Francisco Montalvo Barragán no se anda con rodeos. Exvocal octavo de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid saliente, dimitió en julio harto de ver cómo «las ideas no avanzaban».
Ahora vuelve a la arena electoral, pero esta vez como cabeza de lista de la Candidatura Montalvo-Franco, con el lema «El valor del compromiso. Futuro y transparencia».
Montalvo promete sacudir un Colegio que, según denuncia sin tapujos, lleva «al menos doce años» gestionado por las mismas caras.
Su bandera de combate es clara: devolver el dinero al bolsillo de los colegiados. «El Colegio está recaudando más de lo que debería», sentencia, y por eso propone lo impensable: estudiar la posibilidad de eliminar la cuota fija y reducir la variable.
Pero no se queda ahí. Montalvo, que lidera una candidatura paritaria (ocho hombres y ocho mujeres) y se reivindica como procurador «a pie de calle» y de despacho pequeño, quiere mejorar el turno de oficio, reforzar el fondo de contingencia y sacar a la procura del ostracismo universitario.
«Cuando un estudiante termine Derecho tiene que saber que la procura es un buen oficio», reivindica.
Esta entrevista tuvo lugar ayer en la sede de Confilegal, a la que acudió acompañado de tres miembros de su «ticket» electoral: Francisco Franco González, candidato a vicedecano, Carlos Martín Martín, candidato a secretario, y Álvaro Carrasco Posada, candidato a vocal tercero.
Cada uno de los compañeros de viaje de Montalvo representa un cuarto de siglo de experiencia en el oficio de la procura.
Los cuatro operan en el corazón de la capital y en la periferia. Afirman conocer muy bien el barro que pisan y las gentes que lo habita. Además, confían plenamente en que pueden cambiar las cosas.
El Colegio de Procuradores de Madrid, coinciden los cuatro, necesita un cambio, un nuevo impulso e ideas nuevas: las suyas.
El 26 de febrero, los 1.400 procuradores que conforman el cuerpo electoral, decidirán si les dan la oportunidad de demostrarlo.
¿Qué le ha empujado a presentarse como cabeza de una candidatura a las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid?
Entré en la Junta con mucha ilusión y estoy muy agradecido a Alberto [García Barrenechea, decano saliente] y a Carmen [Giménez Cardona, vicedecana saliente y candidata] por haber confiado en mí y haberme permitido formar parte de su equipo. Pero lo dejé.
Con el tiempo, volvió la inquietud: teníamos propuestas claras y creíamos que podían hacerse cambios reales. Me pregunté por qué no intentarlo. Hablé con Carlos y coincidimos en que, si no presentábamos una candidatura propia, todo seguiría igual.
No queríamos sumarnos a ninguna de las dos candidaturas existentes. Aunque van separadas, sabemos que entre ellas no hay buena relación y, en el fondo, representan lo mismo: llevan al menos doce años gestionando el Colegio de Procuradores.
Creemos que han tenido tiempo suficiente para mejorar muchas cosas y no lo han hecho. Por eso vimos la oportunidad de crear algo distinto y dar un paso adelante.
Usted era vocal octavo en la Junta de Gobierno saliente, que abandonó el pasado mes de julio. ¿Por qué?
Me fui, en julio del año pasado, por desacuerdos con la dirección. Me di cuenta de que había muchas cosas que se podían mejorar, pero que no se llevaban a cabo. Ante esa situación, sentí que no encajaba en un proyecto donde las ideas no avanzaban, así que decidí salir.
Quiero dejar claro, en relación a Alberto que, durante su etapa al frente del Colegio se han hecho cosas positivas, y eso es justo reconocerlo.
Vamos a hablar de cosas positivas. De su programa. ¿Cuáles son las 5 medidas principales que ustedes plantean?
La primera, la económica. Entendemos que el Colegio está recaudando dinero que debería estar en el bolsillo de los colegiados. Más de lo que debería. Queremos dar una vuelta al tema económico. En especial a las cuotas. Como bien sabe, los procuradores tenemos, por una parte, una cuota fija que pagamos mensualmente, y cuotas variables, que se abonan en función de cada procedimiento.
Lo que planteamos aquí es modificar el reglamento de financiación para explorar la posibilidad de eliminar la cuota fija y reducir la cuota variable.
La variable es la que pagan también los procuradores de fuera de Madrid cuando actúan aquí, ¿no?
Exactamente. Es una cuota que se paga por presentar procedimientos.
«Lo que planteamos aquí es modificar el reglamento de financiación para explorar la posibilidad de eliminar la cuota fija y reducir la cuota variable».
¿Y si la cuota fija no se puede eliminar?
Creemos que se puede estudiar cuántas veces al año se realiza el pago y valorar si hay margen para reducirlo. Hay que tener en cuenta que el Colegio no funciona como una empresa privada orientada a obtener beneficios.
