El Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Carrera Judicial 2026-2035, aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advierte de manera explícita que el sistema judicial español solo podrá mantenerse operativo si se incrementa de forma sustancial la oferta de empleo público judicial.
En concreto, el documento concluye que será necesario convocar “anualmente, a partir del momento actual, unas 367 plazas” de acceso a la Carrera Judicial.
Esta cifra constituye, según el propio Plan, “el mínimo necesario para cubrir la tasa de reposición prevista y las necesidades surgidas producto de la creación de nuevas unidades judiciales”, en un contexto marcado por el envejecimiento de la plantilla y el desfase acumulado entre órganos judiciales y efectivos disponibles.
El propio documento reconoce que incluso con convocatorias anuales de 367 plazas “solo se estaría garantizando la cobertura de la tasa de reposición”, sin que ello permita resolver la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales.
En este sentido, recuerda que el Servicio de Inspección del CGPJ considera “imprescindible la creación de 507 unidades judiciales”, lo que evidencia la magnitud del déficit acumulado.
El diagnóstico de partida es contundente. El CGPJ constata que “el número de plazas […] resulta manifiestamente insuficiente para garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia y ofrecer a la ciudadanía un servicio de calidad”, subrayando que esta insuficiencia tiene carácter estructural y no coyuntural.
En la carrera judicial hay 431 plazas vacantes
A 31 de diciembre de 2025, la planta judicial estará integrada por 5.903 unidades, mientras que el número de jueces y magistrados en activo será de 5.643, con 431 plazas vacantes ya existentes.
Según el Plan, esta situación ha obligado a un recurso continuado a medidas excepcionales, hasta el punto de que “son 283 los órganos reforzados”, sin contabilizar otros mecanismos de apoyo no sistematizados.
Las proyecciones a medio y largo plazo dibujan un escenario aún más preocupante.
El Plan advierte de que, si no se convocan más plazas además de las ya comprometidas, “el número de integrantes de la Carrera Judicial en 2035 sería de 4.401 efectivos”, frente a 6.603 unidades judiciales, lo que supondría “una diferencia de 2.202 respecto de las unidades judiciales que eventualmente se hubieran constituido”.
Otro de los aspectos más llamativos del Plan es la referencia al uso creciente de la justicia interina.
El CGPJ señala que en el año judicial 2025-2026 se encuentran nombrados 947 jueces sustitutos y magistrados suplentes, una situación que, según el documento, “evidencia su déficit estructural” y resulta incompatible con el carácter excepcional que la Constitución atribuye a estas figuras.
Con este Plan Estratégico, el Consejo General del Poder Judicial lanza un mensaje inequívoco a las instituciones competentes: sin un aumento sostenido de las convocatorias hasta alcanzar al menos las 367 plazas anuales, el sistema judicial español afronta un riesgo real de insuficiencia de jueces, con consecuencias directas sobre la calidad del servicio público de la justicia y la respuesta de los tribunales a la ciudadanía.
El órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia sobre el aspecto económico de las retribuciones de los jueces y magistrados. Pertenece al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuyo titular es Félix Bolaños, que es quien tiene la última palabra.
La Comisión Permanente del CGPJ está formada por ocho personas: la presidenta, Isabel Perelló Doménech, cuatro vocales por el turno de jueces, que son José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Carlos Hugo Preciado Doménech, y Alejandro Abascal Junquera. Y tres vocales por el turno de juristas de reconocida competencia: Bernardo Fernández Pérez, Isabel Revuelta de Rojas y Argelia Queralt Jiménez.
