El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha pedido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una convocatoria “ambiciosa” y sostenida de plazas judiciales y fiscales que acompañe a la futura Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.
Según JJpD, sin este refuerzo estructural, las reformas propuestas serán papel mojado.
Rodríguez destaca que el proyecto legislativo —actualmente en tramitación— contiene medidas positivas, como el otorgamiento de rango legal a las becas, el restablecimiento de una prueba práctica escrita y anónima para acceder a la carrera judicial, o la posibilidad de que el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) imparta formación a aspirantes. “Son mejoras necesarias que fortalecen el sistema de acceso, que sigue bajo control del CGPJ y libre de interferencias políticas”, explica.
DÉFICIT ENDÉMICO DE JUECES
Sin embargo, advierte: “Si no se acompaña con una gran convocatoria de varios cientos de plazas anuales durante, al menos, diez años, estas medidas no podrán aplicarse plenamente”.
A su juicio, el déficit de jueces en España es “endémico” y se agrava con el envejecimiento de la plantilla, las jubilaciones anticipadas y la escasa oferta de plazas en los últimos años.
La inminente implantación de los tribunales de instancia es, según Rodríguez, “una oportunidad clave” para ampliar la planta judicial “allí donde el CGPJ ha detectado déficits estructurales”, incluidas las propias salas del Tribunal Supremo, que “requieren un refuerzo numérico”.
JJpD reconoce que el proyecto tiene aspectos discutibles y otros que pueden mejorarse, pero lo valora como “un avance respecto al statu quo”.
A FAVOR DE LA INCLUSIÓN DE CATEDRÁTICOS EN LA COMISIÓN DE ÉTICA Y LA «REORGANIZACIÓN» DEL MINISTERIO FISCAL
Entre los elementos positivos menciona la ampliación de la Comisión de Ética Judicial para incorporar catedráticos externos, la «reorganización» del Ministerio Fiscal, la revisión del sistema del cuarto turno y la modernización de los procesos internos, como la implantación del voto telemático y la supresión del delegado electoral, puntos en los que, en su mayoría, difiere con las tres asociaciones judiciales restantes, que están en contra.
Asimismo, destaca la eliminación de dos medidas muy contestadas: el traslado forzoso y la llamada “fase de sustitución y refuerzo”, cuya supresión goza, según Rodríguez, de amplio consenso en la carrera.
Frente a las movilizaciones convocadas por otras asociaciones judiciales, JJpD marca distancias, evidenciando una profunda división interna en este colectivo.
Rodríguez niega que el proyecto afecte a la independencia judicial o suponga injerencias del Ejecutivo: “Incrementar la transparencia en la oposición, suprimir barreras económicas o abrir la preparación al CEJ no es injerencia, sino justicia social”.
Por ello, anuncia que JJpD no secundará paros ni huelgas.
“Lo urgente ahora”, concluye, “es abordar las reformas legales en curso —como la Ley de Impulso o la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal—, así como aplicar las ya vigentes —como la Ley de Eficiencia Procesal y los tribunales de instancia— con una inversión adecuada. Y eso pasa, sobre todo, por incrementar sustancialmente el número de jueces y magistrados. Sin ello, no habrá salud laboral en la carrera judicial, ni agilidad en los juzgados, ni Justicia de calidad para la ciudadanía”.
JJpD es, por número de afiliados, la tercera asociación de jueces, por detrás de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Y por delante de Foro Judicial Independiente.
