La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) –la segunda en número de afiliados– ha reprochado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no haya alcanzado un acuerdo para expresar públicamente su respaldo a la magistrada Beatriz Biedma ante las informaciones sobre posibles actuaciones de hostigamiento e intimidación contra ella y su entorno.
En un comunicado, la asociación atribuye esa falta de consenso a la división interna del Consejo y cuestiona sus consecuencias para la defensa de la independencia judicial.
El pronunciamiento no identifica las actuaciones denunciadas, su origen ni las personas a las que se atribuyen. Tampoco precisa qué propuesta de declaración se debatió, o cuál fue la posición de cada vocal. Su denuncia se centra en la respuesta institucional que, según sostiene, debía haber recibido la magistrada.
Para la AJFV, lo ocurrido constituye un «episodio de extraordinaria gravedad institucional». No presenta la falta de acuerdo como una discrepancia aislada: la vincula con una forma de funcionamiento que, a su juicio, dificulta que el Consejo cumpla su cometido cuando aparecen posibles presiones sobre quienes ejercen la jurisdicción.
Respaldo sin prejuzgar
Uno de los puntos centrales del comunicado es la distinción entre apoyar a una magistrada y dar por acreditados unos hechos que están siendo investigados. La asociación rechaza que ambas decisiones deban confundirse.
«Expresar preocupación ante posibles actuaciones intimidatorias y trasladar respaldo a una magistrada no supone prejuzgar hechos ni atribuir responsabilidades penales», sostiene.
Con ese argumento responde a la invocación de la prudencia ante una investigación judicial en curso que, según el propio comunicado, se habría utilizado para justificar la ausencia de un pronunciamiento.
El texto no identifica quién formuló esa objeción ni reproduce sus términos. Tampoco incorpora una explicación del Consejo o de los vocales discrepantes. La posición que recoge es la de la asociación, que considera compatible preservar la investigación y expresar apoyo institucional a la magistrada.
La AJFV admite que la prudencia es «imprescindible», pero advierte de que no puede transformarse en una justificación para no actuar.
Su reclamación no consiste en que el Consejo determine responsabilidades penales, sino en que transmita respaldo ante informaciones sobre posibles presiones relacionadas con el ejercicio de la función jurisdiccional.
La división bajo reproche
La crítica se dirige también a los bloques que el comunicado describe como «autodenominados conservador y progresista». Según la asociación, esa división está condicionando gravemente la capacidad del órgano para desempeñar las funciones que le corresponden.
«La independencia judicial no puede defenderse en función de quién sea el juez, a quién investigue o de dónde procedan las presiones», afirma la AJFV. Tampoco, añade, debe quedar subordinada a mayorías, equilibrios internos o discrepancias entre sectores.
El reproche no alcanza al derecho de los vocales a discrepar. La asociación reconoce expresamente que pueden mantener posiciones distintas. Lo que cuestiona es que esas diferencias impidan cumplir una responsabilidad institucional que considera ajena a cualquier afinidad ideológica.
Desde esa perspectiva, sostiene que el Consejo no debe reproducir las divisiones del Parlamento ni actuar como representación de sensibilidades políticas. La falta de acuerdo sobre Biedma sería, en su interpretación, un problema de funcionamiento institucional, no solo una controversia sobre el contenido de una declaración.
Elección directa de los vocales
A partir de este episodio, la Francisco de Vitoria reitera su propuesta de modificar el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial para que sean elegidos directamente por jueces y magistrados. La presenta como una reivindicación previa, reforzada ahora por la ausencia de consenso que denuncia.
La asociación atribuye al sistema de elección la reproducción de dinámicas partidistas dentro del Consejo. Esa es su valoración y el fundamento de la reforma que reclama; el comunicado no desarrolla un procedimiento electoral concreto ni una propuesta normativa.
El texto termina reclamando una reflexión sobre las consecuencias de esas divisiones para la credibilidad del órgano. No anuncia acciones judiciales ni concreta nuevas iniciativas. Quedan sin detallar la propuesta de apoyo debatida, las posiciones de los vocales y las razones completas por las que no prosperó.
