El pasado 16 de junio el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixeira, decretó el embargo preventivo de bienes y derechos valorados en más de 260 millones de euros en el marco de una investigación penal sobre la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC), cuya cabeza más conocida es Álvaro Romillo Castillo, alias «CryptoSpain».
Hoy la Audiencia Nacional ha informado que la Guardia Civil ha incautado 30 vehículos de alta gama, valorados en 6 millones de euros, de la misma causa.
Una flota de supercoches escondida en Sevilla
Los vehículos estaban distribuidos en dos naves de Olivares y Huevar del Aljarafe, alquiladas a nombre de un presunto testaferro.
El inventario revela el gusto por el lujo del entramado: 11 Ferraris, 4 Porsches, 2 Lamborghinis, 2 Bentleys, 1 Aston Martin, 1 Maserati y varios coches de colección, además de 10 motocicletas de diferentes marcas.
El magistrado ha bloqueado también «importantes sumas de dinero» en cuentas bancarias vinculadas tanto a Romillo como a la empresa Maranello Classic S.L., creada específicamente para simular la venta de estos vehículos.
La orden europea de investigación emitida a las autoridades portuguesas resultó clave para establecer la trazabilidad de los bienes y vincular las operaciones realizadas en las localidades de Maia y Albergaria.
Maniobras para evadir el embargo
La investigación ha destapado una sofisticada operación de ocultación patrimonial. Según el auto judicial, los investigados organizaron «actos preparatorios previos, con una clara intención de evitar la localización» de los bienes.
Las maniobras incluían la salida masiva de vehículos del concesionario antes del cierre, contratación urgente de grúas y ventas ficticias por precios irrisorios, muy por debajo del mercado —entre 6.000 y 11.000 euros por supercoches— a través de Maranello Classic.
También tramitaron bajas definitivas para el tránsito comunitario, principalmente hacia Portugal, simulando exportaciones mientras mantenían los vehículos bajo control de las mercantiles.
Los coches circulaban por carreteras españolas pese a tener prohibición de disponer, baja definitiva y carecer de seguro, aprovechando infraestructuras en España y Portugal para sus movimientos.
Dimensión de la presunta estafa
Las cifras son demoledoras: hasta 27.000 afectados y un perjuicio que podría superar los 300 millones de euros. La UCO de la Guardia Civil calcula que MIC recaudó más de 260 millones, supuestamente destinados a inversiones en relojes, vehículos, oro, metales preciosos, alcohol y startups.
Romillo, quien se presentaba como «gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas», dirigía esta plataforma de inversión en criptomonedas que operaba bajo el esquema de una presunta estafa piramidal.
La intervención de estos vehículos representa apenas la punta del iceberg de una investigación que continúa desentrañando las ramificaciones de uno de los fraudes financieros más grandes de los últimos años en España.
