El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto sobre la mesa una reforma sencilla y de gran impacto: declarar el mes de agosto inhábil para los plazos que afectan al ciudadano en los recursos administrativos.
La propuesta, planteada como de Proposición No de Ley (PNL) hoy en el Congreso por el decano Eugenio Ribón, persigue un objetivo muy concreto: evitar que millones de ciudadanos pierdan su derecho a recurrir por causas tan elementales como estar de vacaciones o no disponer a tiempo de asesoramiento jurídico.
Una desigualdad que no tiene sentido
La diferencia entre la vía judicial y la administrativa es clara.
En los tribunales, agosto se detiene. Lo dice el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Incluso el Tribunal Constitucional se sumó a esta regla en 2023.
Pero en la Administración, la Ley 39/2015 mantiene agosto como un mes hábil. Eso obliga a presentar recursos en pleno verano si se quiere evitar que el plazo expire. Son los recursos ordinarios, de alzada y reposición, el recurso especial en materia de contratación, y los recursos económicos-administrativos y cualquier otros recursos especiales.
“Un mismo ciudadano tiene más garantías si acude a un juez que si se queda en la vía administrativa. Esta incoherencia es jurídicamente injustificable y socialmente injusta. Es una injusticia que hay que corregir”, advierte Ribón.
La base jurídica: la desigualdad estructural
El planteamiento del ICAM descansa en un hecho reconocido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 209/2015: la Administración parte con ventaja. Tiene personal, medios y continuidad. El ciudadano, no.
La doctrina coincide. “La supuesta neutralidad del calendario administrativo enmascara una desigualdad material”, recuerda la profesora de derecho constitucional, Eva Sáenz Royo.
Íñigo Martínez de Pisón Aparicio, abogado y profesor español especializado en Derecho Administrativo, por su parte, opina: “La neutralidad formal en el cómputo de plazos perjudica al ciudadano. Es legítimo establecer correctivos a su favor”.
«El ciudadano está atrapado en un bucle administrativo. Le piden el certificado digital para todo, pero conseguirlo es una odisea. Todo es más lento y despersonalizado que antes”, afirma el decano del ICAM.
150 millones de notificaciones, también en agosto
Los datos de la plataforma DEHú muestran la magnitud del problema: entre 2020 y 2023 se enviaron más de 150 millones de notificaciones electrónicas. Muchas se producen en agosto. Sanciones, requerimientos o resoluciones que dejan poco margen para reaccionar.
La propuesta no paraliza la Administración. Los expedientes seguirán su curso. Lo que cambia es que los plazos para recurrir quedarán en suspenso durante agosto, únicamente para el ciudadano.
En casos urgentes, la Administración podrá habilitar días inhábiles de manera motivada.
Contactos políticos y campaña pública
El Colegio iniciará ahora una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios para conseguir que la iniciativa llegue al Pleno. En paralelo, lanzará una campaña de concienciación bajo el lema #AgostoInhábilYA.
La campaña contará historias reales que ilustran el problema: Marisa, sancionada por Hacienda mientras cuidaba a su madre en otra ciudad; Abdou, extranjero que perdió un recurso en Extranjería por una notificación en agosto; Mónica, que vio rechazada su prestación por no poder aportar a tiempo un documento; y Pedro, autónomo que perdió una ayuda.
“Queremos que esta medida se debata, se escuche y se apruebe. Es razonable, viable y necesaria”, concluye Ribón.
Un problema mayor: la trampa digital
Además, el ICAM advierte de un segundo obstáculo: la digitalización mal gestionada.
«El ciudadano está atrapado en un bucle administrativo. Le piden el certificado digital para todo, pero conseguirlo es una odisea. Todo es más lento y despersonalizado que antes”, concluye el decano del ICAM.
