«Los fiscales tenemos un compromiso con la verdad más allá de los intereses asociativos, pero tengo la sensación de que fuentes interesadas están intentando alterar el desarrollo normal de las elecciones al Consejo Fiscal y del trabajo que se realiza en dicho órgano y en especial en relación al Pleno que celebrará dentro de dos semanas y en el que hay un concurso discrecional con muchos nombramientos». Así lo manifiesta a Confilegal la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Inés Herreros.
Se pronuncia así tras las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre la supuesta intervención de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el caso Stampa, relativo a las diligencias de investigación que se siguieron contra el exfiscal del ‘caso Villarejo’ Ignacio Stampa por un supuesto delito de revelación de secretos.
Inés Herreros, que también vocal del Consejo Fiscal por la lista de la UPF, afirma que no existe ningún escándalo y que la fiscal general del Estado ya había comunicado al Consejo Fiscal, a la Carrera, y a los medios de comunicación que estaba siendo informada en base al artículo 25.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) en relación a la denuncia penal ante la Fiscalia contra Stampa.
Y denuncia «el grave daño que dichas fuentes están ocasionando a la Fiscalía».
Herreros ha publicado hoy un hilo en Twitter denunciando esta situación, en el que señala que las informaciones periodísticas sobre la supuesta «mentira» de la fiscal general del Estado, publicada «en algún medio de comunicación parten de «un evidente error jurídico» y se teme que «inducido malintencionadamente por la fuente de la información» a los periodistas.
«La fiscal general del Estado informó fuera y dentro del Consejo Fiscal que se había abierto un expediente para dar trámite al contenido del artículo 25.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por lo que efectivamente, los vocales del Consejo Fiscal fueron informados de este extremo. También la prensa, la Carrera Fiscal y la opinión pública, a través de una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2021», explica, y adjunta dicha nota.
Inés Herreros manifiesta que todos los que conocen el alcance del artículo 25.2 saben que eso exige poner los hechos en conocimiento de la fiscal general de la Estado.
Añade que Delgado informó al Consejo Fiscal, a los medios de comunicación, a la Carrera y a la opinión pública que había abierto un 25.2. «Ya sabíamos que estaba informada», subraya Herreros. Por tanto, manifiesta que «no hay escándalo alguno», sino «cumplimiento puntual del Estatuto y fuentes mal intencionadas».
Además, apunta que dichas fuentes «muestran a los periodistas parte del acta» del Consejo Fiscal del pasado 24 de noviembre, en el que el fiscal de Sala Jefe de la Técnica dice que la fiscal general del Estado no intervino en los «hitos» que él relataba. «Era obvio que no se refería a que no estaba informada, porque eso se desprendía de la información previa, por el 25.2», señala Herreros.
Cierra el hilo diciendo que a veces es complicado entender el significado del mundo del Derecho, pero que «esta vez, parece que las «fuentes» han faltado a su compromiso con sus periodistas de confianza». Y concluye que «era sencillo: Desde que la fiscal general del Estado informó del 25.2 todos sabíamos que estaba informada».
Preguntada por Confilegal por qué realiza estas manifestaciones, responde que porque los fiscales «tienen que tener un compromiso con la verdad y el rigor informativo».
Respecto al comunicado publicado ayer por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que reclama que se establezca como causa automática de cese del fiscal general del Estado la infracción del deber de abstención, Inés Herreros responde que «desconoce cuáles son los intereses que mueven al presidente de la APIF para realizar esas declaraciones a sabiendas de que existía ese artículo 25.2». «Por lo tanto, él no tiene ninguna excusa para alegar el desconocimiento del Derecho», añade.
En relación a la abstención de la fiscal general del Estado, destaca que «no existe cobertura legal para que un fiscal general del Estado se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional, como quedó patente en el Consejo Fiscal de noviembre de 2021».
«En todo caso, esta asociación está elevando el tono de lo que debiera ser la sana crítica a unos niveles que considero que son muy perjudiciales para la institución, para la imagen del trabajo que desarrollamos, y copia el peor modelo del conflicto partidista al que en ocasiones asiste nuestra democracia», manifiesta.
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