«La democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones» — Adam Przeworski, Democracy and the Market (1991).
En marzo, los politólogos de la Universidad de Gotemburgo dictaminaron que Estados Unidos ha dejado de ser una democracia liberal.
En abril, la unidad de inteligencia de The Economist concluyó que Estados Unidos seguía siendo una democracia —defectuosa, pero democracia— y le asignó 7,65 puntos sobre diez.
Para V-Dem, su Índice de Democracia Liberal se situó en 0,57 y el país había perdido ya aquella condición. Las cifras no pueden restarse como si pertenecieran a una misma escala; las categorías, sin embargo, ofrecen dos diagnósticos sustancialmente distintos del mismo paciente.
Conviene, pues, empezar por donde nunca se empieza: por el termómetro, no por la fiebre.
Cada primavera se publican los tres grandes medidores de la calidad democrática mundial, y cada primavera gobiernos y oposiciones de medio planeta los leen como se leen los análisis clínicos: buscando la línea que absuelve y saltándose la que inquieta.
Este año los informes dicen tres cosas que incomodan a todos.
Primera: la recesión democrática ha llegado, por primera vez, al corazón institucional de Occidente.
Segunda: los instrumentos discrepan entre sí bastante más de lo que sus lectores suponen.
Tercera: España, contra el relato dominante en su propia conversación pública, sube en todos ellos. Las tres afirmaciones requieren examen. La tercera exige, además, honestidad.
Tres casas, tres termómetros
El más citado es el Democracy Index de la Economist Intelligence Unit, que acaba de publicar su decimonovena edición con un título que es toda una declaración de prudencia: «Does 2025 Mark the Bottom of the Democracy Recession?».
Así, con signo de interrogación. Evalúa 167 países mediante sesenta indicadores agrupados en cinco dimensiones —proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles— y clasifica el resultado en cuatro categorías: democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
Es un producto comercial de una casa londinense, elaborado con panel de expertos, y esa condición, lejos de ser un secreto, forma parte del pleito que veremos después.
El segundo es el más ambicioso académicamente: el Democracy Report del instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, cuya décima edición lleva también título interrogativo, aunque de signo inverso: «Unraveling the Democratic Era?» —¿se deshace la era democrática?—.
Su maquinaria impone respeto: más 4.200 expertos, más de 600 atributos por país, series que arrancan en 1789 y decenas de millones de puntos de datos sobre doscientos dos países y territorios.
El tercero es el decano: Freedom in the World, de Freedom House, que publica su evaluación de los derechos políticos y las libertades civiles de cada país desde 1973 y actualmente la expresa en una escala de cero a cien.
Su edición de este año se titula, sin interrogantes, «The Growing Shadow of Autocracy».
Que miden cosas parcialmente distintas lo demuestra un ejemplo que debería curar de literalismo a cualquier lector de rankings: el Reino Unido ocupa el puesto 18 para Londres y el puesto 30 para Gotemburgo, que además lo incluye este año en su lista de países en proceso de autocratización.
La lección no es que los índices no sirvan. Es que ningún número con dos decimales debe leerse como un marcador deportivo. Estos instrumentos valen por sus series y por sus direcciones, no por el decimal de una edición concreta.
Quien los cita para presumir de un puesto exacto y quien los descalifica por una oscilación anual cometen, en el fondo, el mismo error de lectura.
El mapa de 2026: la fiebre llega al corazón
La casa londinense entrega este año la lectura más amable: la media global sube de 5,17 a 5,19 —la primera vez en ocho años que no baja— y casi tres cuartas partes de los países mejoran o repiten puntuación. De ahí el interrogante del título: quizá 2025 haya marcado el suelo de la recesión democrática.
El propio informe se cuida de afirmarlo, con la prudencia de quien ha anunciado demasiadas primaveras que luego no llegaron.
El diagnóstico sueco es demoledor. El nivel medio de democracia en el mundo ha retrocedido, según V-Dem, a valores de 1978: casi todo lo ganado en la tercera ola de democratización que describió Huntington se ha evaporado.
El 74 por ciento de la humanidad —unos 6,000 millones de personas— vive hoy bajo autocracias; apenas el 7 por ciento habita democracias liberales; y un récord del 41 por ciento de la población mundial reside en países inmersos en procesos de autocratización.
Freedom House completa el cuadro con su propia serie: 2025 fue el vigésimo año consecutivo de declive de la libertad global, con 54 países empeorando por 35 que mejoran.
