El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el funcionario contra el Ayuntamiento de Laguardia, reconociendo el acoso laboral que sufría, que le llevaba a sufrir ansiedad. Y con ello, ha condenado a la administración a indemnizar al trabajador público con 31.000 euros en concepto de daños morales.
Borja (nombre ficticio), tomaba posesión en su cargo público del Ayuntamiento de Laguardia el 13 de mayo de 2022. Un puesto que mantenía en 2023, cuando el funcionario interponía un procedimiento contencioso-administrativo, «para salvaguardar sus intereses salariales», frente al Ayuntamiento, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Vitoria-Gasteiz.
Tribunal que, en su sentencia de 21 de junio de 2023, fallaba a favor del trabajador. Algo que, sin embargo, era el inicio de la pesadilla para Borja.
Y es que, a partir de esta resolución judicial, y tal y como explica ahora la sentencia del TSJPV, el trabajador dejó de ser «anónimo» en esta administración. Ello, abriéndose un debate en el Consistorio para analizar «la recurribilidad de la sentencia, o su acatamiento directo».
«Sólo quiere ganar dinero» se apostillaba en el Consistorio.
«Se denunciaron una serie de hostigamientos, desde no pagarle un complemento económico, el vaciamiento de funciones, intento de la corporación municipal de no cumplir una sentencia condenatoria previa de un juzgado de lo contencioso, etc. El alcalde, del PNV, pretendía, en definitiva, que se fuera el funcionario, habilitado nacional», explican fuentes jurídicas del caso a Confilegal.
Una situación que se hacía cada vez más insostenible, «hasta el punto de exigir para la cobertura del puesto saber vasco. Y, cuando el secretario le mandaba correos en vasco, el alcalde pedía que le escribiera en castellano».
El TSJPV reconoce el acoso laboral al funcionario
Un acoso que llegaba ante el Juzgado de lo Social nº1 de Vitoria. Juzgado que, sin embargo, desestimaba la demanda interpuesta por el trabajador contra el Ayuntamiento, así como contra el alcalde, Raúl García Ezquerro.
Algo que llevaba a la defensa del funcionario, dirigida por el abogado Juan Antonio Frago Amada, del bufete Frago & Suárez, a presentar un recurso de suplicación ante el TSJPV. En concreto, ante la sala compuesta por los magistrados Florentino Eguaras Mendiri (presidente en funciones y ponente), Maite Alejandro Aranzamendi, y Juan Carlos Benito-Butron Ochoa.
Magistrados que, en su sentencia 1991/2025, estimaban parcialmente las pretensiones del funcionario.
Así pues, reconoce el TSJPV que el funcionario sufrió «una degradación de funciones y retribuciones». Y así, determina la sala que «sí ha existido un ambiente hostil que rebasa los simples conflictos de trabajador y empresario», tal y como exponía el tribunal de instancia. Un ambiente que provocaba que el funcionario se encontrase en una situación de incapacidad temporal ansiedad en octubre de 2022, y posteriormente, en abril de 2024.
«Aceptamos encontrarnos ante una infracción muy grave», destaca el tribunal. Algo, por lo que se estima el recurso presentado por el trabajador. Y así, se condena al Ayuntamiento de Laguardia a indemnizar con 31.000 euros en concepto de daños morales a Borja. Ello, absolviendo a su vez al alcalde municipal de las pretensiones en su contra. Sin costas.
