A cuatro semanas y media de unas elecciones que considera las más decisivas de las últimas dos décadas, Noel Dorremochea ha entrado en campaña con un discurso inequívocamente electoral y sin concesiones.
El candidato a decano del Colegio de Procuradores de Madrid –vocal en las últimas Juntas de Gobierno– apela directamente a sus compañeros para impulsar un cambio de rumbo: un colegio más activo, con mayor peso institucional, capaz de influir en las reformas de la Justicia y de situar al procurador en el centro de la ejecución judicial.
Frente a lo que define como un tiempo de falta de iniciativa y pérdida de liderazgo, Dorremochea propone una Junta de Gobierno cercana, transparente y combativa, dispuesta a recuperar el protagonismo de la Procura en Madrid y a defender sin complejos los intereses de una profesión que, advierte, no puede permitirse seguir al margen de las decisiones que afectan a su futuro.
En esta entrevista, en la que también participa la candidata a vicedecana, Marisa Montero, exponen cuáles son los planes de su candidatura, cuyo lema es «La procura, nuestra fuerza de futuro» –apoyada por la consiguiente página web–, y cómo lo harían.
¿Por qué ha decidido presentarse a decano, señor Dorremochea?
He decidido presentarme a decano por ilusión y por el deseo de hacer las cosas lo mejor posible. También porque cuento con un equipo que me apoya y con el que podemos alcanzar metas que hasta ahora no han sido posibles.
No se trata solo de una preocupación, sino de un compromiso real con mi profesión: tanto yo como los miembros de mi junta vivimos de la procura. Por eso hemos decidido dar este paso y presentarnos al Colegio de Procuradores.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado de la Procura madrileña a día de hoy?
Creo que la Procura en Madrid atraviesa ahora una situación delicada. Las reformas legales recientes y la puesta en marcha de los tribunales de instancia —un nuevo modelo de organización judicial— han ralentizado bastante el funcionamiento del sistema. Tenemos mucho paro, mucha inseguridad.
Ante este panorama, necesitamos ser más proactivos, hacer visible nuestro papel y participar como un actor más dentro de la justicia. Estoy convencido de que los procuradores podemos aportar mucho, especialmente ayudando a que los trámites sean más ágiles y eficientes.
¿A qué se debe este parón?
Creo que parte del problema es que nos ha faltado empuje. Necesitamos ser mucho más proactivos y plantear propuestas claras tanto al Ministerio como a la Comunidad Autónoma de Madrid y a los propios tribunales.
¿En qué líneas irían esas propuestas?
Creo que se nos podría aprovechar mucho mejor. Podemos ser útiles tanto para agilizar los procedimientos como para asumir nuevas funciones, especialmente en la fase de ejecución, cuando se trata de hacer cumplir las resoluciones judiciales. En Madrid hay miles de ejecuciones completamente paralizadas.
El acceso al Punto Neutro Judicial no debería ser un problema, porque en la práctica ya accedemos a esa información dentro de nuestros procedimientos, ya que los tribunales nos facilitan la documentación necesaria. Lo que hace falta es establecer mecanismos claros que garanticen que solo accedemos a lo que nos corresponde, ni más ni menos.
Además, hay un amplio margen de mejora en la gestión de las consignaciones y entregas de dinero. En algunos tribunales pasan muchos meses, incluso hasta 18, entre que el dinero se deposita y se entrega, lo que genera retrasos innecesarios que podrían evitarse.
Creo sinceramente que en ese punto podemos aportar mucho y ayudar a mejorar la situación.
El 20 de noviembre de 2024 el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció en la ceremonia de los premios Confilegal que iba a impulsar el papel de los procuradores como agentes de ejecución. ¿Lo hizo?
Por parte del Consejo, supongo que esta situación les ha coincidido con todos los cambios que se están produciendo. Y en cuanto al Colegio de Madrid, que al final es el más grande de España, que yo sepa no se ha hecho nada al respecto. Por eso creo que es fundamental ser mucho más proactivos.
