El juez de Tarragona que instruye el ‘caso Montoro’, Rubén Rus, ha descartado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cometiese un delito al tener acceso a información sobre los expedientes tributarios de personalidades conocidas como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero porque ese conocimiento formaba «parte de las funciones» que tenía «atribuidas».
En un auto, el instructor de la causa asegura que «el ministro está legitimado para conocer el contenido de los datos» que se le transmiten en materia fiscal. Según se desprende del sumario, habría sido el exdirector de gabinete de Montoro y ex subsecretario de Hacienda y Función Pública Felipe Martínez Rico el que remitió información tributaria al entonces titular del Ministerio.
Montoro, en concreto, habría obtenido presuntamente de la Agencia Tributaria información, entre otros, sobre Esperanza Aguirre, el tenista Rafael Nadal, la baronesa Thyssen y también relativa al caso de corrupción ‘Gürtel’ o al procedimiento en el que se investigaba a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
El instructor descarta que el ministro incurriera en un delito de revelación de secretos en tanto que se trataron, únicamente, de «comunicaciones o daciones de cuenta» que realizaba su jefe de gabinete. «La información se realiza a través de correo corporativo, y es una información en la que participan exclusivamente el jefe de gabinete y el ministro, no se comparte con terceros. Examinados los correos, no consta que hayan sido utilizados para perjudicar al titular de los datos o a tercero, simplemente nos encontramos con una transmisión de información», apunta el juez.
El auto sostiene que «el tipo penal exige que los datos a los que se accede sean datos reservados y que, además, el que acceda a ellos, no esté autorizado» a hacerlo. «Debemos recordar que dato reservado es aquel cuyo acceso se encuentra limitado, datos a los que no puede acceder cualquiera, sino tan solo el que está autorizado. En este caso, las personas que acceden o conocen los datos fiscales o más bien las actuaciones de la Agencia Tributaria frente al contribuyente, son el ministro de Hacienda y su jefe de gabinete», añade.
A este respecto, el instructor afirma que «si al ministro de Hacienda le corresponde la superior dirección de la Secretaría de Estado que dirige la Agencia Tributaria», ha de entenderse que Montoro estaba «plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones» del fisco. «Por lo que el hecho de que sea informado sobre tales actuaciones forma parte de las funciones que tiene atribuidas», apostilla.
Y es que, insiste, aunque «los datos fiscales indudablemente tienen carácter reservado y no pueden ser objeto de público conocimiento, en este caso, como se ha explicado, las personas que han accedido están legalmente autorizadas» a hacerlo.
En esta causa, iniciada hace ya siete años, se investigan las presuntas maniobras del despacho creado por Cristóbal Montoro, Equipo Económico, para favorecer principalmente a empresas gasísticas desde Hacienda durante su mandato como ministro.
En el marco del procedimiento, el juez también ha rechazado la personación como acusación particular del propio Rodrigo Rato o de Juan Carlos Monedero, entre otras. El instructor, en concreto solo ha admitido la personación en la causa del PSOE.
RATO Y MONEDERO, SUPUESTOS PERJUDICADOS
En el sumario del caso consta un escrito de octubre de 2023 donde los abogados de Rato pedían al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, que entonces investigaba el caso bajo secreto, que quedara personado como «perjudicado/interesado» tras conocer, «a través de diversas noticias de prensa», que «figuran unos correos electrónicos de la Agencia Tributaria que guardan relación» con él.
Los letrados de Rato indicaban que «dicha condición derivaría de la información publicada sobre la existencia de dichos correos«, y de su valoración en la junta de fiscales anticorrupción celebrada el 26 de septiembre de ese año, en la que se respaldó el criterio del jefe de esta Fiscalía, Alejandro Luzón, frente al de la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, sobre el curso a seguir en las pesquisas.
Apuntaban también al procedimiento seguido contra Rato en la Audiencia Provincial de Madrid, sobre el origen ilegal de su patrimonio, que concluyó con una condena a 4 años y 9 meses de cárcel contra el ex ministro de Economía por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
También Juan Carlos Monedero presentó un escrito haciendo la misma solicitud al considerar que, de acuerdo a las informaciones que se estaban publicando, «él es una de las personas directamente perjudicadas y ofendidas por el delito y por las acciones de los investigados».
