Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este viernes ante el Tribunal Supremo (TS) que desde el 30 de enero de 2024 tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo con Fiscalía para resolver la investigación en su contra por delitos fiscales con el menor «ruido» posible. Pero que no le informó de que, para ello, mandaría un correo electrónico al fiscal ofreciendo reconocer dichos delitos.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que el interrogatorio a Neira como testigo se ha centrado en dos correos electrónicos: el que mandó el 2 de febrero de 2024 al fiscal Julián Salto –que investigaba a González Amador por delitos fiscales– y el del 12 de marzo de ese mismo año, en el que el fiscal le contestó que no había «obstáculo» para «llegar a un acuerdo».
González Amador declaró el pasado viernes que Neira redactó y envió el ‘email’ del 2 de febrero de 2024 sin su consentimiento.
Según precisó, no fue hasta el 14 de marzo cuando se enteró por la ‘Cadena SER’ de la existencia de aquel correo.
No obstante, aclaró que una vez tuvo conocimiento de ello habló con Neira y apoyó la decisión de su letrado, en el que dijo seguir confiando.
Sin embargo, de acuerdo con las citadas fuentes, Neira ha testificado este martes que el 30 de enero de ese año se reunió con su cliente para explicarle las dos opciones que tenía: defender su inocencia y dar la batalla judicial o reconocer los hechos, pagar una multa y llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
El abogado ha sostenido que González Amador le autorizó a buscar el pacto con Fiscalía para resolver el asunto con el menor «ruido» posible.
RECTA FINAL
Se espera que estas sean una de las últimas pesquisas que se celebren en la causa que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La investigación se centró en un principio en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y Salto.
Cuando el caso saltó al Supremo el pasado octubre, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.
No obstante, en los meses transcurridos desde que el TS encausara a García Ortiz, los hechos investigados se han ido ampliando hasta abarcar otra vez el citado comunicado y las presuntas filtraciones de las propias pesquisas contra González Amador y del correo electrónico que su defensa envió a Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