Este es uno de los pilares de nuestra candidatura: aunque formalmente sea una competencia del Consejo, pensamos que podemos y debemos aportar.
Aquí es necesario que todos rememos en la misma dirección para lograr convertirnos en verdaderos agentes de ejecución, en profesionales con un papel activo en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
¿Cuáles son los cinco puntos fundamentales de su programa?
El primer objetivo es lograr un colegio más transparente, cercano y accesible, con herramientas de comunicación modernas. Para ello, es necesario renovar la web y mejorar las circulares y boletines, de forma que el procurador se sienta acompañado y perciba la utilidad real del colegio.
También queremos reforzar la presencia del Colegio ante las instituciones, establecer relaciones sólidas y desarrollar un plan estratégico para 2026–2030, donde la ejecución judicial tenga un papel clave.
Otro punto importante es ajustar las cargas económicas de los procuradores al coste real de los servicios, garantizando un retorno en forma de mejoras profesionales.
El colegio no tiene ánimo de lucro: debe recaudar solo lo necesario, revisando algunas cuotas variables que hoy son excesivas, sin implantar cuotas fijas.
Además, es fundamental fortalecer la justicia gratuita, con mejores retribuciones y una gestión más ágil, reconociendo la labor social del procurador.
Por último, debemos impulsar el Centro de Resolución de Conflictos y la Corte de Arbitraje del Colegio, fomentando la mediación y el arbitraje, y reforzar las relaciones institucionales para asumir nuevas funciones.
«En cuestiones de ejecución y lanzamientos —es decir, cuando hay que hacer cumplir una resolución judicial, como en los desahucios— nuestra intervención sería fundamental para acelerar la eficacia de la Justicia».
¿Qué se ha hecho mal en la Junta de Gobierno de la que han formado parte hasta ahora?
Llegamos a la Junta con mucha ilusión, pero la situación cambió cuando el decano pasó a ser secretario del Consejo General de los Procuradores.
Confiamos en una persona, la vicedecana –hoy encabezando una de las dos candidaturas rivales— que, en la práctica, no nos permitió desarrollar las iniciativas que teníamos previstas. No hubo una verdadera delegación de funciones. Fueron limitadas competencias clave, lo que nos impidió trabajar como un equipo.
Además, se tomaron decisiones importantes sin debatirlas en la Junta, lo que generó la sensación de no formar parte de un proyecto común. Aun así, permanecimos por lealtad. Pero todo tiene un límite. Por eso forzamos la celebración de estas elecciones para este mes de febrero, cuando tenían que haberse celebrado en mayo.
Supongo que ustedes son los primeros interesados en que la Justicia funcione y lo haga bien…
Para nosotros es claro: cuanto antes termine un procedimiento, antes cobramos. No tenemos ningún interés en que los procesos se alarguen. Además, los ciudadanos no pueden permitirse esperar. Ahora mismo se prevé un parón de entre seis y ocho meses, y eso es muy grave.
En cuestiones de ejecución y lanzamientos —es decir, cuando hay que hacer cumplir una resolución judicial, como en los desahucios— nuestra intervención sería fundamental para acelerar la eficacia de la Justicia.
Hay muchas personas afectadas que no son grandes propietarios, sino pequeños arrendadores que viven del alquiler. Algunos tardan dos o tres años en ver resuelto su caso y, mientras tanto, pasan por situaciones económicas muy difíciles.
De hecho, hay muchos casos de jubilados que alquilan su vivienda en Madrid para complementar su pensión y se han ido a vivir a su pueblo. No son especuladores, sino personas que dependen de ese ingreso para subsistir. Por eso es tan importante agilizar estos procedimientos.
Ustedes, los procuradores, han sido un “lobby” muy influyente en los últimos 25 años. ¿Lo que plantea su candidatura es recuperar ese impulso?
Así es. Hay que insistir y reivindicar de forma constante, porque los tiempos cambian y todo evoluciona. No podemos depender únicamente de la notificación judicial: pensar que eso es suficiente hoy en día no es realista.
