La Comisión Mixta entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia se reunirá hoy por la tarde en Madrid con una agenda centrada en la ampliación de la planta judicial, el refuerzo del Tribunal Supremo y la adecuación retributiva de jueces y magistrados, en un contexto marcado por la sobrecarga estructural del sistema y la futura implantación de los tribunales de instancia, según el contenido adelantado por fuentes del propio Consejo .
Uno de los ejes centrales del encuentro será el análisis de la creación de 500 nuevas plazas de jueces anunciada por ayer por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Todavía pendiente de concretarse en un Real Decreto que deberá superar los trámites preceptivos y ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Desde el CGPJ se subraya que esta ampliación responde a una reivindicación sostenida desde el inicio del actual mandato, aunque se advierte de que, incluso acelerando al máximo los procesos selectivos, el impacto efectivo no se producirá antes de un horizonte mínimo de dos años, por los tiempos reglados en el proceso de formación de los futuros jueces.
El Consejo recuerda además que la creación de nuevas plazas exige una gestión paralela de los concursos y movimientos dentro de la carrera judicial para evitar un aumento de jueces en expectativa de destino, una situación que asegura haber reducido en los últimos años mediante el incremento del número de concursos anuales.
Precisamente, la pasada semana la Comisión Permanente del CGPJ aprobó el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Carrera Judicial 2026-2035, en el que advertía de manera explícita que el sistema judicial español solo podrá mantenerse operativo si se incrementa de forma sustancial la oferta de empleo público judicial.
El documento concluía que será necesario convocar “anualmente, a partir del momento actual, unas 367 plazas” de acceso a la carrera judicial.
Una cifra que representa «el mínimo necesario para cubrir la tasa de reposición prevista y las necesidades surgidas producto de la creación de nuevas unidades judiciales”, en un contexto marcado por el envejecimiento de la plantilla y el desfase acumulado entre órganos judiciales y efectivos disponibles.
Más plazas de magistrados en el Tribunal Supremo
La Comisión Mixta abordará también, de forma específica, el refuerzo del Tribunal Supremo, donde afloran diferencias entre las previsiones del Ministerio y los criterios técnicos del CGPJ.
Según el borrador de Real Decreto conocido, el Ministerio prevé la creación de 2 nuevas plazas de magistrado en la Sala de lo Civil, compuesta por un presidente y 9 magistrados, la cual arrastra una pendencia superior a los 25.000 asuntos. Y una plaza adicional en la Sala de lo Penal, que cuenta con un presidente y 15 magistrados.
El Consejo coincide con la necesidad de reforzar la Sala de lo Civil, avalada por los estudios de carga de trabajo y tiempos de respuesta elaborados por la Sala de Gobierno del alto tribunal, pero discrepa del refuerzo previsto para la Sala Segunda.
A juicio del CGPJ, es la Sala Cuarta, de lo Social, compuesta por una presidenta y 12 magistrados, la que presenta una necesidad más acuciante de nuevas plazas, dado el volumen de asuntos que soporta y su tendencia creciente, pese a las mejoras derivadas de la cobertura de vacantes existentes.
Refuerzo retributivo de la «sala de máquinas» del Supremo
Junto a la creación de plazas, el CGPJ insistirá ante el Ministerio en la adecuación retributiva del Gabinete Técnico del Supremo, al que identifica como la auténtica “sala de máquinas” del Alto Tribunal, clave para sostener el trabajo jurídico de las salas.
El Consejo considera que este órgano se encuentra en una situación “verdaderamente precaria”, con retribuciones bajas que generan un agravio comparativo con otros órganos constitucionales y dificultan la incorporación de perfiles altamente cualificados.
A juicio del órgano de gobierno de los jueces, siendo el Supremo el máximo órgano jurisdiccional del país, necesita una «sala de máquinas bien engrasada”, con condiciones acordes a su relevancia institucional.
En paralelo, reclamará la estabilización de la plantilla de funcionarios de los cuerpos generales en el Tribunal Supremo, tras los problemas trasladados por su Sala de Gobierno.
Convocatoria de la mesa retributiva
El bloque de retribuciones será otro de los asuntos destacados. El Consejo reiterará la necesidad de convocar la mesa retributiva comprometida por el Ministerio tras las últimas movilizaciones y trasladará el malestar existente entre quienes prestan servicios de guardia, con quejas por percepciones que, según las fuentes consultadas, en algunos casos quedan por debajo de las de que reciben otros cuerpos de la Administración de Justicia.
En ese mismo apartado, el CGPJ pondrá sobre la mesa un problema de gestión que considera especialmente lesivo: los retrasos en el abono de las incapacidades temporales: se están detectando demoras de varios meses en pagos que se activan a partir de determinados periodos (por ejemplo, desde el sexto mes), lo que puede dejar durante un tiempo sin ingresos a profesionales en situaciones médicas graves, incluidas enfermedades oncológicas u otras patologías severas.
Implantación de los tribunales de instancia
La implantación de los tribunales de instancia ocupará un espacio destacado en la reunión, ante la preocupación del CGPJ por la desconexión entre la reforma organizativa y la realidad material de las sedes judiciales.
Desde el Consejo se advierte de que estos nuevos órganos no pueden abordarse “como entidades en el vacío”, ya que en muchos casos estarán ubicados en edificios judiciales antiguos, obsoletos o en mal estado, que no reúnen las condiciones mínimas para albergar la nueva estructura prevista.
En este punto, el CGPJ trasladará al Ministerio los informes recabados de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la situación de las sedes llamadas a acoger los tribunales de instancia.
De esa documentación se desprende un panorama muy desigual: mientras algunas sedes —como la de Logroño— presentan condiciones adecuadas y capacidad de ampliación, en otros territorios existen edificios con deficiencias estructurales graves, hasta el punto de que, según las fuentes, “se caen literalmente los techos” y no es posible prestar allí el servicio en condiciones dignas.
El Consejo ha iniciado una clasificación de las sedes judiciales en función de su grado de deterioro y urgencia de actuación, distinguiendo entre aquellas que requieren intervenciones inmediatas, las que precisan reorganización a medio y largo plazo y las que pueden adaptarse sin grandes inversiones.
El CGPJ considera imprescindible que esta información sea tenida en cuenta por el Ministerio antes de culminar la implantación de los tribunales de instancia, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de trasladar a la ciudadanía una imagen de precariedad institucional y de agravar las disfunciones organizativas.
Planificación coordinada
Desde el Consejo se subraya que el problema no es únicamente de adaptación a la nueva oficina judicial, sino también de seguridad, accesibilidad y dignidad del servicio público, tanto para los profesionales como para los ciudadanos que acuden a diario a los juzgados.
Por ello, el CGPJ reclamará al Ministerio una planificación coordinada que vincule la reforma organizativa con inversiones reales en infraestructuras judiciales, evitando que la implantación de los tribunales de instancia se convierta en una reforma “sobre el papel” sin respaldo material suficiente.
Los vocales José María Páez, Esther Erice, Carlos Hugo Preciado y José Eduardo Martínez Mediavilla, por el CGPJ, y Manuel Olmedo, secretario de Estado, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia y Fernando de la Fuente Honrubia, adscrito a la Secretaría de Estado, son los interlocutores en esta reunión, la primera desde el 29 de julio pasado.