¿Estabilización o desmoronamiento? Los tres informes, sin embargo, convergen en el dato que de verdad define este ciclo: la novedad ya no está en la periferia.
De los diez nuevos países en autocratización que V-Dem identifica en sus datos de 2025, seis pertenecen a Europa y Norteamérica, con Italia, el Reino Unido y Estados Unidos entre ellos.
Freedom House, por su parte, señala a Estados Unidos, Italia y Bulgaria como las mayores caídas del año entre los países clasificados como libres. Durante tres décadas, la degradación democrática fue un fenómeno que las cancillerías occidentales estudiaban en los demás. La fiebre ya no es tropical.
América: cuando tres instrumentos marcan la misma pendiente
El caso americano merece capítulo propio porque en él los tres instrumentos, con toda su discrepancia de calibrado, marcan idéntica dirección.
Para la EIU, Estados Unidos cae del puesto 28 al 34 y de 7,85 a 7,65 puntos, su peor registro desde que el índice existe. Figura como democracia defectuosa desde 2016, pero el descenso de 2025 tiene una causa localizada: el retroceso de su puntuación en libertades civiles bajo la segunda administración Trump.
V-Dem va más lejos: Estados Unidos ha perdido la condición de democracia liberal que mantenía como estatus de largo plazo, y su deterioro avanza, dice el informe, a una velocidad sin precedentes: retrocedió más en un año que lo que otros países en una década.
Freedom House lo puntúa con 81 sobre 100 —tres puntos menos que el año anterior y doce menos que hace dos décadas, la mayor caída acumulada entre los países libres con las solitarias excepciones de Nauru y Bulgaria— y detalla las causas: disfunción legislativa, dominancia del ejecutivo, presión creciente sobre la libertad de expresión y desmontaje de salvaguardas anticorrupción.
Se puede discutir el decimal de cada casa. Lo que no admite discusión razonable es la dirección cuando tres metodologías independientes —una empresa londinense, una academia sueca, una fundación washingtoniana— trazan la misma pendiente.
Staffan Lindberg, director de V-Dem, apunta la próxima prueba: las legislativas de noviembre de 2026 dirán si el deterioro alcanza también a los indicadores electorales.
Y, sin embargo, el propio informe sueco ofrece un contrapunto que conviene no omitir: la regresión no es irreversible. V-Dem documenta diversos procesos de recuperación tras episodios de autocratización; Brasil y Polonia figuran entre ellos, mientras Corea del Sur aparece como el caso más próximo a incorporarse a esa lista.
Cuando una autocracia inicia verdaderamente un proceso de democratización, la tasa histórica de éxito alcanza aproximadamente el 70 por ciento. La autocratización no es una condena. Es un proceso, y los procesos se interrumpen.
España: la línea que sube mientras el ruido crece
Y España. Quien espere encontrar aquí la demolición de los rankings quedará defraudado; quien espere la absolución, también.
La serie española del índice de The Economist es inequívoca: 7,94 en 2021 —su mínimo, el año en que el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces costó al país la degradación temporal a democracia defectuosa—, 8,07 en 2022 y 2023, 8,13 en 2024 y 8,20 en la edición recién publicada, que la sitúa en el puesto 22 de 167 países.
Vuelvo sobre lo que apunté en mayo en esta misma serie: España está en el grupo de cabeza, pero en la cola del grupo de cabeza. La novedad es que la línea, despacio, sube.
La comparación europea aporta la perspectiva que el debate doméstico suele negarse a sí mismo. España puntúa hoy por delante de Francia —que acaba de recuperar la etiqueta de democracia plena y ocupa el puesto 26—, de Bélgica y de Italia, y por detrás de Alemania, el Reino Unido y Portugal.
El informe sueco, con metodología radicalmente distinta, coincide en lo esencial. V-Dem la sitúa en el puesto 21, con 0,74 puntos: mejora cuatro posiciones respecto del año anterior, aunque mantiene la misma puntuación. Introduce, además, un matiz que conviene no ocultar: España aparece entre los denominados near misses de autocratización, por debajo del umbral que permitiría considerarla un caso activo y fuera de la lista formal de vigilancia, pero lo bastante cerca como para desaconsejar cualquier lectura complaciente. Freedom House, por su parte, eleva su nota de 90 a 91, en parte tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la cobertura de vacantes judiciales.