Un colegio profesional debe contar con los recursos necesarios para cubrir sus gastos habituales, como alquileres o personal. Para necesidades puntuales, entendemos que se puede recurrir de forma excepcional a una pequeña derrama, es decir, una aportación extraordinaria entre todos, para hacer frente a ese pago concreto.
Todo ello sin perder de vista la situación actual y la necesidad de una gestión responsable.
Segunda medida.
El turno de oficio. Creemos que es necesario mejorarlo, especialmente en lo que se refiere a lo que se cobra por cada asunto. El turno de oficio es el sistema por el que los profesionales atienden casos asignados por las administraciones públicas.
La mayor parte de estos pagos procede de la Comunidad de Madrid, que es la principal fuente de financiación. Otra parte menor depende del Ministerio, y corresponde a asuntos de órganos como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional.
¿Qué le piden específicamente al Ministerio de Justicia en esta materia?
Nosotros no somos los interlocutores directos con el Ministerio, ya que esa función corresponde al Consejo. Aun así, mantenemos relación y trasladamos nuestras demandas, especialmente en lo que respecta al turno de oficio, es decir, al sistema por el que los procuradores atienden asuntos asignados por la administración.
En concreto, pedimos al Ministerio de Justicia que revise las remuneraciones que reciben los procuradores. Actualmente, en la Comunidad de Madrid se cobra en torno a 52 euros por asunto. Una cantidad muy baja. Por eso creemos que es necesario, como mínimo, equiparar estas retribuciones y, si es posible, mejorarlas para que el trabajo esté mejor reconocido.
Ayer publicamos en Confilegal que el CGAE y el Ministerio habían cerrado un acuerdo sobre los emolumentos del turno de oficio que suponen una subida de un 54 %. Se supone que comprenderá también a los procuradores. Porque el turno de oficio es de abogados y procuradores.
Esperemos que sea así.
Tercera medida.
Proponemos reforzar el fondo de contingencia. Este fondo sirve para apoyar a los compañeros que están de baja, por ejemplo, por enfermedad. Nuestra idea es aumentar los recursos disponibles para que, cuando se dé una situación así, el Colegio pueda facilitar una persona que sustituya temporalmente al afectado.
Para que esto sea posible, es necesario destinar más fondos y contar con recursos suficientes que permitan cubrir este tipo de situaciones con garantías.
Las recientes reformas legales, con los MASC, y la implementación de los tribunales de instancia, a través de la ley orgánica 1/2025, ha ralentizado el funcionamiento del sistema y está afectando también a ustedes, a la procura. Se habla de un 15 o un 20 % menos de trabajo. ¿Lo han acusado?
Entendemos que cualquier reforma conlleva un proceso de adaptación. Al principio, hasta que todo se pone en marcha y se organiza correctamente, es normal que surjan dificultades. Esta reforma, en teoría, busca mejorar el funcionamiento de la Justicia en general.
Ahora mismo estamos en una fase complicada. En los partidos judiciales más pequeños la adaptación ha sido más rápida y llevadera, pero en Madrid está resultando más compleja debido al mayor volumen de trabajo y de personas implicadas.
Cuarta medida.
Queremos reforzar las relaciones institucionales con los distintos organismos con los que se coordina el Colegio de Procuradores, como la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Justicia. Creemos que es fundamental que estas instituciones tengan en cuenta a los procuradores en su trabajo diario.
Las relaciones actuales con la Comunidad son buenas y nuestra intención es mantenerlas e incluso mejorarlas. En el caso del Ministerio de Justicia, consideramos que la comunicación puede y debe mejorar, ya que en este momento no es todo lo fluida que nos gustaría.
Pensamos que el Colegio debe estar atento y trabajar activamente en estas relaciones, no solo en beneficio de la institución, sino de todos los profesionales.
Lo que también es beneficioso para el Ministerio, porque los procuradores somos operadores jurídicos, es decir, profesionales que colaboramos directamente en el funcionamiento de la Justicia, y nuestro objetivo es ayudar a que el sistema funcione mejor.
«Somos, mayormente, despachos pequeños y estamos en contacto directo con el trabajo diario. Conocemos bien los problemas que surgen cada día porque los vivimos en primera persona. No se trata solo de atender gestiones puntuales, sino de afrontar de forma continua las dificultades reales del ejercicio profesional que conocemos muy bien».
Y vamos a por la quinta.
El Colegio debe tener mucha más visibilidad de la que tiene ahora. Por ejemplo, en las universidades. Cuando un estudiante termine la carrera de derecho tiene que saber que la procura es un buen oficio y puede ser una posibilidad de trabajo.
¿Quiénes forman su candidatura?
