Rosa Alegría Torres habla con la seguridad de quien ha debido sostener sus convicciones en territorios difíciles. A sus 30 años, la diputada ecuatoriana y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de su país forma parte de una nueva generación política que se propone recuperar el Estado de derecho en una nación golpeada por la inestabilidad, la violencia y la infiltración del crimen organizado en las instituciones.
Se encuentra en España en una visita en la que está teniendo una serie de reuniones oficiales y privadas. El objetivo de su gobierno, explica a Confilegal, es el de recomponer lazos estratégicos con la «madre patria», y aunque aún sonríe para las fotos, la conversación que mantenemos la devuelve rápido al terreno que mejor conoce: el de la lucha contra la corrupción y la reconstrucción institucional de su país.
“Ecuador ha vivido una etapa muy dura, de enorme inestabilidad política que terminó afectando a todas las demás áreas del Estado: la economía, la seguridad y la confianza ciudadana”, explica Alegría.
Ella llegó a la política siendo abogada, después de trabajar en la Corte Nacional de Justicia –el equivalente a nuestro Tribunal Supremo– como asesora jurídica del presidente de la Corte. Confiesa que durante años no vio un proyecto político que representara sus ideales.
Eso cambió cuando conoció a Daniel Noboa, entonces diputado, para quien después trabajó en la Comisión de Desarrollo Económico. “Con él encontramos una nueva forma de hacer política: con técnica, con voluntad y sin odio. Eso permitió construir un proyecto distinto”, dice.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Ese proyecto derivó en Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento que llevó a Noboa a la Presidencia en 2023 y que se encuadra en el centro-derecha del espectro político, con rasgos de liberalismo económico y conservadurismo liberal.
Rosa Alegría Torres es hoy presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador, su Parlamento nacional.
Alegría tiene claro cuál es su primera batalla: recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial. “La gente dice: no hay justicia. Y eso es doloroso. El ecuatoriano perdió la fe en sus instituciones. Nuestro reto es devolverle esa fe”, afirma.
Describe una justicia infiltrada por el crimen organizado, con jueces que emiten medidas favorables a cabecillas, patrimonios imposibles de justificar y estructuras internas que durante años permitieron que bandas delictivas operaran con impunidad.
“La gente dice: no hay justicia. Y eso es doloroso. El ecuatoriano perdió la fe en sus instituciones. Nuestro reto es devolverle esa fe”, afirma.
En ese punto introduce un concepto que se ha vuelto común en Ecuador: los llamados “jueces de bolsillo”, una expresión con la que se refiere a magistrados cooptados o manipulados por intereses externos —desde políticos hasta organizaciones criminales— y que, en la práctica, funcionan como jueces “a la carta” para quienes los controlan.
“Son jueces que otorgan acciones de protección y libertades a criminales capturados en flagrancia. Jueces que no actúan con independencia, sino al servicio de quien les paga o presiona”, explica la diputada ecuatoriana. “Y eso se va a acabar”.
No los llama así porque su forma de español no es como el nuestro. Visto desde España, son jueces corruptos, comprados.
Rosa Alegría es tajante, sin matices: «vamos a expulsar de la judicatura a todos los jueces al servicio del crimen organizado».
DOS REFORMAS CLAVE PARA ACABAR CON LOS JUECES CORRUPTOS EN ECUADOR
Desde la Comisión parlamentaria que preside está impulsando dos reformas clave, explica.
La primera es una reingeniería completa del Código Penal, con el objetivo de actualizar las conductas delictivas, endurecer penas cuando corresponda y cerrar portillos legales usados por el crimen organizado.
“El Código Penal debe evolucionar igual que evolucionan las conductas criminales. Hoy los criminales conocen las reglas del juego mejor que el Estado, y eso no puede seguir así”, señala. El texto llegará al pleno “en los próximos meses”.
La segunda gran pata de su agenda es la reforma de la carrera judicial. No se trata solo de cambiar normas, sino de revisar de arriba abajo quién y cómo imparte justicia en Ecuador.
