La entrada en vigor de la normativa que regula la actividad de los creadores de contenido en plataformas de intercambio de vídeo —conocida popularmente como “Ley Influencer”— ha supuesto un paso firme hacia la profesionalización de una industria en constante crecimiento, que hasta hace relativamente poco operaba sin apenas referencias legales específicas.
Por primera vez, se reconoce jurídicamente la relevancia de ciertos perfiles en redes sociales, estableciendo un marco común de responsabilidad, transparencia y protección del consumidor.
Sin embargo, este primer año de aplicación ha dejado claro que la ley, aunque necesaria, es todavía insuficiente y poco adaptada a la complejidad del ecosistema digital. Más que un punto de llegada, representa un punto de partida.
Un paso para avanzar hacia una regulación más flexible, consensuada y con visión de futuro. En SOMG —donde representamos en exclusiva a más de 100 talentos y gestionamos miles de campañas al año— llevamos tiempo incorporando criterios legales y éticos en nuestros procesos internos.
Contamos con un departamento jurídico propio que revisa contenidos, adapta «disclaimers» y ofrece orientación continua a creadores y marcas. No obstante, la experiencia nos ha demostrado que cumplir la ley no basta.
La clave no está solo en seguir lo que dicta un texto normativo, sino en construir un marco común de interpretación y buenas prácticas. Se trata de formar, sensibilizar y alinear a todos los actores del sector en torno a una visión ética y profesional del «influencer marketing».
Esto implica incluir a todo el equipo —desde los cargos directivos hasta los perfiles más junior— en procesos de formación continua y establecer protocolos internos sólidos que garanticen coherencia y rigor en cada acción.
Uno de los avances más relevantes de la nueva normativa es la figura del Usuario de Especial Relevancia (UER), que establece obligaciones más estrictas para los perfiles con mayor impacto.
No obstante, esta categorización no abarca toda la realidad. ¿Qué ocurre con quienes no cumplen estrictamente los requisitos, pero tienen gran influencia en nichos concretos? Aquí es donde entra en juego el compromiso voluntario, individual y corporativo, con las buenas prácticas. Nosotros aplicamos estándares exigentes a todos nuestros talentos, sean o no considerados UER, porque entendemos que la reputación se construye con coherencia, no con excepciones.
Este primer año ha evidenciado que hay muchas áreas del sector que requieren todavía mayor claridad regulatoria.
Algunos de los temas más urgentes son:
● El uso de la inteligencia artificial, con implicaciones en autoría, propiedad intelectual y responsabilidad.
● La protección de menores, no solo como audiencia vulnerable, sino también como creadores de contenido emergentes.
● La asignación de responsabilidades entre creador y anunciante, que sigue siendo ambigua en muchos casos.
● La seguridad jurídica en materia fiscal y tributaria, donde sigue existiendo disparidad de interpretaciones.
Estos retos no pueden resolverse desde un único enfoque jurídico. Requieren diálogo, actualización normativa y, sobre todo, una regulación compartida y viva que involucre a todos los agentes del ecosistema.
Como agencia pionera apostamos por la autorregulación, el cumplimiento proactivo y la formación continua.
Participamos en asociaciones como APIDE, colaboramos en la redacción de propuestas que promueven una regulación clara y precisa, mantenemos un canal abierto con las autoridades competentes y trabajamos junto a marcas que comparten nuestra visión: construir un entorno digital más responsable, transparente y sostenible.
Este primer año de la «Ley Influencer» ha sido clave. No porque haya cerrado el debate, sino porque lo ha abierto de forma estructurada.
Ahora nos toca a todos —creadores, agencias, plataformas y legisladores— seguir construyendo un ecosistema digital donde las ideas fluyan con libertad, pero siempre desde la ética, el respeto y la profesionalización.
Marta Cobo, directora del Departamento Legal SO Media Group, analiza el primer año de la «Ley Influencer»; sus avances y los retos regulatorios.