Como vicedecano está mi compañero, Francisco Franco. Como secretario, Carlos Martín y como vocal Tercero, Álvaro Carrasco, aquí presentes los tres. Nuestra candidatura es paritaria. Está formada por ocho mujeres y ocho hombres.
Su cuerpo electoral lo conforman alrededor de 1.400 procuradores. Es lógico que no tengan sondeos. ¿Qué les hace a ustedes especiales y con posibilidades de ganar?
Somos, mayormente, despachos pequeños y estamos en contacto directo con el trabajo diario. Conocemos bien los problemas que surgen cada día porque los vivimos en primera persona. No se trata solo de atender gestiones puntuales, sino de afrontar de forma continua las dificultades reales del ejercicio profesional que conocemos muy bien.
Nuestros despachos suelen ser muy personales: en muchos casos contamos con un solo oficial o con colaboradores externos, que es lo más habitual. No somos grandes estructuras con muchos empleados.
Esa cercanía nos permite ver de forma clara los problemas cotidianos y entender mejor las necesidades reales, incluidas las que afectan al plano personal y emocional en el día a día.
Nuestra candidatura es una candidatura “a pie de calle”, lo que genera confianza entre los nuestros. Y eso lo percibimos de una forma muy palpable.
Hace un año y medio, en la ceremonia de los Premios Confilegal, el ministro de Justicia, Félix Bolaños anunció su intención de impulsar el papel de los procuradores como agentes de ejecución para agilizar la administración de justicia en España. ¿Qué fue de aquello?
Entendemos que todavía no se ha puesto en marcha, pero confiamos en que habrá tiempo para hacerlo. Es cierto que lo dijo en vuestra ceremonia y que estaba trabajando en ello, pero por ahora no se ha materializado.
Creemos que estamos preparados para asumir esa función. Como operadores jurídicos, como agentes de ejecución, podríamos ayudar a descongestionarla.
En especial, en el nuevo modelo judicial, asumir las ejecuciones permitiría agilizar muchos procedimientos, ya que actualmente hay grandes cantidades de dinero bloqueadas en ejecuciones que no avanzan ni llegan a las empresas afectadas.
En 2022 el Consejo General de Procuradores hizo público un estudio de Sigma Dos que demostraba que apenas una de cada cuatro sentencias con trascendencia económica se ejecutan en España. Y planteaba que si los procuradores asumían ese papel de agentes de ejecución la justicia sería más eficiente.
El problema principal es que la Justicia no cuenta con medios suficientes. Por eso, desde el Consejo de Procuradores estamos dialogando con el Ministerio de Justicia para ver de qué manera se puede avanzar en esta cuestión.
También existe cierta reticencia por parte de algunos letrados de la Administración de Justicia. Pero es solo una parte. No todas las asociaciones piensan igual: hay colectivos más jóvenes y nuevas asociaciones de LAJ que sí ven positiva nuestra colaboración.
Entendemos que estas reticencias pueden superarse, porque no hay motivos de fondo para rechazarnos. En general, muchos reconocen que la colaboración es lo mejor, aunque en algunos casos persiste la idea de que quizá no podamos hacerlo bien.
Nuestro objetivo es demostrar, con hechos, que sí estamos capacitados para asumir esas funciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso al CGPE una sanción de 2,46 millones de euros por su portal de subastas de bienes y derechos, al considerarlo una infracción muy grave de competencia. Una decisión que fue recurrida ante la Audiencia Nacional, que bloqueó la multa mientras estudia el recurso. ¿Cuál es su postura sobre este contencioso?
No sabemos cuál será el sentido del mismo. Entendemos que es un dinero que se va a tener que reducir, porque yo creo que está mal calculado. La multa de dos millones y medio impuesto en función de los ingresos que tiene el colegio.
El colegio gestiona alrededor de 14 millones de euros, pero una parte muy importante, unos 8 millones, corresponde al turno de oficio. Si se toma como referencia el total, la cifra puede parecer correcta, pero si se atiende al dinero realmente operativo, la cantidad debería ser menor. Por eso confiamos en que, tras la audiencia y la resolución final, se consiga una reducción significativa..
Hay un debate que, como el río Guadiana, aparece y desaparece entre los abogados. Es sobre la poca necesidad que hay de ustedes, los procuradores dicen. ¿Qué les diría a estos que critican su existencia?
Entendemos que haya distintas opiniones, pero creemos que el papel del procurador es fundamental. Los procuradores gestionan una gran carga de trabajo junto a los abogados y están presentes de forma constante en los juzgados.
Nuestra labor consiste en ayudar a que los procedimientos avancen: presentamos y recogemos documentos, hablamos con los funcionarios y damos impulso a los trámites.
En el día a día, quien cuenta con un buen procurador sabe que su trabajo no es solo acompañar el proceso, sino contribuir a que todo funcione de forma más ágil y eficiente dentro del juzgado.
