El juicio por la ‘operación Kitchen’ entra en su fase más esperada. A partir de hoy, la Audiencia Nacional comienza a escuchar a los testigos que, según la acusación, ejecutaron o conocieron de primera mano el supuesto espionaje parapolicial organizado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.
El objetivo de esa operación, según la Fiscalía Anticorrupción: robar documentación comprometedora al extesorero del PP Luis Bárcenas antes de que llegara a manos de los jueces.
Una de las dos salas subterráneas de la calle Génova de Madrid acogerá esta semana un desfile de altos mandos policiales que nunca imaginaron acabar sentados frente a un tribunal explicando sus actuaciones.
El martes será el turno de Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, el hombre que encabezaba la institución durante los años en que supuestamente se desarrolló la trama.
Declarará como testigo, igual que el comisario Enrique Barón —exjefe de la Comisaría General de Información, la unidad de inteligencia policial— y Mariano Hervás, ex número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el grupo de élite que habría puesto músculo operativo al presunto espionaje.
Entre lunes y miércoles pasarán por la sala más de una decena de agentes del cuerpo.
El jueves llegará el director actual de la cárcel de Soto del Real —donde estuvo preso Bárcenas—, un exdirector del mismo centro penitenciario, dos notarios y dos periodistas, entre otros.
En el banquillo se sientan nombres de peso. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, considerado el máximo responsable político de la operación según la acusación. El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
El polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, figura central de toda la trama y protagonista de múltiples causas judiciales abiertas en España. Y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, el hombre que habría dado las órdenes sobre el terreno.
La semana pasada, durante las sesiones preliminares dedicadas a las cuestiones previas, las defensas intentaron tumbar el juicio por la vía procesal. A
legaron irregularidades en la instrucción y pidieron anular unos audios clave incautados a Villarejo, grabaciones que, según la investigación, destaparon toda la trama. El tribunal, presidido por la magistrada presidente, Teresa Palacios, lo rechazó todo.
El PSOE, que ejerce la acusación popular, también pidió la suspensión del juicio para poder imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro. Tampoco prosperó.
Las cifras hablan por sí solas. La Fiscalía pide 15 años de prisión para Fernández Díaz, Martínez y Pino. Para Villarejo, 19 años.
El juicio se extenderá hasta el próximo 30 de junio, con cerca de 150 testigos previstos y sesiones alternadas entre Madrid capital y San Fernando de Henares.
Una causa que lleva años sacudiendo los cimientos del Estado. Ahora toca escuchar a quienes estuvieron dentro.
