La abogada del Estado jefe ante la Audiencia Nacional, Ruth Doval Inclán, nueva directora de los servicios jurídicos de la Abogacía Española.
Ruth Doval Inclán, nueva directora de los servicios jurídicos de la Abogacía Española
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25/4/2025 13:30
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Actualizado: 25/4/2025 13:30
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La abogada del Estado jefe ante la Audiencia Nacional, Ruth Doval Inclán, será la nueva directora de los servicios jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española.
Así lo ha anunciado el presidente de la Abogacía española Salvador González.
Doval Inclán ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2002 y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito de la Audiencia Nacional. Desde 2020 ocupa la jefatura de la Abogacía del Estado ante dicho órgano judicial, desde donde ha dirigido también el Departamento Administrativo General, que engloba a su vez otros órganos jurisdiccionales.
Anteriormente fue abogada del Estado ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, y previamente, Doval Inclán desempeñó la jefatura de la Abogacía del Estado en la provincia de Zamora.
En reconocimiento a su trayectoria, fue condecorada en 2020 con la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una de las máximas distinciones en el ámbito jurídico español.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que también ha ejercido como docente, Doval Inclán se incorpora al Consejo General con el respaldo explícito del presidente Salvador González, quien ha subrayado ante los consejeros y consejeras que “Ruth Doval es una profesional de reconocida solvencia que, a buen seguro, va a consolidar la excelencia con la que vienen trabajando los servicios jurídicos del Consejo General.
Gonzalez ha señalado de Doval Inclán «Asume el reto con enorme ilusión y estamos seguros de que aportará mucho al trabajo de nuestra institución”.
Con este nombramiento, el Consejo General de la Abogacía Española refuerza su estructura jurídica con una profesional de sólida trayectoria y experiencia en la defensa de los intereses del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y marca además un hito en materia de igualdad dentro de la institución.
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