Tres de las cuatro asociaciones de jueces y dos de la tres de fiscales han emitido un comunicado conjunto en respuesta a las afirmaciones del Gobierno sobre la supuesta difusión de «bulos» en torno al Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.
En primer lugar, los firmantes –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, por los jueces, y la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, por los fiscales– recalcan que es plenamente legítimo que el Gobierno promueva reformas legislativas, del mismo modo que es legítimo que las asociaciones profesionales evalúen tales propuestas cuando afectan directamente a los jueces y fiscales, a su sistema de acceso y a la independencia inherente al ejercicio de sus funciones.
Fuera de esta iniciativa han quedado las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
Las 5 asociaciones ya han mostrado su conformidad con algunos aspectos positivos del proyecto, como la eliminación de la fase de sustitución y refuerzo de la Escuela Judicial, una antigua reivindicación del sector.
Igualmente, apoyan un sistema de becas públicas que garantice la igualdad real de oportunidades en el acceso a la carrera judicial, una demanda histórica que consideran justa y necesaria.
UN PROYECTO DE LEY SIN UN AMPLIO CONSENSO POLÍTICO Y PROFESIONAL
Sin embargo, lamentan que una medida de esta naturaleza —que, según afirman, contaría con un amplio consenso político y profesional— no se haya articulado mediante una ley específica o aprovechando la reciente reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, sino que se haya incluido en una norma que, en su conjunto, supone un retroceso.
A su juicio, este proyecto de ley erosiona principios constitucionales fundamentales como el mérito y la capacidad, lo que pone en riesgo la independencia judicial, pilar del Estado de Derecho.
Frente a las acusaciones de haber difundido “bulos”, las asociaciones niegan rotundamente tal extremo. Explican que lo que han hecho ha sido emitir valoraciones fundadas, públicas y razonadas sobre el contenido de la norma, dirigidas tanto a sus miembros como al conjunto de la sociedad. Y lo han hecho, subrayan, desde la responsabilidad y con pleno respeto al pluralismo democrático.
“Expresar nuestra opinión y alertar sobre los riesgos que implica esta norma proyectada no supone difundir información falsa, como se afirma. Consideramos que recurrir a la etiqueta de los ‘bulos’ es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia.”
El comunicado avanza que, en lo sucesivo, las asociaciones darán respuesta pormenorizada al decálogo de supuestos desmentidos publicado por el Gobierno, donde —afirman— se tergiversan sus argumentos y se manipulan intencionadamente sus objeciones. Anuncian que lo harán reproduciendo literalmente cada punto, para mayor claridad y transparencia.
RESPUESTA AL «DECÁLOGO DE BULOS» DEL GOBIERNO, PUNTO POR PUNTO
Siguiendo el mismo orden del decálogo publicado, en el que se tergiversan sus objeciones razonadas con manipulación interesada, pasan a contestar cada una de ellas, tras reproducirlas literalmente para mayor claridad.
PRIMER BULO
«La nueva norma tiene por finalidad incluir a jueces afines al Gobierno. Falso, según fuentes del Gobierno. Lo niegan en rotundo. Aseguran que esta medida viene dictada por las obligaciones europeas de acabar con la precariedad de los jueces sustitutos. Ello, bajo amenaza de sanción. Jueces que actualmente han sido seleccionados por TSJ y CGPJ».
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
Según las asociaciones de jueces y fiscales, resulta contradictorio que el Gobierno hable de que se están difundiendo falsedades, y al mismo tiempo afirme que el proceso de “estabilización” de jueces y fiscales sustitutos responde a una exigencia de la Unión Europea. Lo cierto es que lo que Europa reclama es poner fin al abuso de la temporalidad en el empleo público, no convertir automáticamente a los sustitutos en jueces o fiscales de carrera.
De hecho, esa situación de abuso sigue existiendo, ya que se continúa nombrando a jueces y fiscales sustitutos, justo lo contrario de lo que supuestamente se quiere corregir.
Reconocer sus derechos laborales y profesionales es totalmente legítimo y necesario, pero eso no implica que deban integrarse directamente en la carrera judicial o fiscal. Y menos aún a través de un sistema creado expresamente para ello y sin las garantías adecuadas. Por eso, «retamos al Gobierno a que haga públicos esos supuestos requerimientos europeos que justificarían convertir a los sustitutos en jueces o fiscales titulares. Desde ya adelantamos que no existen».
«Además, permitir el acceso a estas carreras reduciendo los requisitos de formación y conocimientos va contra los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad, que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recordado que deben respetarse», afirman las asociaciones.
Y recuerdan que no han dicho que quienes fueran estabilizados «vayan a ser necesariamente cercanos al Gobierno. Pero sí advertimos de que su independencia podría verse cuestionada frente a quienes sí accedimos por el sistema actual, basado en el esfuerzo personal, la preparación rigurosa y la superación de unas pruebas exigentes. Esa diferencia no es menor».
