El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), el magistrado Leopoldo Puente, ha rechazado la última solicitud realizada por el ex asesor ministerial Koldo García para que le devolviera el teléfono móvil que la Guardia Civil le requisó durante el registro de su vivienda en marzo de 2024, pero le ha asegurado que lo hará «tan pronto como sea posible».
El TS expone que «la ingente cantidad de soportes de almacenamiento masivo y la extraordinaria magnitud de la presente causa han impedido hasta el momento la obtención de copias que garanticen la integridad y autenticidad de los datos, al efecto de devolver los correspondientes originales o entregar copias de las mismas». «No es, como se comprenderá fácilmente, la más urgente de las actuaciones pendientes», dice.
No obstante, el instructor indica que «se tienen por hechas las anteriores manifestaciones», asegurando que «se procederá en la forma solicitada tan pronto como sea posible».
La defensa de Koldo ante la acusación de acoso a Claudia Montes
En un escrito, la defensa de García urgía al TS a que le devolviera el móvil alegando que lo necesita para poder defenderse de las acusaciones de presunto «acoso» laboral y sexual que ha lanzado en su contra Claudia Montes, la Miss Asturias +30 2017 vinculada al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.
Además, la defensa sostenía que con su móvil «podrá incluso probar el chantaje al que fue sometido por la ahora tertuliana televisiva«, así como «acreditar, y en su caso reclamar», el préstamo que dice que le hizo a Montes por unos 8.500 euros, «cuyo plazo de devolución ya está vencido».
La defensa, que ha realizado la misma petición a la Audiencia Nacional (AN), también aducía que «ha transcurrido un tiempo más que prudencial para que se puedan haber hecho las copias que procedan, para no perjudicar a la causa en curso».
El que fuera asesor de Ábalos ya ha reclamado varias veces que le devuelvan su teléfono móvil, algo que hasta ahora le ha sido denegado en el marco de las pesquisas a las que da nombre, sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública y de contratos para la adquisición de material sanitario en plena pandemia.