Le acompaña en esta aventura, como candidata a vicedecana, Marisa Montero. ¿Y quién más?
Es un equipo espectacular. Marisa Montero, aquí a mi derecha, no necesita mucha presentación: fue quien impulsó el Centro de Mediación, dirige un despacho de primer nivel y cuenta con 43 años de experiencia profesional, un recorrido difícil de igualar.
El secretario, Arturo Romero, ha formado parte de la junta saliente y también dirige un despacho muy reconocido. Además, destaca por su carácter tranquilo y su gran capacidad de organización. Es una persona metódica, siempre con todo bien estructurado en la cabeza, y eso es un valor muy importante para el trabajo en equipo.
¿Cuántas personas componen su candidatura en total?
Dieciséis. De la Junta de Gobierno saliente repetimos seis: Marisa, Arturo Romero, Antonio Sánchez Jáuregui, Eduardo Manzanos, Marisol Castañeda y yo.
Usted tiene muy presente que ni el decano ni ninguno de los que compongan la Junta de Gobierno cobrarán nada si ganan, ¿verdad?
Así es. Lo tenemos muy claro. Yo cuento con la ventaja de trabajar en un despacho, junto a mi hermana, y de tener empleados, lo que me permite organizarme y dedicar tiempo a esta responsabilidad, como ya he hecho en el pasado. No es algo nuevo para mí y creo sinceramente que puedo asumirlo sin problema.
¿Por qué se hizo procurador?
Mi vínculo con la procura viene de familia: mi padre y mi hermana han sido procuradores, y por eso estudié Derecho. Me gusta esta profesión, creo que la ejerzo bien y vivo de ella, así que estoy satisfecho. Sin embargo, me preocupa que no estemos consiguiendo atraer a gente joven. Es una profesión que va envejeciendo poco a poco y eso hay que cambiarlo.
Para revertir esta situación es clave trabajar desde las universidades y motivar a los jóvenes para que se interesen por la procura. En los próximos años se jubilará una parte muy importante de la profesión, especialmente la generación del “baby boom”.
Aproximadamente un 30 % de los procuradores en España, es decir, más de 3.000 se retirarán en los próximos cinco años.
¿Cuántos procuradores hay en España?
Alrededor de 9.600.
¿Y en Madrid?
En torno a 1.400. Somos el Colegio más numeroso de los 67 a nivel nacional.
«Las leyes que se aprueban siempre son mejorables, pero para poder mejorarlas hay que estar presentes, trabajar con ellas, conocerlas desde dentro y aportar propuestas. Y para eso es imprescindible volver a estar en esos espacios de diálogo».
Hay un debate que, como el río Guadiana, aparece y desaparece entre los abogados. Es sobre la poca necesidad que hay de ustedes, los procuradores dicen. ¿Qué les diría a estos que critican su existencia?
Pues que detrás de un gran abogado siempre suele haber un gran procurador. Difícilmente un abogado de primer nivel trabajará con alguien sin experiencia o sin capacidad real de gestión. Tal y como funciona hoy la justicia, nuestra labor es más valiosa que nunca y podemos aportar mucho.
Incluso si algún día la figura del procurador desapareciera, alguien tendría que asumir ese trabajo. Cuando me preguntan qué hace un procurador, suelo decir que soy como el señor Lobo, de la película «Pulp Fiction»: soluciono problemas un día tras otro. Es como la fábula de Sísifo, que sube una piedra cuesta arriba y cuando llega a la cumbre, se cae por el otro lado. Y al día siguiente tienes que volverla a subir. Sin descanso.
Por eso insisto en que no podemos limitarnos solo a las notificaciones: nuestra función va mucho más allá.
¿Comparte usted, Marisa, ese punto de vista?
Somos necesarios. Cuando un abogado dice que puede hacer por sí mismo el trabajo del procurador, la realidad es que entonces no tendría tiempo para estudiar los asuntos en profundidad.
Por mucho que la tecnología haya avanzado, el funcionamiento diario de los juzgados sigue requiriendo presencia física: muchas gestiones no se resuelven por teléfono ni por medios digitales, y es necesario estar allí, moverse y resolver incidencias sobre el terreno.