SEGUNDO BULO
Va a desaparecer el actual proceso de oposición. Falso. El Ejecutivo niega que desaparezca el proceso de oposición. Al contrario, destaca que se hace aún más exigente. Ello, a través de la aparición, además del examen oral, de un examen escrito. anónimo e igual para todos los candidatos».
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
Las cinco asociaciones aseguran que es «Falso que hayamos afirmado que va a desaparecer el proceso de oposición. Se modifica, y no para bien, de ahí nuestra reacción. Desde luego no lo hace más exigente, como se dice desde el Ejecutivo. Eliminar un examen teórico (sobre el esencial derecho procesal) para sustituirlo por un supuesto práctico, en vez de prever ambos, reduce el nivel de dificultad, aumenta la subjetividad en la evaluación e incrementa el riesgo de filtraciones, algo que no es posible que ocurra cuando, como ahora, se sortean los temas a cada opositor por separado y en el acto. Hace veinte años que se eliminó esta prueba por este motivo«.
TERCER BULO
«El tercer examen, la elaboración de un informe, no supone un proceso más subjetivo que la oposición. Falso. El Gobierno destaca que lo subjetivo es, en su lugar, el sistema actual, de cantar los temas, y que sean elegidos por sorteo».
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
El tercer examen forma parte de la proyectada oposición para el turno libre, no lo sustituye como parece darse a entender en la frase errónea que se reproduce, subrayan. «La evaluación de caso práctico es claramente más subjetiva que exponer la regulación vigente y publicada, y la elección de temas por sorteo garantiza acreditar conocimiento del conjunto del temario, que en la actualidad incluye, además de las materias del primer oral, otras como el fundamental Derecho procesal, imprescindible en nuestra función», destacan.
«Puede añadirse el caso práctico sin prescindir del segundo oral, reforzando así garantía de un conocimiento conjunto del ordenamiento jurídico con una prueba práctica. Así se refuerza la excelencia, en lugar de rebajar la calidad en el acceso».
CUARTO BULO
«Esta nueva ley que modifica la carrera judicial y fiscal perjudica a los opositores. Falso, según estas mismas fuentes. Al contrario. No los perjudica en absoluto. Y es que el proceso de regularización extraordinaria tiene sus propias plazas, no afecta, por lo tanto, a los opositores».
De acuerdo con las 5 asociaciones, «reservar plazas estructurales de nueva creación a ese proceso extraordinario las hurta al turno libre y por tanto priva a los opositores de la posibilidad de optar a las mismas. Se crean ad hoc plazas reiteradamente demandadas como imprescindibles, reservándose a un acceso arbitrario y sin garantías».
Por ello, consideran que el Gobierno está olvidando que, «de forma paralela, estamos reclamando una inmediata y masiva convocatoria de plazas judiciales y fiscales de los turnos libre y cuarto turno, sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad».
Y recuerdan que, por lo que a este tema respecta, el Gobierno ha incumplido los acuerdos del 23 de mayo de 2023 por los que desconvocamos una huelga a cambio, precisamente y entre otras cosas, de un aumento de plazas que aún estamos esperando.
QUINTO BULO
«El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) va a politizar a los preparadores. El Ejecutivo asegura que no habrá «cuerpo de preparadores». Así pues, el plan de un CEJ público pasa por otorgar espacios a los preparadores que ya hacen este trabajo. Sin control ideológico, pero sí con regulación tributaria».
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
La regulación tributaria es ajena a la norma analizada y está vigente. «La asunción de competencia por un centro dependiente del ejecutivo en materia de capacitación o preparación, además de la concesión de becas supone un riesgo de control ideológico de los seleccionados o, cuando menos, cuestionable desde el prisma del principio de separación de poderes. Si se considera de interés regular esta materia, debería encomendarse a autoridad u órgano plenamente independiente», aseguran.
Nadie ha demandado un lugar en el que preparar a sus alumnos, ni el proyecto contempla algo así. «Parece ser una idea que habita en la cabeza de sus responsables, y ante la falta de regulación es normal que advirtamos del riesgo de que, efectivamente, dicho centro de preparación se autovalide mediante la facilitación de aprobados a quienes preparen ahí y que la selección de las plazas para preparar sea de tipo ideológico. Por este o por el Gobierno que venga después. Que el Ejecutivo intervenga directamente en la selección de quienes pueden ser jueces y fiscales nunca será un buen sistema«, afirman.
SEXTO BULO
«La norma perjudica a las últimas promociones. No es así. Según aseguran fuentes gubernamentales, los que entren a través del proceso de estabilización exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entrarán por detrás de los opositores. Nadie se verá perjudicado. Los años de antigüedad únicamente se les reconocerá para poder formar parte de procesos de selección del CGPJ».
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
«Las nuevas promociones son las más perjudicadas», contestan con rotundidad.
