La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo hacia la regulación y representación oficial del sector de la investigación privada. El Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de ley para la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, una reivindicación histórica del colectivo que hasta ahora carecía de un órgano propio dentro de la comunidad autónoma.
La medida permitirá que los profesionales del sector cuenten con una entidad de derecho público encargada de velar por la calidad del servicio, la ética profesional y la interlocución con la administración. Hasta ahora, los detectives andaluces se veían obligados a integrarse en colegios de otras regiones —como Cataluña, Galicia o Comunidad Valenciana— lo que, según el propio sector, generaba desajustes y complicaciones administrativas.
Un colegio de colegiación voluntaria
La futura norma establecerá que la colegiación tendrá carácter voluntario, de forma que ejercer la profesión seguirá dependiendo exclusivamente de la habilitación estatal: la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) expedida por el Ministerio del Interior.
No obstante, la Junta subraya que el nuevo colegio aportará un marco estable para la autorregulación, la formación continua y la defensa de los intereses de la profesión.
El Gobierno andaluz señala que la actividad de la investigación privada ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto en volumen de profesionales como en variedad de servicios prestados a empresas, particulares y administraciones.
La creación del colegio, afirma, permitirá fortalecer el control deontológico y unificar criterios de actuación en un ámbito especialmente sensible a la protección de datos, la seguridad y los derechos fundamentales.
Tras esta aprobación inicial, el anteproyecto será remitido al Parlamento de Andalucía para su tramitación legislativa. Una vez aprobada la ley, se abrirá el proceso para constituir los órganos de gobierno, elaborar los estatutos y poner en marcha el registro oficial de colegiados.
Con este texto, Andalucía se sumará a las comunidades autónomas que ya cuentan con colegios profesionales propios para detectives privados, reforzando así el reconocimiento institucional de una actividad cada vez más demandada y profesionalizada.
España cuenta actualmente con cuatro colegios profesionales de detectives privados reconocidos oficialmente, distribuidos en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Murcia.
Estas corporaciones —el Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña, el Colegio Profesional de Detectives Privados de Galicia y el Colegio Oficial de Detectives de Murcia— conforman el núcleo institucional de la profesión en el país.
Su existencia ha permitido cohesionar el sector, establecer estándares éticos y ofrecer un marco de representación ante las administraciones públicas.
Aunque la implantación es desigual, el mapa colegial refleja un proceso de consolidación progresiva en torno a una actividad cada vez más regulada, con nuevas comunidades, como la andaluza, avanzando hacia la creación de sus propios órganos profesionales.