Alegría recuerda que en el país hay más de 2.000 jueces en las distintas unidades judiciales y apenas 21 jueces en la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano jurisdiccional. Sobre ese andamiaje se está montando un concurso para seleccionar a más de 2.500 jueces, un recambio que, afirma, “va a cambiarlo todo” si se hace con controles reales.
El sistema de acceso a la judicatura en Ecuador es similar al estadounidense. Nada que ver con el español, que es por oposición. Los que allí ingresan en la judicatura lo hacen por concurso de méritos.
La idea que alienta la política del Gobierno de Ecuador ahora es que tanto quienes ingresen por primera vez como quienes ya están en el sistema deban someterse a nuevas reglas de juego: controles de probidad, revisión exhaustiva de su patrimonio, evaluación de sus trayectorias y, sobre todo, la obligación de demostrar que pueden ejercer con independencia del poder político y del poder criminal.
Los controles de probidad son mecanismos que verifican la honestidad, integridad y conducta ética de una persona que ocupa o aspira a un cargo público, evaluando si ha actuado con honradez, carece de conflictos de interés, no ha incurrido en actos de corrupción o faltas éticas, cumple con normas de transparencia y manejo adecuado de recursos, y mantiene un comportamiento acorde con los principios de la función pública.
“Hay jueces con vocación y ética, y los necesitamos. Pero también hay otros que han convertido la toga en un negocio. Esta reforma de la carrera judicial es la oportunidad de separar a unos de otros”, sostiene la diputada.
Para la diputada, la reconstrucción del Estado de derecho pasa por instituciones fuertes, jueces limpios y controlados, cooperación internacional y voluntad política.
Estos controles no solo se van a imponer a jueces, también a fiscales y operadores de justicia. “He propuesto que todos los aspirantes a jueces pasen pruebas como el polígrafo, el análisis de voz o escáneres del iris. No son métodos perfectos, pero combinados nos permiten detectar riesgos”, explica. Sabe que el polígrafo no es una máquina de la verdad, pero cree que ayudará a separar las ovejas negras del resto.
La revisión patrimonial es otro eje central: “Hay jueces que ganan 5.000 o 6.000 dólares y tienen patrimonios de ocho, nueve o diez millones de dólares. Eso no es posible”.
Alegría admite que estas iniciativas le han generado enemigos y amenazas. Sin embargo, insiste en que no dará marcha atrás. Para ella, es indispensable despolitizar la justicia después de años en los que —según afirma— el poder se utilizó para proteger intereses particulares y perseguir adversarios.
“Lo que dejó el correísmo fue una justicia politizada hasta el extremo. El máximo ejemplo es que hoy el ex vicepresidente Jorge Glas está preso por corrupción. Antes eso era impensable”, recuerda.
RECUPERAR LA SEGURIDAD
Respecto a la seguridad, reconoce que el reto es monumental. “Ecuador pasó de ser un país de tránsito a uno donde el crimen organizado se siente cómodo”, afirma.
Y apunta a decisiones estratégicas del gobierno de Noboa para revertir esa tendencia: la alianza en seguridad con Estados Unidos e Italia, la extradición de cabecillas criminales a EE.UU., la activación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno y la eliminación del subsidio al diésel, que era utilizado por el crimen organizado para la minería ilegal y el narcotráfico. “Le estamos tocando la billetera al crimen organizado. Por eso están incómodos”, asegura.
Para la diputada, la reconstrucción del Estado de derecho pasa por instituciones fuertes, jueces limpios y controlados, cooperación internacional y voluntad política.
“Cuando incomodas, es señal de que vas por el camino correcto”, dice, citando una frase que repite como mantra. Aunque reconoce que su trabajo le ha costado amenazas y momentos difíciles, afirma que no considera abandonar: “Lo hago porque amo mi país. Porque sé que Ecuador puede volver a ser un país seguro, ordenado y respetado”.
Alegría pertenece a una generación que ha visto cómo miles de ecuatorianos emigran, cómo la violencia alcanza cifras históricas y cómo la política se fragmenta en crisis continuas.
Aun así, habla con esperanza. “Yo vivo en la segunda provincia más peligrosa de Ecuador. Más de 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Pero sigo ahí, porque solo se cambia un país desde adentro”.
Su voz firme, segura y optimista sugiere que esta batalla apenas comienza.
