El debate sobre el futuro de las mutualidades alternativas a la Seguridad Social ha entrado en una fase decisiva en el Congreso de los Diputados tras cerrarse, el pasado 24 de septiembre, el periodo de enmiendas a la Proposición de Ley presentada por el PSOE para habilitar la pasarela de los mutualistas al régimen de autónomos (RETA) en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
Enmiendas que marcan el camino en dos bloques: los que apuestan por mantener el régimen de alternatividad y los que reclaman su eliminación progresiva a partir de 2026.
Mayoría absoluta a favor de mantener el sistema
En este sentido, Partido Popular, Vox y Junts han registrado enmiendas en defensa del mantenimiento del modelo actual. Entre los tres suman 177 escaños (la mayoría es 175 más 1), una mayoría absoluta que pone al Gobierno en una posición incómoda y abre la puerta a una posible rectificación de la propuesta socialista.
Junts, no obstante, condiciona su apoyo a que el Ejecutivo realice antes de 2030 una evaluación del sistema de alternatividad y, en función de sus resultados, decida si lo mantiene, reforma o suprime.
En el otro lado del tablero, ERC, Sumar, EH Bildu, BNG, Compromís y Coalición Canaria coinciden en poner fin a la alternatividad en 2026.
Podemos y PNV, más moderados, retrasan la fecha límite a 2027, pero también abogan por cerrar esta vía que permite a los profesionales colegiados optar por una mutualidad en lugar del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Consenso en la transferencia de fondos
Hay consenso casi general en permitir la transferencia de fondos de los mutualistas a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) sin carga fiscal, una medida que respalda la mayoría de partidos salvo Podemos.
También se observa respaldo en torno a una salida ordenada de los fondos, planteada por Vox, Junts y PNV, que permitiría mantener el dinero en la mutualidad hasta que el profesional cause derecho a la prestación.
Pero uno de los puntos que más inquieta a las mutualidades es la propuesta de varios grupos —entre ellos PNV, Junts y el bloque de izquierdas— de equiparar las prestaciones a las de la Seguridad Social, con obligación de actualizarlas periódicamente. Una medida que, según fuentes del sector, podría poner en riesgo la sostenibilidad del modelo.
Quedan sobre la mesa cuestiones clave aún sin respuesta. La primera: ¿cuánto deberán abonar los mutualistas para compensar los años en los que no cotizaron al RETA?. La segunda: ¿qué impacto tendrá esta operación en las cuentas de la Seguridad Social?. Y una tercera, no menor: si el paso al RETA incluirá penalizaciones o recortes que, en la práctica, lo conviertan en una opción poco atractiva.
Los colectivos a los que afectará esta reforma
Los intereses, de fondo, también tienen su peso en la fase negociadora. El Consejo General de la Abogacía Española ha venido reclamando una tramitación ágil de la norma, advirtiendo que miles de profesionales mutualistas se ven obligados a prolongar su vida laboral o a aceptar pensiones muy reducidas debido a que sus derechos no están plenamente reconocidos.
Desde los colegios profesionales —entre ellos abogados, procuradores o arquitectos— se advierte de que el texto actual podría dejar desprotegidos a jubilados y a quienes ya acumulan años de cotización en mutualidades. Además, alertan de que, en algunos supuestos, las pensiones que resulten de este sistema serían hasta un 30 % más bajas que las del RETA mínimo.
Por su parte, las mutualidades alternativas han mostrado disposición a colaborar en el proceso, siempre que se garantice que los mutualistas no resulten perjudicados.
Sin embargo, critican la incorporación de cláusulas que, a su juicio, podrían generar cargas excesivas o condiciones de difícil cumplimiento para aquellos que opten por trasladarse al régimen de la Seguridad Social.
Los siguientes pasos
Tras el registro de enmiendas, el PSOE iniciará conversaciones bilaterales con los distintos grupos para explorar posibles consensos. Posteriormente, se designará una Ponencia encargada de elaborar un informe, que pasará a debate en la Comisión de Trabajo y después al Pleno del Congreso.
El texto final será remitido al Senado, donde podrá ser modificado antes de su aprobación definitiva.
El desenlace de este proceso legislativo marcará el futuro de miles de profesionales colegiados. El dilema no es menor: mantener un modelo con más de medio siglo de historia o dar paso a su desaparición en favor de una integración plena en la Seguridad Social.
En un Congreso tan fragmentado, el resultado dependerá de la capacidad de negociación y de las alianzas que se tejan en las próximas semanas.
