La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha apoyado la petición realizada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para determinar quiénes intervinieron en la creación y modificación de la nota de prensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le envió la madrugada del 14 de marzo de 2024 y por la que comenzaron las pesquisas.
En el escrito, la defensa de Rodríguez valora la diligencia solicitada por González Amador, el cual reclamó al instructor del caso, Ángel Hurtado, que «determine si el archivo word de la nota de prensa que reenvía por WhatsApp Álvaro García Ortiz a Pilar Rodríguez a las 00:12:58 del 14.03.2024 contiene metadatos» que permitan conocer la fecha de creación, quién la creó y si hubo modificaciones y quiénes las hicieron.
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) lo rechazó pero González Amador ha solicitado a Hurtado que reconsidere su decisión. La defensa de Rodríguez entiende que «dicha diligencia solo servirá para acreditar su nula participación en la redacción, modificación, impresión o divulgación de la referida nota», por lo que indica que «nada tiene que oponer» a la misma.
El abogado de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid recuerda que ya en el informe de la Guardia Civil que reflejaba los mensajes y llamadas que su cliente recibió y envió por WhatsApp los días clave de la presunta revelación de secretos –del 8 al 14 de marzo de 2024– dejó claro que tanto ella como la jefa de delitos económicos de esa misma fiscalía, Virna Alonso, se limitaron a dar el visto bueno a la nota de prensa que le facilitó por ese canal el propio García Ortiz.
«Si Virna está operativa. Échale un vistazo y dime si está bien. No las fechas, que lo están, sino el fondo», dijo el fiscal general a Rodríguez. «Las dos pensamos que está perfecta», contestó Rodríguez. Por tanto, concluye la defensa, «ninguna modificación, añadido o supresión hicieron» ni su representada ni Alonso: «No hubo más intervención».
Pilar Rodríguez también se apoya en un informe pericial
La defensa de Rodríguez esgrime también un informe pericial encargado por González Amador sobre el archivo Word de la nota de prensa que tras analizar los metadatos concluye que «el documento se creó el 14 de marzo de 2024 a las 10:16 y se modificó el 14 de marzo de 2024 a las 10:19 por el equipo denominado ‘Lastra de Inés, Almudena’«, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid.
«En definitiva, tanto de los informes de la UCO como de la pericial aportada por la acusación particular se evidencia la nula participación de mi representada en la redacción o modificación de los documentos que finalmente fueron publicados, sin su consentimiento ni conocimiento, como ‘Fiscalía Provincial de Madrid Nota Informativa'», enfatiza el abogado.
En cambio, sí se opone al recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión de Hurtado de no admitir las diligencias que proponía, que consistían en comprobar si García Ortiz tiene entre los contactos de su teléfono móvil a varios periodistas y en reclamar expedientes referidos a la dación de cuentas que se hizo de la investigación contra González Amador a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Respecto a esto último, la defensa de Rodríguez sostiene que su representada se limitó a actuar en este sentido como lo hicieron el fiscal que investigaba al empresario, Julián Salto; el ‘número dos’ de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe; y Virna Alonso.
Y hace hincapié en que, «de estas cuatro personas que se limitaron a cumplir con la obligación estatutaria antes descrita (la dación de cuentas), a dos se les ha sobreseído la causa (Salto y Villafañe) y otra ni siquiera ha sido llamada a testificar (Alonso)». «La única que permanece imputada es mi representada», subraya.
En cualquier caso, asegura que, «si existiere alguna irregularidad en el registro, firma de dichos expedientes, sería un comportamiento ajeno a los hechos investigados», por lo que alerta de que «nuevamente se intenta introducir una finalidad desviada de la que constituye verdadero objeto de la presente instrucción».
Respecto a la petición de la APIF de comprobar si García Ortiz tiene entre sus contactos los de determinados periodistas, la defensa razona que, aunque fuera así, «el hecho de que determinados contactos consten en la agenda del teléfono del fiscal general del Estado no permite inferir que la persona en cuestión haya recibido alguna filtración relacionada con los hechos objeto de la presente causa».
«¿Qué ocurriría si varios de los citados sí aparecen en la agenda del teléfono móvil del fiscal general del Estado?, ¿podría sostenerse que todos ellos han recibido revelaciones de informaciones indebidas?, ¿es que los contactos con el fiscal general del Estado solo pueden utilizarse para descubrir secretos?», plantea.
