Un fiscal del caso Villarejo, una fiscal de Púnica, dos jefes superiores y dos jefas provinciales, entre los candidatos al Consejo Fiscal
Entrarán al Consejo Fiscal los nueve más votados, para un periodo de cuatro años. En la imagen, el Consejo Fiscal actual.

Un fiscal del caso Villarejo, una fiscal de Púnica, dos jefes superiores y dos jefas provinciales, entre los candidatos al Consejo Fiscal

En las elecciones, que se celebrarán en mayo, los miembros de la Carrera Fiscal votarán a un máximo de seis candidatos de entre los presentados por las asociaciones, aunque podrían presentarse también aspirantes de forma individual
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24/2/2022 10:38
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Actualizado: 24/2/2022 10:50
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La Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ya han presentado su lista de candidatos para los nueve puestos del Consejo Fiscal, el órgano consultivo de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Entre los aspirantes figuran un fiscal del caso Villarejo, una fiscal del caso Púnica, dos fiscales jefes superiores y dos fiscales jefas provinciales.

En las elecciones, que se celebrarán el próximo mes de mayo, los miembros de la Carrera Fiscal, constituida por más de 2.500 fiscales, votarán a un máximo de seis candidatos de entre los presentados por las asociaciones, aunque podrían presentarse también aspirantes de forma individual.

Entrarán al Consejo Fiscal los nueve más votados, para un periodo de cuatro años.

La AF, la asociación mayoritaria en la carrera, ha presentado a seis candidatos: Jorge Andújar, fiscal malagueño de Anticorrupción dedicado en los últimos meses a la investigación del ‘caso Villarejo’; Roberto Valverde, fiscal de criminalidad informática en la Fiscalía Provincial de Barcelona; Beatriz Sánchez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas; Eva Más, de la Fiscalía Provincial de Sevilla, dedicada a la especialidad de Vigilancia Penitenciaria, entre otras; Isabel Gómez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Cuenca; y Miguel Rodríguez, de la Fiscalía del Principado de Asturias, especialista en protección de personas con discapacidad y protección de datos.

La UPF ha propuesto a seis fiscales: Luis del Río Montesdeoca, fiscal superior de la Fiscalía de Canarias; Yolanda Ortiz Mallol, de la Fiscalía Provincial de Sevilla, especialista en Medio Ambiente; Belén Marín Yepes, con funciones en Barcelona; Santiago Mena Cerdá, fiscal superior de la Fiscalía de Castilla y León; Francisco Montijano Serrano, con cargo en Málaga; y Alexandra García Taberner, de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Por su parte, la APIF, que actualmente no cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha presentado tres nombres: a su presidente, Salvador Viada, quien ejerce en la Fiscalía del Tribunal Supremo; Teresa Gálvez, fiscal de Anticorrupción conocida por su trabajo en el ‘caso Púnica’ y que anteriormente fue corresponsal nacional de Eurojust para asuntos de corrupción; y Silvia López, dedicada a Violencia de Género en la Fiscalía Provincial de Madrid.

El plazo de las candidaturas permanecerá abierto hasta el 14 de marzo, pudiendo presentarse candidatos independientes con el aval de 40 fiscales, lo que no es previsible porque generalmente no ocurre. No se presentan candidatos sin respaldo asociativo.

El Consejo Fiscal está integrado por tres miembros natos, que son la fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal jefa inspectora, María Antonia Sanz, a los que se sumarán los nueve fiscales elegidos en estas elecciones.

En anteriores, celebradas en 2018 con Julián Sánchez Melgar como fiscal general, por la lista de la AF fueron elegidos Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Ríos, Rosario Lacasa y Rosa Rubio; y por la UPF Dolores Delgado, María José SegarraÁlvaro García y Diego Villafañe, quienes no agotaron su legislatura y fueron sustituidos por Aurelio Blanco, Inés Herreros, Carlos García-Berro y Eduardo Navarro, demodo que solamente continúan en su cargo los vocales electivos por la AF.

La sustitución de Delgado se produjo por su incorporación pocos meses después al Gobierno como ministra de Justicia de Pedro Sánchez, y María José Segarra fue nombrada por este mismo Ejecutivo fiscal general del Estado. La salida de Álvaro García y Diego Villafañe se produjo al ser nombrada fiscal general del Estado Dolores Delgado en enero de 2019, al designar al primero como fiscal de sala de su secretaría técnica, y al segundo, teniente de esa misma secretaría técnica.

El Consejo Fiscal de 2018, con sus componentes originarios: De izquierda a derecha y de abajo a arriba: Luis Navajas, Julián Sánchez Melgar, entonces fiscal general del Estado, y Fausto José Cartagena; en la segunda fila María Rosa Lacasa (AF), Concha Talón (AF), Juan Andrés Bermejo (AF), Diego Villafañe (UPF), Dolores Delgado (UPF), y en la tercera fila Juan Francisco Ríos (AF), María Rosa Rubio (AF), María José Segarra (UPF) y Álvaro García (UPF).

FUNCIONES DE ESTE ÓRGANO

Entre las funciones del Consejo Fiscal destaca la de elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en lo referente a la estructuración y funcionamiento de sus órganos, conforme al artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

También se encarga de asesorar a la fiscal general en cuantas materias esta someta al Consejo, informar sobre las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de los diversos cargos, elaborar los informes para ascensos de los miembros de la Carrera Fiscal, resolver los expedientes disciplinarios y de mérito que sean de su competencia, así como apreciar las posibles incompatibilidades a las que se refiere el EOMF.

También debe resolver los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los fiscales jefes de los distintos órganos del Ministerio Fiscal; instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal; conocer los planes anuales de la inspección fiscal; conocer e informar sobre los planes de formación y selección de los fiscales; y dirigir a la fiscal general cuantas peticiones y solicitudes relativas a su competencia considere oportunas.

También emite dictámenes de proyectos de ley o reglamentos que afecten a las funciones o a la estructura u organización del Ministerio Fiscal, que no son vinculantes, tienen un valor técnico jurídico relevante.

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