El problema de la vivienda en España ya no admite paliativos. En apenas tres años ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking de preocupaciones ciudadanas, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Detrás de esta escalada se esconde una realidad que los expertos han comenzado a desentrañar con precisión quirúrgica gracias a una fuente de datos hasta ahora infrautilizada: el Índice Único Informatizado Notarial.
Durante la primera jornada del curso «Vivienda: del diagnóstico a la acción», organizado por la Fundación Notariado en San Sebastián, los especialistas han puesto sobre la mesa una conclusión tan obvia como desatendida: para resolver el problema hay que medirlo correctamente. Y aquí es donde entra en juego el arsenal estadístico notarial.
«Disponemos de 25.000 millones de datos extraídos de más de 160 millones de documentos notariales», explicó Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado.
Una base de datos que convierte a las escrituras públicas en el termómetro más preciso del mercado inmobiliario español.
El drama de los jóvenes: excluidos del mercado
Los números hablan por sí solos y dibujan un panorama desolador. Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, presentó el informe «La vivienda en España 2007-2024» con datos que certifican el colapso generacional del acceso a la vivienda.
Solo uno de cada diez compradores tiene hoy menos de 30 años. En 2007 era uno de cada cuatro.
«Esta situación no se debe únicamente al cambio demográfico, sino a la imposibilidad de reunir el ahorro suficiente para la entrada», precisó Lacambra.
El problema se agrava al analizar la oferta de vivienda protegida. En los años noventa y primera década de los 2000, España construía 75.000 viviendas protegidas anuales. Hoy apenas llega a las 12.000. Una caída del 84% que explica, en parte, por qué la vivienda se ha convertido en un bien de lujo.
La respuesta institucional: 7.000 millones y buenas intenciones
Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, reconoció las dificultades pero defendió la estrategia gubernamental: «El Plan Estatal de Vivienda contempla una inversión de 7.000 millones de euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda».
El problema, como admitió la propia subsecretaria, radica en los tiempos: «Los cambios en el sector de la construcción necesitan largos periodos de maduración y retorno». Una realidad que choca frontalmente con la urgencia social del problema.
San Sebastián: el laboratorio del colapso inmobiliario
Nekane Arzullus, primera teniente alcalde de San Sebastián, ofreció el caso de su ciudad como ejemplo paradigmático. En diez años, el precio de la vivienda se ha incrementado un 52%. Las tensiones del centro se trasladan a la periferia, mientras la población envejece y complica aún más el acceso habitacional.
«La vivienda es mucho más que un factor económico. Es la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y familiar», subrayó Arzullus, resumiendo en pocas palabras lo que las estadísticas no pueden reflejar: el drama humano detrás de los números.
El sector privado pide paso
Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, planteó una comparación reveladora: «En sanidad se invierte el 20% del PIB, en educación el 12% y en vivienda el 1,5%».
Su conclusión: «La vivienda tiene que ser una infraestructura social».
El sector privado identifica tres problemas estructurales: falta de suelo desarrollado, escasez de mano de obra especializada y instrumentos financieros obsoletos. Vilajoana alertó sobre un dato preocupante: «En los próximos 15 años, el 40% de la mano de obra tendrá edad de jubilación».
La colaboración notarial-catastral: un modelo de eficiencia
Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, destacó la colaboración entre el Notariado y el Catastro como ejemplo de eficiencia administrativa. A través de la Sede Electrónica Catastral, los notarios acceden de forma inmediata a información vital: ubicación, superficie, linderos y valor de referencia.
«En el momento del otorgamiento de la escritura pública, el objeto del negocio queda claramente delimitado», explicó Rodríguez. Una seguridad jurídica que contrasta con la incertidumbre del mercado.
Tecnología y datos: las soluciones del futuro
La segunda jornada del curso abordará las propuestas tecnológicas, incluyendo la creación de un «gemelo digital» del mercado residencial español. Los expertos insisten en la necesidad de bases de datos fiables, «evitando fuentes con intereses ideológicos o comerciales».
El mensaje es claro: la solución al problema de la vivienda pasa por la colaboración público-privada, la seguridad jurídica y, sobre todo, por políticas basadas en datos objetivos. Los notarios, con su arsenal estadístico de 25.000 millones de datos, se posicionan como actores clave en esta batalla.
La pregunta ya no es si España tiene un problema de vivienda, sino si está dispuesta a utilizar las herramientas que tiene a su disposición para solucionarlo.