Cuando tres instrumentos que discrepan sobre casi todo lo demás coinciden sobre un país, el dato gana una solidez que ninguna edición aislada tendría.
Ahora, la letra pequeña, porque la hay.
Los componentes cuentan una historia menos cómoda que el titular: España roza la excelencia en proceso electoral y pluralismo —9,58 en la edición anterior, entre los mejores registros del mundo— y puntúa alto en libertades civiles, pero sus talones de Aquiles siguen siendo la participación política y el funcionamiento del gobierno.
Y fuera del perímetro de The Economist, el índice específico del Estado de Derecho añade su propia advertencia: el Rule of Law Index del World Justice Project sitúa a España en el puesto 25 de 143.
Su edición más reciente registra un deterioro general del Estado de Derecho en el 68 por ciento de los países y, dentro de ese retroceso, una caída específica de los controles judiciales sobre el ejecutivo y de la independencia de la justicia civil y penal.
Las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el sistema de gobierno de los jueces, como recordé hace unas semanas, siguen sobre la mesa.
La lectura honesta es que España no está donde su conversación pública cree estar.
No figura en el grupo de los que se degradan —ahí están hoy Estados Unidos, Italia y el Reino Unido— y tampoco en el olimpo nórdico que encabeza todos los rankings.
Está en la frontera baja de la excelencia, con una línea que asciende despacio y unos cimientos —cultura política, calidad de la acción de gobierno, gobernanza judicial— que envejecen mal. El apocalipsis retórico de cada tertulia no aparece en ningún instrumento de medición.
La complacencia oficial, tampoco.
El pleito contra los medidores
Digamos ahora la mejor versión del argumento contrario, porque existe y es seria.
Los índices agregan juicios de expertos, y los expertos tienen sesgos de formación, de nacionalidad y de escuela.
La EIU es una empresa privada que vende informes, no un organismo internacional sujeto a rendición de cuentas. V-Dem pondera cientos de atributos cuya sola selección incorpora ya una teoría determinada de la democracia, la liberal, que no todos comparten.
Y las oscilaciones de una edición a otra se sobreinterpretan de forma sistemática: media España celebró o lamentó, según trinchera, un ascenso de dos puestos que cabía íntegro dentro del margen de ruido del instrumento.
A ese pleito metodológico se suma el uso partidista, que en España constituye ya un género propio: quien gobierna blande el ranking como certificado de buena conducta expedido en Londres; quien aspira a gobernar lo desdeña como propaganda de casa ajena; y ambos intercambian los papeles sin sonrojo aparente en cuanto el dato cambia de signo.
El índice que ayer era un rigor científico pasa a ser mañana una operación mediática, y viceversa, con una elasticidad que ningún instrumento de medición resistiría.
Todo lo anterior es cierto. Y nada de lo anterior inutiliza los instrumentos. Precisamente porque cada casa mide con supuestos distintos, la convergencia direccional entre ellas es la información valiosa: un termómetro aislado puede estar mal calibrado, pero tres termómetros independientes marcando la misma pendiente no se equivocan sobre la existencia de la fiebre.
Por eso la convergencia hace muy difícil reducir la degradación americana a una impresión partidista, y por eso la posición española —cabeza de pelotón, lejos del podio— es un dato y no un relato. El detalle oscila; la dirección, no.
Lo que los índices miden peor
Los índices reconstruyen estados y trayectorias; lo que capturan peor es la latencia institucional. La salud de una democracia no depende solamente de que aparezca el abuso —todos los sistemas los conocen—, sino del tiempo que necesita para detectarlo, contenerlo y corregirlo antes de que el precedente se normalice.
He sostenido en esta serie que esa es precisamente la diferencia entre los sistemas sanos y los erosionados: la velocidad y la calidad de la respuesta institucional.
Esa variable, la decisiva, cotiza mal en cualquier ranking, porque solo se revela cuando el sistema es puesto a prueba, y para entonces la fotografía anual llega siempre tarde.
Escribió Przeworski que la democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones.
Tres décadas después, los medidores han desplegado cientos de atributos, miles de expertos y millones de datos para sofisticar aquella intuición formulada en una sola frase.
Han hecho bien: medir es la condición de saber. Pero al final todo regresa al punto de partida. Los termómetros describen dónde se encuentra hoy un sistema y cómo ha llegado hasta allí.
Lo que no pueden saber es lo único que importará mañana: si quien pierda las próximas elecciones aceptará haberlas perdido.
