La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha avisado que debe cumplirse la exigencia de descolonizar el Sáhara Occidental a través del referéndum de autodeterminación, tal y como recoge el derecho internacional y distintas resoluciones de las Naciones Unidas (ONU).
Así lo insta en un mensaje publicado en Twitter, en el que recuerda la conclusión de apoyo al Sáhara que aprobó en el congreso de octubre de 2021.
La UPF abordó entonces la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que declaraba la nulidad del acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos porque incluía «la explotación de los recursos del Sáhara Occidental que no pertenecen a Marruecos», y «como potencia administradora y de todas las instituciones comunitarias,
La UPF destacó entonces y reitera de nuevo que «debe cumplirse con el derecho internacional que exige la descolonización del Sáhara Occidental a través del referéndum de autodeterminación sancionado por la ONU».
Ha reaccionado así después de que se diera a conocer una carta al Rey Mohamed VI en la que el Gobierno ha trasladado que «España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo».
Dicho plan, que se sometería a referéndum previo, prevé ciertas competencias en materia de economía, infraestructuras, desarrollo social y cultura, entre otros ámbitos, para la antigua colonia española, mientras que se reserva ámbitos clave como defensa, relaciones exteriores o religión, que recaen de forma específica bajo control del Rey Mohamed VI.
El reconocimiento del plan de autonomía marroquí como una posible solución ha recibido de forma automática las críticas del Frente Polisario, cuyo delegado en España, Abdulah Arabi, ha reprochado que no se les haya avisado de antemano de este giro. En su opinión, el presidente del Gobierno «sucumbe ante la presión y el chantaje» de Marruecos al avalar dicho plan como «peaje» para retomar las dañadas relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países.
Las críticas también han llegado de los socios del Gobierno de coalición y de otros grupos parlamentarios.
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