La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves a las casas de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’.
Fuentes de la investigación han confirmado que los agentes se han personado allí para hacer una serie de requerimientos y que los mismos ya habrían finalizado.
Este movimiento se produce una semana después de que el Tribunal Supremo enviara al juez de la Audiencia Nacional que investiga también la causa los «indicios consistentes» contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero para que decida si indaga en los mismos.
Según la Guardia Civil, ambos habrían podido «prestar asistencia» al exministro José Luis Ábalos a través de su exasesor Koldo García para las «indebidas adjudicaciones» de obra pública a cambio de mordidas en el marco de la presunta trama destapada por la UCO en las pesquisas que dirige el Supremo.
Su participación con el caso Koldo
Los investigadores de la UCO detallaban en un informe que Koldo García «se valía presuntamente de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero para la manipulación» de procesos de contratación.
Y plasmaban una conversación, grabada por García en noviembre de 2020, en la que pedía con insistencia a la entonces presidenta de la compañía pública ferroviaria una adjudicación para «LIC, en un primer momento tratando que fuese de mantenimiento, y ante la negativa de Pardo de Vera, proponiendo que fuera de emergencia».
A lo que Pardo de Vera le recordó que le acababan de conceder una poco tiempo atrás y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque «se comprometió», según los agentes, «a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora».
«Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo», contestó Pardo de Vera a García, que «departía directamente» con la dirigente de Adif.
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente considera que la conducta de ambos, por ser instrumentales o accesorias a la finalidad perseguida indiciariamente por Ábalos, no deben ser investigadas por el alto tribunal, por lo que acordó deducir testimonio al Juzgado Central de Instrucción Número 2 para que resuelva.
