La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, en apelación, aprecia indicios de criminalidad tanto del empleado, Ernesto Marqués Asensio, como de la aseguradora, Nationale Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E.
La Justicia reabre la causa contra un comercial y Nationale Nederlanden Vida por supuestas condiciones falsas en sus ofertas
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17/4/2025 00:35
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Actualizado: 18/4/2025 01:08
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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado parcialmente el sobreseimiento de una querella por estafa y falsedad documental y ha ordenado abrir procedimiento abreviado contra el agente Ernesto Marqués Asensio y la entidad aseguradora Nationale Nederlanden Vida.
El tribunal considera que existen indicios suficientes de que ambos participaron en una estrategia de captación de clientes mediante la oferta de condiciones contractuales inexistentes, lo que podría haber perjudicado a numerosos inversores entre 2014 y 2016.
La resolución, dictada en apelación el 16 de abril de 2025 en el auto número 558/2025, por el tribunal formado por los magistrados María del Carmen Melero Villacañas-Lagranja, como presidente y ponente, Lucía Sanz Díaz y González Pérez Fernández, estima parcialmente el recurso presentado por Baltasar Páez Gómez, Baltasar Páez Martínez, María Luisa Páez Martínez y Jesús Mengual Rossi contra el archivo provisional de la causa.
El tribunal considera que la conducta descrita en la querella reviste apariencia delictiva y ordena continuar la instrucción mediante la apertura de un procedimiento abreviado.
Hechos probados según el tribunal
Entre 2014 y 2016, el agente comercial Ernesto Marqués Asensio, vinculado a Nationale Nederlanden, habría ofrecido a diversos clientes —entre ellos los querellantes— productos financieros con condiciones aparentemente ventajosas (altas rentabilidades, ausencia de penalizaciones, etc.) que en realidad no estaban contempladas en los contratos firmados.
Estas condiciones figuraban en documentos con logotipo, membrete y sellos de la entidad, cuya autenticidad ha sido cuestionada. Según testigos, el acusado dirigía personalmente las contrataciones, y se hacía pasar por portavoz autorizado de la entidad. Algunas pólizas fueron suscritas por importes superiores a los 200.000 euros.
Algunas pólizas fueron suscritas por importes superiores a los 200.000 euros.
Además, se habrían dado instrucciones a los clientes para que contestaran de forma predeterminada en las grabaciones de contratación telefónica, disimulando así las condiciones reales de los productos.
La propia compañía llegó a reconocer en comunicaciones internas que la familia Páez-Mengual disponía de documentación distinta a la oficialmente generada.
Fundamentos jurídicos
El tribunal de apelación reconoce que, aunque el auto de archivo impugnado contiene una motivación escueta, remite al informe del Ministerio Fiscal y a las diligencias practicadas, lo cual —según reiterada jurisprudencia constitucional— puede considerarse suficiente en determinados supuestos.
No obstante, en este caso la Audiencia considera que sí existen indicios de criminalidad respecto a Marqués Asensio y la entidad aseguradora, apoyados en múltiples testimonios, grabaciones, documentación y en el informe de un exespecialista antifraude de la propia empresa, Juan Carlos Castro Formieles.
Sobre la figura de Ricardo Montaner Ibáñez, director de la oficina, el tribunal mantiene el archivo por no haberse acreditado su conocimiento previo ni su participación activa en los hechos.
Relevancia jurídica
La decisión de la Audiencia sienta un importante precedente al afirmar que, aun en ausencia de documentos originales, los testimonios coincidentes y otros elementos pueden ser suficientes para mantener viva una causa penal por estafa y falsedad documental.
También deja claro que la simulación sistemática de condiciones contractuales por parte de agentes y empresas puede revestir relevancia penal, más allá del ámbito civil o mercantil.
Con esta resolución, la Audiencia Provincial de Valencia reabre la vía penal contra un agente comercial y su aseguradora por presunta contratación fraudulenta de productos financieros.
El caso continuará ahora mediante la tramitación de un procedimiento abreviado, que podría culminar en juicio oral si se confirman los indicios señalados. La instrucción, que llevaba abierta desde 2019, se reactiva para esclarecer si hubo una estrategia deliberada de captación engañosa de inversores mediante documentación manipulada y promesas contractuales inexistentes.
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