La Junta General de Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid ha lanzado una seria advertencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a los Ministerios de Justicia e Igualdad: las secciones 26ª y 27ª, especializadas en violencia sobre la mujer, se encuentran al borde del colapso ante la inminente ampliación de sus competencias sin refuerzo de medios personales ni materiales.
Según el acuerdo adoptado por unanimidad el 2 de octubre, ambas secciones ya soportan una carga de trabajo que duplica los indicadores establecidos por el CGPJ, con tiempos de respuesta en apelación que superan el año. Pese al “alto nivel de dedicación y rendimiento” de sus magistrados, la situación es insostenible, reconoció incluso el Servicio de Inspección del CGPJ en un informe de 2023, que reclamó medidas estructurales urgentes y refuerzos efectivos.
La ampliación de competencias, detonante del problema
La preocupación se agrava con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que amplía las competencias de las secciones especializadas para incluir delitos sexuales y otras formas de violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo, en cumplimiento de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
La Junta General ya había alertado en febrero de 2025 de que esta expansión “desbordará completamente” a las secciones de violencia sobre la mujer, que quedarán “saturadas e imposibilitadas para ofrecer a las víctimas un trato adecuado y sosegado”.
Además, el Real Decreto 422/2025, que regula la dotación de nuevas plazas judiciales, no contempla la creación de nuevas secciones especializadas en las Audiencias Provinciales, una omisión que los magistrados califican de “grave incumplimiento” de la propia Ley 10/2022, que exigía la previa dotación de recursos antes de ampliar competencias.
“Se romperá el modelo de protección integral”
El acuerdo alerta de que, sin nuevas secciones, la ampliación supondrá “la pérdida de eficacia de la Ley Orgánica 1/2004”, considerada un referente internacional en la protección integral a las víctimas de violencia de género.
Los magistrados subrayan que desde su creación, los órganos especializados han ofrecido una atención integral a las mujeres y sus hijos, alineada con el Pacto de Estado de 2025, que además prevé ampliar el abordaje a la violencia económica, vicaria y digital.
“Romper este marco sin medios suficientes desdibuja la configuración de estos órganos y convierte en papel mojado todos los logros conseguidos”, sostiene el texto.
No a transformar secciones generalistas
La Junta rechaza expresamente que la solución pase por convertir secciones penales ordinarias en especializadas, ya que ello “perjudicaría el funcionamiento de unas secciones que ya registran un aumento del 15,79% en el ingreso de asuntos en 2024”.
La única salida viable, reiteran, es la creación urgente de dos nuevas secciones de violencia sobre la mujer en la Audiencia Provincial de Madrid.
Llamamiento institucional
En su resolución, los magistrados acuerdan dirigirse a la Sala de Gobierno del TSJ, al CGPJ y a los ministerios competentes para denunciar la situación e interesar la inmediata creación de las secciones adicionales.
El acuerdo invoca el espíritu de la Ley Orgánica 1/2004, recordando que los poderes públicos tienen el deber constitucional de adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos fundamentales de las víctimas de violencia de género.
“Abocar a estos órganos sobrecargados a nuevas competencias sin los medios necesarios no sólo incumple nuestras obligaciones internacionales —como el Convenio de Estambul—, sino que compromete gravemente la respuesta judicial a una de las violencias más intolerables de nuestra sociedad», conluiye.