Y explican que a quienes accedan a las carreras por un concurso-oposición se les van a regalar cinco años de antigüedad a los efectos de optar a cargos discrecionales, con claro agravio comparativo respecto de quienes accedan por la oposición. «Esta medida limita la promoción profesional de los que acceden por el turno libre, igualando a quienes han acumulado antigüedad real en el ejercicio de la función jurisdiccional con los que acceden por un concurso-oposición que no acredita la capacitación y excelencia de manera objetiva. Se trata de que los favorecidos por este sistema lleguen antes a optar por los cargos de designación discrecional, nombrados por un CGPJ cuyos vocales se designan por los partidos políticos mayoritarios, que suplantan así esta competencia constitucional de las Cortes Generales».
SÉPTIMO BULO
«Las asociaciones de jueces y fiscales, por lo que se refiere a su financiación privada, no se van a ver afectadas. De acuerdo con el Ejecutivo, no se pretende atacar su operatividad. Por el contrario, aseguran y garantizan su apariencia y prestigio a través de la financiación pública y de sus afiliados. Con ello se evitará que los jueces financiados por entidades privadas luego emitan sentencias contra estas mismas empresas».
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
La imposición de restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales, tal como lo contempla el Gobierno, «no es garantía de independencia, afecta la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación, con todo lo que ello supone».
«Así, carecemos de derecho similar a la liberación sindical, lo que supone afrontar nuestra actuación como una sobrecarga a nuestra sobresaturada actividad profesional, sin más retribución que la vocación de defender nuestros derechos profesionales y velar por los valores constitucionales, especialmente el Estado de Derecho y la independencia judicial. El Ejecutivo parece desconocer, además, cómo funcionan las asociaciones de jueces y las exigencias de transparencia y rendición de cuentas que anualmente realizan ante el CGPJ», recuerdan.
«Nuestro prestigio deriva de nuestra actuación y es evidente que nuestra operatividad se ve reducida si se limitan las fuentes de financiación sin contemplar incremento de las permitidas», aseveran.
OCTAVO BULO
«La reforma de la Comisión de Ética del CGPJ será una injerencia del Poder Legislativo. El gobierno niega la mayor y asegura que solo será una ampliación de dicha comisión, con más conocimiento, a través de cuatro catedráticos de ética y filosofía de Derecho».
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
«No se explica por qué la inclusión de miembros no judiciales en la Comisión de Ética Judicial, elegidos por los partidos políticos, aportará «más conocimiento», siendo que los instrumentos internacionales de aplicación piden que las normas que rigen la ética de los jueces se arbitren con independencia respecto de cualquier autoridad política», explican. .
NOVENO BULO
«La reforma ‘afecta al Estado de Derecho’. No es así, e instan a leer la norma con atención».
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
Sobre este punto, cuentan que han analizado detalladamente la norma y elaborado exhaustivos informes en fase de alegaciones al Anteproyecto, prácticamente idéntico al Proyecto que les ocupa.
«Y podemos concluir tras ese análisis que, como manifestamos 5 de las 7 asociaciones profesionales de juezas, jueces y fiscales en comunicado conjunto el pasado de 14 de mayo, la regulación proyectada ‘supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».
DÉCIMO BULO
«Con el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se pretende «colocar» al Álvaro García Ortiz. No es así. Las mismas fuentes recuerda que la norma no entraría en vigor hasta 2028. En esa fecha no será posible hacerlo ya que García Ortiz habría cumplido dos mandatos. Y, además, sería un año después de la nueva convocatoria española a las urnas.”
RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
Las asociaciones recuerdan que nunca han señalado a persona concreta, a diferencia del señalamiento al que venimos asistiendo a diario por parte de los políticos, también miembros del ejecutivo, en función de sus intereses en cada caso.
«Nuestra oposición al nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no tiene nombre y apellidos, sino que es el resultado de la preocupación de las medidas contempladas en él, entre otras las de aumentar las competencias del FGE (el que sea) en nombramientos, incompatibilidades y régimen disciplinario, FGE que, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales instructores que se quieren crear, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, aumentando aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas (estas sí claras), el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción», destacan.
Y refieren que en el “catálogo de bulos” del Gobierno no hay ninguna referencia a la limitación en el voto a Salas de Gobierno a un solo candidato, reduciendo la representatividad en el resultado de la elección, «por lo que entendemos que se comparte esta conclusión».
Concluyen haciendo un llamamiento para que el Gobierno se abstenga de etiquetar o calificar como bulo, fango o similares sus propuestas, «y se nos permita seguir realizando nuestra función recibiendo el trato respetuoso que dispensamos. Desde el rigor, el respeto institucional y la búsqueda de objetivos acordes al interés general y los principios constitucionales, podremos encontrar posiciones comunes que avancen en la mejora del Servicio Público de Justicia».
