El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha avisado a los fiscales de que durante la huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales –menos las progresistas– para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía tendrán que garantizar ciertos servicios para evitar «perjuicios directos» a la ciudadanía, explicando que el Ministerio Público no tiene competencia para fijar servicios mínimos.
Según ha informado la Fiscalía, García Ortiz ha enviado este viernes un escrito a todos los fiscales jefes donde se hace eco del acuerdo alcanzado el jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que resolvió por unanimidad que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, «por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria» ni fijar servicios mínimos.
García Ortiz explica en su misiva que «el Ministerio Fiscal está integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional», por lo que «la Fiscalía General del Estado carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos respecto de la actividad de los fiscales en los referidos días».
En consecuencia, recuerda a los fiscales que «habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos».
En concreto, indica que habrá que garantizar «aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó».
Asimismo, señala que las jefaturas deberán comunicar a la Inspección Fiscal «las incidencias que se hayan producido, en su caso, en relación con la prestación de los servicios competencia del Ministerio Fiscal en las referidas fechas».