En este momento nuestra labor es especialmente importante. Debemos trabajar de la mano de jueces y tribunales para reducir al máximo los retrasos que existen, sobre todo en Madrid, donde la implantación de los nuevos tribunales, por su tamaño y complejidad, ha provocado parones importantes.
El objetivo final debe ser que el ciudadano sufra lo menos posible estas demoras.
¿Por qué se ha subido a este tren, con Dorremochea?
Por dos razones principales.
La primera es que quienes van a seguir ejerciendo la procura son los profesionales jóvenes. En mi despacho, por ejemplo, ya hay personas llamadas a tomar el relevo, y creo que es importante que encuentren una procura fuerte, bien reconocida y con un papel claro dentro de la justicia, como operadores jurídicos y también como formadores.
La segunda razón es que creo que ahora más que nunca hay que arrimar el hombro y reforzar las relaciones institucionales.
Por mi trabajo en el ámbito de la mediación, donde participo como vocal del Consejo y mantengo contacto con el Ministerio, veo que en esta materia la relación se ha mantenido, pero en muchas otras se ha perdido casi por completo. Y eso es un problema, porque el Ministerio es un actor clave, igual que lo es la Comunidad de Madrid en la justicia madrileña.
Es cierto que en los últimos años se han fortalecido mucho las relaciones con la Comunidad de Madrid, y eso es positivo porque hay colaboración y apoyo. Pero no podemos olvidar al Ministerio. Hay que convivir con él, interactuar y crecer juntos.
Las leyes que se aprueban siempre son mejorables, pero para poder mejorarlas hay que estar presentes, trabajar con ellas, conocerlas desde dentro y aportar propuestas. Y para eso es imprescindible volver a estar en esos espacios de diálogo.
¿Cuánta gente emplea en su despacho?
8 personas.
¿Y usted, señor Dorremochea?
15 personas. Pero hay despachos que tienen 300 personas. En nuestra candidatura van compañeros que son despachos unipersonales. Sinceramente, ni Marisa ni yo tenemos nada que demostrar. Somos profesionales solventes y queremos que nuestro Colegio funcione como debería. Venimos a servir al Colegio y a los colegiados, no a servirnos del Colegio.
En octubre de 2024 la CNMC impuso una multa de casi 2,5 millones de euros al Consejo General de Procuradores, que la Audiencia Nacional bloqueó a la espera de una sentencia definitiva. ¿Se atreve a hacer de bruja Lola?
No voy a entrar a valorar si la sanción es legal o no, porque es un asunto que ha tratado el Consejo y del que no tenemos toda la información. Lo que sí sé es que el importe está mal calculado. Incluso en el peor de los casos, la multa debería reducirse de forma importante.
Por ejemplo, en el caso del Colegio de Procuradores de Madrid, se ha incluido dentro de la sanción el dinero correspondiente a la justicia gratuita. La justicia gratuita es un sistema por el que el Estado paga determinados servicios legales a profesionales para personas sin recursos.
En Madrid, esa partida supone casi 8 millones de euros al año de los 14 que gestiona el Colegio, es decir, más de la mitad. Ese dinero no genera ningún beneficio, ya que se recibe y se entrega íntegramente. Por eso no debería haberse tenido en cuenta, y todo apunta a que la sanción acabará reduciéndose de manera drástica.
Usted ha formado parte de las últimas Juntas de Gobierno del Colegio. Primero con Gabriel García de Diego y después con Alberto García Barrenechea. Uno y otro forman parte de las candidaturas contrarias al Consejo General de Procuradores. ¿Tiene usted, como se dice, el corazón “partio”?
Bueno, todavía no. Porque, de momento, no se han convocado elecciones al Consejo ni se han presentado candidaturas. Cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos.
¿Dirían ustedes que estas elecciones son las más decisivas de los últimos 20 años?
Rotundamente sí. Lo que pretendemos es recuperar el espíritu del Colegio de la última década.
