reconocido prestigio” para acceder al TC, admitió que el criterio se complica cuando entra en juego la política: “Resulta que nos encontramos con que cada uno ve de reconocido prestigio a aquellos que, digamos, piensan de forma más próxima a sí mismo”.
Declinó opinar sobre la decisión del Supremo vinculada a la llamada ‘ley de nietos’, que ha dejado sin voto a españoles nacionalizados por esa vía.
Justificó su silencio en que “es posible que en algún momento” llegue al TC un recurso de amparo sobre la cuestión.
Por último, pidió reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que calificó de decimonónica y cuya reforma, según dijo, ya han intentado gobiernos del PP y del PSOE.
El objetivo, según él, sería frenar la judicialización de la política con una ley “que no permita que los propios partidos políticos sean los que, digamos, impulsen la acción penal”, en clara referencia a la acusación popular.
