La fiscal superior de Madrid en funciones, Almudena Lastra, ha incoado un expediente a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal de la Audiencia Nacional María Luisa Llop, tras una denuncia presentada por Iustitia Europa a raíz de unas conversaciones intervenidas en el denominado ‘caso Plus Ultra’, en las que ambas son mencionadas por varios de los investigados.
Según consta en un decreto, Lastra acuerda abrir diligencias gubernativas y dar traslado de la denuncia a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que valore los hechos y determine si procede la adopción de alguna medida adicional.
Ambas fiscales mencionadas en los atestados de la UDEF dentro del ‘caso Plus Ultra’
El origen de la actuación se encuentra en uno de los atestados elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dentro de la investigación sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra por el Gobierno en 2021.
En dichas conversaciones, incorporadas a la causa, varios de los investigados aluden a supuestas gestiones destinadas a influir en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
En concreto, los agentes recogen una conversación entre el abogado Miguel Palomero y el exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes, en la que el letrado asegura que preguntaría “cómo es la juez del 15”, en referencia a la magistrada Esperanza Collazos, añadiendo además que “la fiscal jefa es amiga”.
«Hay que cortar esto», afirma Palomero en la conversación intervenida, a lo que Reyes responde “absolutamente”, instándole a hablar con Julio Martínez Sola, presidente de la compañía aérea, con el objetivo —según se desprende del diálogo— de frenar el avance de las actuaciones judiciales. “Y lo cortamos”, señala Reyes. En ese mismo contexto, el abogado llega a referirse a la necesidad de “hacer un Kitchen Gabinet”.
La apertura del expediente gubernativo no implica, por el momento, la atribución de responsabilidad disciplinaria o penal alguna a las fiscales afectadas, sino la activación de un mecanismo interno de comprobación por parte de la Fiscalía ante el contenido de las conversaciones incorporadas al procedimiento.
