El 31 de octubre de 2025 no será recordado como una fecha más en el calendario diplomático. Fue el día en que las Naciones Unidas, en un acto de pragmatismo brutal, oficiaron el entierro de una de sus promesas más longevas: el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad no es una simple renovación de mandato; es un réquiem por treinta años de un proceso de paz que, con todos sus defectos, mantenía viva la opción de un referéndum.
Esa opción ha muerto.
Lo que se ha consagrado en Nueva York es un cambio copernicano del lenguaje. Durante décadas, el Consejo “tomaba nota” de las propuestas. Ahora ha decidido ser el árbitro que no solo pita el final del partido, sino que entrega la copa.
Al consagrar la autonomía marroquí como la “base” y la “solución más realista y viable”, la ONU ha abandonado cualquier pretensión de neutralidad. Ha elegido un vencedor y, en consecuencia, ha señalado a los vencidos.
Las reacciones, por supuesto, han sido un espejo de esta nueva realidad de suma cero. En Rabat, el rey Mohamed VI ha proclamado una victoria histórica, un “antes y un después” que cierra el debate y consolida su bloque de aliados, agradeciendo explícitamente a Estados Unidos, Francia y España.
En los campamentos de Tinduf, la respuesta ha sido un rechazo categórico. El Frente Polisario, al anunciar que se retira de cualquier negociación basada en estos términos, ha declarado la vía diplomática como un callejón sin salida.
«VACÍO DE ESPERANZA»
Es una decisión que, al cerrar la puerta política, crea un peligroso “vacío de esperanza”. Cuando la diplomacia se percibe como una farsa, la retórica se endurece y se gira hacia el “derecho a la autodefensa”.
La resolución, diseñada para estabilizar, puede ser el catalizador de una nueva escalada militar.
Para España, esta resolución es una paradoja peligrosa. A corto plazo, supone una victoria táctica innegable. El controvertido giro diplomático de 2022, que alineó a Madrid con Rabat, recibe ahora la bendición multilateral.
El Gobierno puede argumentar que no está solo, sino alineado con la “voluntad de la comunidad internacional”. Se refuerza el eje Madrid-Rabat, vital para la gestión migratoria y la lucha antiterrorista.
Sin embargo, esta victoria táctica esconde una profunda derrota estratégica. España ha canjeado su autonomía y su papel histórico de mediador por una alianza preferencial que la deja en una posición de extrema vulnerabilidad.
La estabilidad ganada en la frontera con Marruecos se ha pagado con la hostilidad de Argelia. Hemos creado una vulnerabilidad crítica en nuestro flanco energético y de seguridad.
La cooperación antiterrorista en el Sahel, que depende de Argel tanto o más que de Rabat, queda gravemente comprometida.
Pero el problema es aún más profundo. Este voto no se trataba del Sáhara; se trataba de la creciente competencia entre grandes potencias. El Sáhara Occidental es solo un escenario más de la nueva Guerra Fría.
El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, ha decidido que la estabilidad de un aliado estratégico como Marruecos es prioritaria sobre los principios del derecho internacional. Mientras, Rusia y China, con sus calculadas abstenciones, se posicionan como defensores de un orden legalista para cortejar a los actores despechados, como Argelia.
Lejos de resolver un conflicto, la ONU lo ha transformado. Ha cambiado un conflicto congelado, gestionable aunque injusto, por una bomba de relojería.
Se ha impuesto una “paz de los vencedores” que ignora las causas profundas de la tensión. Al sacrificar el derecho en el altar de un pragmatismo cortoplacista, hemos sentado las bases de una inestabilidad mucho mayor.
España, que celebró esta validación con un silencio calculado, puede descubrir demasiado tarde que se ha atado al mástil de un barco que navega directo hacia la tormenta.